«Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos«, respondió esta tarde en su perfil en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al fundador de la red social Telegram, quien emitió un duro comunicado contra el anuncio español de regular las redes sociales en el país, una iniciativa que ha recibido, por otra parte, algún que otro pero por parte de la Comisión Europea, a la espera de más detalles.
El fundador y consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, ha generado una nueva polémica política en España al enviar un mensaje masivo a los usuarios de la plataforma en ese país en respuesta a un paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La comunicación, difundida este miércoles a través de los canales oficiales y redes sociales, critica duramente las propuestas de regulación de redes sociales impulsadas por el Ejecutivo español y advierte de lo que considera una amenaza para las libertades digitales, la privacidad y la libertad de expresión.
El mensaje de Durov, inusual por su difusión directa y masiva mediante Telegram a usuarios con número español, sostiene que el Gobierno de Sánchez está promoviendo “nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet” y alerta de que estas podrían convertir a España en un “Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección”.
Esta advertencia llega apenas un día después de que Sánchez anunciara un conjunto de medidas desde el World Government Summit en Dubái, entre ellas la intención de prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y de imponer nuevas obligaciones legales a las plataformas tecnológicas.
Entre los puntos más destacados de la crítica de Durov está la propuesta de verificación de edad obligatoria, que implicaría controles estrictos como la exigencia de DNI o incluso biometría, lo que, según el fundador de Telegram, podría establecer el precedente para rastrear la identidad de cada usuario y erosionar el anonimato en la red. Durov afirma que lo que comienza como protección de menores podría extenderse a toda la población, sofocando el debate abierto y fomentando la recolección masiva de datos.
Otra de las objeciones se centra en la posible responsabilidad penal de los ejecutivos de plataformas si no eliminan rápidamente contenido considerado “ilegal, odioso o perjudicial”. Según Durov, esto tendría un efecto de sobrecensura: las plataformas, para evitar riesgos legales, podrían acabar retirando cualquier contenido mínimamente controvertido, afectando incluso el periodismo, las opiniones políticas y la disidencia social. Asimismo, la criminalización de la amplificación algorítmica de contenido “perjudicial” ha sido señalada por Telegram como otro elemento que podría permitir a los gobiernos controlar lo que ven los usuarios, lo que en opinión de Durov enterraría la exploración libre de ideas.
El mensaje también alerta sobre la creación de un sistema de seguimiento de la “huella de odio y polarización” por parte de las plataformas, algo que, según Durov, se basa en definiciones vagas de “odio” que podrían servir para etiquetar como divisorias críticas legítimas al gobierno e incluso sancionarlas. El cofundador de Telegram insta a los ciudadanos a “mantenerse vigilantes”, exigir transparencia y “luchar por vuestros derechos”, subrayando que Telegram seguirá dando prioridad a la privacidad y la libertad mediante cifrado fuerte y sin puertas traseras.
La respuesta oficial desde La Moncloa no se hizo esperar. El propio presidente Pedro Sánchez reaccionó a las críticas con una publicación irónica en redes sociales basada en la expresión cervantina “Deja que ladren, Sancho”, sugiriendo que la crítica de los magnates tecnológicos es una señal de progreso y no una amenaza. El Gobierno también ha acusado a Telegram de haber incumplido reiteradamente en la moderación de contenidos ilegales y ha puesto el foco en el uso de la plataforma para actividades delictivas como la explotación sexual infantil y el narcotráfico.
La controversia se produce en el contexto de una debate más amplio sobre la regulación de las plataformas digitales en España. Las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen además de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, la responsabilidad legal de los directivos de plataformas y la criminalización de la manipulación algorítmica o la amplificación de contenido ilegal, forman parte de un proyecto legislativo más amplio que busca adaptar la legislación española a los riesgos percibidos en el entorno digital, en sintonía con iniciativas similares en otros países europeos.
La falta de comentarios públicos de grandes empresas tecnológicas en respuesta a esta polémica ha sido notable, aunque figuras como Elon Musk también han atacado personalmente al presidente Sánchez, calificándolo con términos despectivos en redes sociales. Esto ha intensificado el debate público sobre la libertad de expresión, el papel de los gobiernos en la regulación de internet y el equilibrio entre protección de menores y derechos digitales.
