Este jueves marcó un punto de inflexión en la política migratoria portuguesa: entró oficialmente en servicio la Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) dentro de la Policía de Segurança Pública (PSP). Con un despliegue inicial de 1.200 agentes formados para control de fronteras, especialmente en aeropuertos, la UNEF nace para concentrar y profesionalizar capacidades que, tras la disolución del histórico Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), habían quedado repartidas entre varios cuerpos y organismos.
La génesis de esta unidad no se entiende sin el largo proceso de reforma que Portugal emprendió a raíz de las críticas al SEF y su posterior extinción. En junio de 2023, el Gobierno aprobó el Decreto-Lei 41/2023, que creó la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) y transfirió a este nuevo organismo las competencias administrativas en materia de migración y asilo.
AIMA sucedió así al SEF y al Alto Comissariado para as Migrações, y empezó a operar a finales de octubre de 2023, con la promesa de modernizar trámites y reducir colas. La función policial y criminal que antes aglutinaba el SEF se repartió entre la PSP y la GNR (vigilancia de fronteras y orden público) y la Polícia Judiciária (investigación de delitos de inmigración). Esta arquitectura mixta se consolidó después con normas adicionales, entre ellas el Decreto-Lei 41-A/2024 que afinó el reparto de atribuciones en el marco del plan gubernamental para las migraciones.
La UNEF cristaliza, por tanto, la pata policial del sistema y arranca en un momento en el que el tráfico aeroportuario y los flujos migratorios han vuelto a niveles prepandemia. Su misión prioritaria es el control de fronteras en los aeropuertos internacionales —inspección documental, análisis de riesgos, detección de fraude y trata—, además del acompañamiento operativo de expulsiones y prohibiciones de entrada.
La PSP prevé, de hecho, ampliar la plantilla hasta unos 2.000 agentes a medida que la unidad consolide turnos, puestos fijos y equipos móviles en Lisboa, Oporto, Faro y aeródromos con vuelos exteriores estacionales. En paralelo, el Ministerio del Interior ha confirmado que los centros de instalación temporal (CIT) de Lisboa y Oporto funcionarán con doble vertiente: seguridad a cargo de la policía y gestión —alojamiento, manutención, atención sanitaria— por personal civil especializado.
El arranque operativo de la UNEF llega tras un verano legislativo convulso. En julio pasado, la Asamblea de la República aprobó —a iniciativa del Gobierno de Luís Montenegro y con apoyo de la derecha radical— un paquete de endurecimiento migratorio que, entre otras medidas, institucionaliza la UNEF dentro de la PSP y revisa aspectos de la Ley de Extranjeros (reagrupación familiar y visados de trabajo para perfiles cualificados, entre otros). El paquete fue remitido a la Presidencia de la República, que contaba con veinte días para promulgar o vetar; superado ese trámite, la unidad ha pasado a operar con rango y competencias definidas. La discusión política, de fuerte calado simbólico, reabrió debates sobre el equilibrio entre seguridad, derechos e integración, especialmente tras los episodios que precipitaron la desaparición del SEF años atrás.
La coexistencia entre AIMA (administración de migraciones y asilo) y UNEF/PSP (policía de fronteras y extranjería) es el rasgo más distintivo del nuevo modelo. AIMA se ha concentrado en tramitación de permisos, renovaciones y acogida, y en 2025 ha lanzado un portal de renovaciones en línea con el que busca desatascar un atasco histórico de expedientes.
La idea es nítida: separar ventanilla y expediente de las funciones coactivas y de control, de modo que la experiencia del migrante que cumple las reglas no se vea contaminada por la coerción y que, al mismo tiempo, la policía disponga de doctrina y medios específicos para el control fronterizo y la lucha contra redes. No obstante, organizaciones sociales advierten de que cualquier endurecimiento normativo puede ensanchar los cuellos de botella si no se acompaña de inversión en personal y tecnología, tanto en AIMA como en la propia UNEF.
Desde el punto de vista operativo, la UNEF hereda parte del conocimiento acumulado por el SEF —protocolos de entrevista, análisis documental, cooperación con Frontex y redes europeas—, pero bajo la cultura policial de la PSP. Esto implica formación específica en derechos fundamentales, trato a víctimas y detección de perfiles vulnerables, así como una cadena de mando con responsables territoriales en las principales puertas de entrada.
Fuentes policiales han destacado que los aeropuertos concentran los mayores retos —documentación falsa, “look-alikes”, conexiones rápidas y presión por no causar demoras—, mientras que en puertos y fronteras terrestres se prevén equipos mixtos con GNR para períodos de refuerzo estacional o situaciones extraordinarias, como restablecimientos temporales de controles en el espacio Schengen.
La creación de la UNEF también busca homologar a Portugal con los modelos vigentes en varios países del espacio Schengen, donde la policía —no una agencia administrativa— asume el control fronterizo, mientras que la administración civil tramita estancias y protecciones.
Esta homologación facilita el intercambio de información y la participación en operaciones conjuntas, algo que Lisboa considera clave frente a fenómenos como la falsificación de visados, la trata de personas o las entradas con documentos de terceros. En los próximos meses, la unidad se dotará de herramientas tecnológicas —lectores biométricos de última generación, análisis avanzado de datos de viaje— y consolidará equipos de enlace con embajadas y consulados para mejorar la detección temprana de patrones de fraude.
El tablero político y social seguirá atento a los efectos de esta reforma. Por un lado, el Gobierno exhibirá la UNEF como garantía de control y respuesta rápida ante irregularidades. Por otro, AIMA tendrá que demostrar que sus canales digitales y su reorganización interna son capaces de reducir tiempos de espera y mejorar la atención a quienes solicitan regularizar su situación.
La clave será que ambas piezas engranen: que la policía de fronteras no invada espacios administrativos y que la ventanilla civil no se vea desbordada por cambios legales que aumenten la complejidad de los expedientes. La experiencia reciente con la extensión de validez de documentos y prórrogas generales para evitar caducidades masivas prueba que, sin recursos, los mejores diseños normativos pueden quedarse en el papel.
En términos de percepción pública, el éxito de la UNEF dependerá también de su transparencia. Las autoridades han prometido protocolos claros frente a retenciones en frontera, criterios de no admisión y uso proporcionado de la fuerza, con supervisión judicial y acceso a asistencia legal para personas vulnerables.
La memoria del caso que desencadenó el fin del SEF, y que colocó el foco sobre los estándares de custodia y la prevención de malos tratos, sigue muy presente en los editoriales y en los informes de ONG. La nueva unidad nace, por tanto, con una presión añadida por demostrar que el control puede ser compatible con el respeto a los derechos y que los mecanismos de rendición de cuentas funcionan cuando algo falla.
Por ahora, el día uno de la UNEF deja una fotografía de transición vigilada: equipos con brazaletes y distintivos específicos desplegados en cabinas de control, mandos recién nombrados en las comisarías aeroportuarias y una coordinación más estrecha con las compañías aéreas para cribados previos al embarque.
La PSP habla de un despliegue escalonado que no interrumpirá la operativa de vuelos, y de refuerzos puntuales en picos de tráfico. Mientras tanto, AIMA continúa ampliando su portal de renovaciones y promete nuevas convocatorias de citas para regularizaciones y reagrupaciones familiares, en un esfuerzo por que la ecuación entre seguridad, fluidez y servicio público empiece, por fin, a cuadrar.
