La pugna por uno de los mayores programas militares de la historia reciente de España ha entrado en una nueva fase judicial. La compañía Santa Bárbara Sistemas, filial española del grupo estadounidense General Dynamics y tradicional referente de la industria terrestre de defensa, ha formalizado un recurso ante la Audiencia Nacional contra los contratos de artillería por valor de 7.240 millones de euros adjudicados por el Ministerio de Defensa a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La decisión supone un nuevo capítulo de una confrontación empresarial, industrial y jurídica que lleva meses enfrentando a dos de los grandes actores del sector.
Los programas en disputa corresponden a la fabricación de los nuevos sistemas de artillería sobre cadenas y sobre ruedas del Ejército de Tierra. El primero está valorado en unos 4.554 millones de euros y el segundo alcanza los 2.686 millones, sumando en total 7.240 millones. El Gobierno los considera esenciales para la modernización de las Fuerzas Armadas y para cumplir con el objetivo de elevar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB.
La controversia comenzó cuando Santa Bárbara denunció haber quedado fuera del procedimiento de adjudicación. La empresa sostiene que posee la experiencia y las capacidades industriales necesarias para desarrollar este tipo de sistemas y recuerda que presentó una propuesta basada en el sistema Némesis, desarrollado junto con el grupo europeo KNDS. Según la compañía, ni siquiera fue invitada al procedimiento negociado impulsado por Defensa, circunstancia que considera lesiva para la competencia y para el mantenimiento de las capacidades nacionales de fabricación de artillería.
La respuesta del Ministerio de Defensa fue contundente. En abril desestimó íntegramente el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara y ratificó la legalidad del proceso de adjudicación. El departamento dirigido por Margarita Robles sostuvo que la actuación administrativa se había desarrollado conforme a la normativa vigente y que la resolución reforzaba la seguridad jurídica de uno de los proyectos más importantes de la industria militar española. Con esta decisión se agotó la vía administrativa y quedó abierto el camino para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Paralelamente, Santa Bárbara emprendió otra ofensiva judicial en el Tribunal Supremo contra los préstamos públicos concedidos por el Ministerio de Industria para financiar los programas. Esas ayudas ascienden a 3.002 millones de euros y se instrumentan mediante créditos al 0 % de interés destinados a la UTE formada por Indra y Escribano. La compañía perteneciente a General Dynamics considera que esos fondos públicos favorecen a sus competidores y limitarán durante la próxima década su capacidad para competir en el mercado español e internacional.
Sin embargo, la estrategia judicial de Santa Bárbara ha sufrido varios reveses. El Tribunal Supremo rechazó recientemente una petición de ampliación del recurso y concluyó que la empresa no tenía la condición de parte interesada en determinadas órdenes ministeriales, por lo que algunas actuaciones fueron presentadas fuera de plazo. Aun así, el procedimiento principal sobre el decreto que regula los préstamos continúa abierto.
La batalla por la artillería refleja además una profunda transformación del sector de defensa terrestre español. Durante décadas, Santa Bárbara fue el actor dominante, pero la estrategia del Gobierno ha pasado por impulsar a Indra como campeón nacional en este ámbito, siguiendo un esquema similar al que representan Navantia en el sector naval y Airbus en el aeroespacial. La toma del control de Tess Defence por parte de Indra y su creciente peso en los grandes programas militares han consolidado esa posición de liderazgo.
Mientras se desarrollan las acciones judiciales, Indra continúa avanzando en la configuración industrial de los programas. Para la artillería sobre cadenas alcanzó una alianza con la compañía surcoreana Hanwha, cuya plataforma K9 servirá como base de los sistemas españoles. En paralelo, la empresa española mantiene negociaciones muy avanzadas con la alemana Rheinmetall para la fabricación de la artillería sobre ruedas, probablemente utilizando el camión militar HX3 10×10.
Paradójicamente, la escalada judicial no ha cerrado completamente la posibilidad de colaboración entre ambas compañías. Fuentes del sector indican que Santa Bárbara ha dejado abierta la puerta a alcanzar acuerdos industriales con Indra. Las conversaciones giran en torno a una eventual participación como suministrador principal o proveedor de determinados componentes, aunque la opción de integrar la plataforma Némesis parece haberse debilitado tras los acuerdos suscritos por Indra con Hanwha y Rheinmetall.
En los últimos meses se han producido además movimientos para recomponer las relaciones entre ambas empresas. El consejero delegado saliente de Indra, José Vicente de los Mozos, impulsó diversos contactos para restablecer puentes con Santa Bárbara y con Sapa, después de una etapa marcada por fuertes tensiones empresariales y desacuerdos derivados de los grandes contratos del Ejército de Tierra.
El conflicto tiene además una dimensión laboral. Santa Bárbara ha denunciado la paralización o reducción de algunas actividades vinculadas al mantenimiento de carros Leopard y sistemas SIAC, situación que ha provocado ajustes en instalaciones como la planta de Sevilla y dificultades en Trubia, en Asturias. La empresa considera que la pérdida de los programas de artillería pone en riesgo una parte importante de sus capacidades industriales y del empleo asociado. Desde Defensa se insiste, por el contrario, en que la compañía mantiene una importante carga de trabajo en otros programas y que su viabilidad no está comprometida.
La confrontación también coincide con retrasos en otros programas terrestres, como el blindado Dragón 8×8, gestionado por Tess Defence y liderado por Indra. Los problemas de coordinación entre los socios del consorcio —Indra, Santa Bárbara, EM&E y Sapa— han provocado demoras en las entregas previstas para 2026, aunque la relación entre las empresas ha mejorado respecto a etapas anteriores.
En este escenario, la Audiencia Nacional se convierte ahora en el principal campo de batalla. La resolución que adopten los tribunales podría tener consecuencias decisivas no sólo para los contratos de 7.240 millones, sino también para la configuración futura de la industria de defensa terrestre española. El enfrentamiento entre Santa Bárbara e Indra simboliza el cambio de equilibrio de poder en un sector estratégico que mueve miles de millones de euros y que se encuentra inmerso en un proceso de expansión impulsado por el aumento del gasto militar europeo y por las nuevas prioridades de seguridad del Gobierno español.
