Este final de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en sus redes sociales que había ordenado al Pentágono “empezar inmediatamente” a realizar pruebas de armas nucleares, una decisión que hizo pública justo antes de una cumbre con el presidente chino Xi Jinping en Busan. La declaración representa un giro de política significativo: Estados Unidos no ha realizado detonaciones nucleares desde 1992 y mantenía de facto una moratoria de pruebas que ha sido pilar de la arquitectura de no proliferación durante décadas.
¿A qué se refiere exactamente cuando habla de «retomar las pruebas”? En los comunicados iniciales el mensaje de la Casa Blanca fue ambiguo sobre si el mandato implicaba volver a pruebas nucleares explosivas (detonaciones que liberan la energía de un dispositivo en condiciones de laboratorio) o si se limitaba a ensayos no explosivos —por ejemplo pruebas de sistemas de lanzamiento, ensayos subcríticos, o nuevas campañas de validación por simulación y diagnóstico—.
Esa ambigüedad inquietó de inmediato a expertos, porque las implicaciones políticas y legales son muy distintas según el tipo de ensayo que se pretenda realizar. Históricamente, las pruebas subcríticas y las simulaciones por supercomputadora permitieron a Estados Unidos mantener la seguridad y fiabilidad del arsenal sin detonaciones nucleares desde principios de los 90.
El marco jurídico y de cooperación internacional: CTBT, TNP y la norma internacional
La Convención para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) fue negociada y abierta a firma en los 90, pero no ha entrado en vigor porque faltan ratificaciones clave; EE. UU. la firmó pero no la ratificó. Aunque Washington ha respetado la moratoria desde 1992, cualquier retorno a detonaciones explosivas rompería esa práctica de casi medio siglo y erosionaría normas globales que alimentan la estabilidad estratégica y la apariencia de “tabú” nuclear.
Críticos y organizaciones de control de armas advierten que la reanudación podría provocar una reacción en cadena (pruebas por parte de Rusia, China u otros) y dañar tratados y mecanismos de verificación.
La orden norteamericana generó réplica diplomática y política casi instantánea: Moscú advirtió que seguiría los pasos de Washington si las pruebas se concretaban, y gobiernos y actores civiles en Asia y Europa expresaron preocupación por el riesgo de escalada y la ruptura de las normas existentes.
La decisión, o incluso la mera intención anunciada públicamente, puede reorientar carreras de modernización, acelerar despliegues o provocar ajustes doctrinales en países que ya están reforzando sus capacidades nucleares. En la práctica, la respuesta de rivales estratégicos podría traducirse en más inversiones en vectores (sistemas MIRV, misiles hipersónicos, submarinos de nueva generación) y en menor disposición a negociar límites.
Estado actual del arsenal estadounidense (qué se puede afirmar hoy)
Las estimaciones públicas más fiables y citadas provienen de fuentes oficiales y de centros de investigación: el Departamento de Energía / NNSA publicó cifras de stockpile que sitúan el inventario estadounidense en el rango de ~3.700–3.748 ojivas en el inventario (cifra pública de referencia más reciente provista por la NNSA hasta 2023), mientras que organismos como SIPRI y la Federación de Científicos de la Tierra (FAS) ofrecen desgloses sobre cuántas están desplegadas en reserva.
Según SIPRI, y análisis correlacionados, de las aproximadamente 3.700 ojivas del arsenal estadounidense, alrededor de 1.700–1.800 se consideran “desplegadas” en misiles y plataformas (con el resto en reserva o en almacenamiento). Es importante enfatizar que estas cifras son estimaciones abiertas que combinan información pública con análisis experto.
¿Por qué Estados Unidos dejó de detonar y por qué algunos expertos dicen que no hay necesidad técnica de volver a hacerlo? Desde el fin de las detonaciones en 1992, Estados Unidos desarrolló un complejo sistema de verificación basado en pruebas subcríticas, estudios científicos de laboratorio, y simulaciones informáticas avanzadas (programas que intentan reproducir el comportamiento físico de un arma sin detonarla).
Muchos especialistas en armas y exfuncionarios sostienen que esos métodos han sido suficientes para garantizar la seguridad y fiabilidad del stock existente; por eso consideran que no hay una razón militar imperiosa para reanudar detonaciones explosivas, salvo motivaciones políticas o simbólicas. Quienes advierten contra la reanudación destacan el coste político y los riesgos de desencadenar una nueva “normalidad” de pruebas nucleares.
Si la orden de Trump pretende sólo intensificar ensayos no explosivos o validar plataformas de entrega, el efecto inmediato sobre la seguridad estratégica sería limitado aunque políticamente grave; si, en cambio, la Casa Blanca llega a ordenar detonaciones experimentales, las consecuencias serían profundas: retorno de la verificación internacional, altas tensiones con aliados que abogan por la contención nuclear, probable réplica rusa y china y un efecto contagio que podría normalizar pruebas en otros países.
Además, la reanudación de detonaciones tendría implicaciones ambientales y humanitarias (residuos radiactivos, impacto sobre comunidades cercanas a sitios de prueba) que reavivarían protestas de la sociedad civil y de sobrevivientes de pruebas históricas.
Coste político interno en EE. UU. y la narrativa presidencial
En el plano doméstico, la decisión alimenta dos narrativas enfrentadas. La de seguridad nacional —la Administración que justifica la medida como restauración de “paridad” frente a Rusia y China— y la de seguridad global / control de armas —líderes demócratas, exfuncionarios de defensa y ONG que la ven como un acto imprudente que debilita la no proliferación.
Además, la coincidencia temporal del anuncio con la cumbre celebrada con Xi añade un elemento teatral, pues por un lado envía señal de fuerza y, por otro, pone en riesgo la cooperación en áreas donde Washington y Pekín aún negocian.
