Santa Bárbara Sistemas ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación del recurso presentado contra los préstamos concedidos por el Estado a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para los programas de artillería autopropulsada. La decisión supone un gesto de distensión en el enfrentamiento entre ambas compañías y busca favorecer las negociaciones abiertas para alcanzar algún tipo de acuerdo de colaboración industrial.
La petición afecta a unos 3.002 millones de euros en créditos públicos al 0% de interés vinculados a los programas ATP Cadenas y ATP Ruedas. Santa Bárbara había recurrido ante el Supremo la concesión de estos préstamos, pero ahora ha pedido que el procedimiento quede temporalmente suspendido. La compañía ha precisado que esta solicitud no equivale al desistimiento definitivo del recurso, por lo que el proceso podría reactivarse posteriormente.
El movimiento se produce en un momento en el que Santa Bárbara e Indra mantienen conversaciones avanzadas para explorar fórmulas de colaboración destinadas a reforzar la integración de la industria española de defensa, generar sinergias y aprovechar las capacidades tecnológicas e industriales existentes en el país. La compañía, propiedad de la filial europea de General Dynamics, ha reiterado su disposición a poner a disposición del Ministerio de Defensa su experiencia, sus capacidades industriales y su propiedad intelectual nacional.
El acercamiento entre las dos empresas se produce después de meses de tensión por la adjudicación de los grandes programas de artillería terrestre a la UTE formada por Indra y EM&E. Santa Bárbara también mantiene abierto un recurso ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones de adjudicación de los programas ATP Cadenas y ATP Ruedas, cuyo valor conjunto supera los 7.000 millones de euros. Este procedimiento, a diferencia del recurso ante el Supremo sobre los préstamos, continúa por el momento su curso.
La suspensión solicitada ante el Supremo constituye, por tanto, un nuevo indicio del cambio de clima entre ambas compañías. Las conversaciones contemplan distintas posibilidades, desde una colaboración industrial para que Santa Bárbara participe en programas ya adjudicados hasta la creación de una empresa conjunta o joint venture para competir por futuros contratos militares terrestres en España y otros países europeos.
El giro coincide con el cambio de la cúpula directiva de Indra. La salida de Ángel Escribano de la presidencia y la llegada de Ángel Simón, junto con el relevo de José Vicente de los Mozos por Josep María Recasens en las funciones ejecutivas, han facilitado un nuevo escenario de diálogo entre dos compañías que hasta hace poco aparecían enfrentadas en algunos de los principales programas de modernización del Ejército de Tierra.
La eventual reconciliación entre Santa Bárbara e Indra tendría además una dimensión estratégica para el sector español de defensa. La industria afronta en los próximos años un fuerte incremento de la inversión y la puesta en marcha de grandes programas de modernización, en un contexto marcado por las nuevas exigencias de seguridad europea y por el aumento de los compromisos de gasto en defensa. En este escenario, la integración de capacidades nacionales se presenta como una vía para reforzar la autonomía industrial y tecnológica española.
Por el momento, la suspensión del recurso ante el Supremo no significa el cierre definitivo de la batalla judicial ni garantiza un acuerdo entre las compañías. Sí representa, sin embargo, un gesto de confianza destinado a crear las condiciones para que las negociaciones avancen. Santa Bárbara parece haber optado por rebajar la confrontación mientras trata de recuperar un espacio en los grandes programas de defensa terrestre, e Indra afronta ahora el reto de convertir ese acercamiento en una alianza capaz de reunir capacidades industriales que hasta ahora competían entre sí.
