La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las crisis que afecta a los derechos humanos más persistentes y menos atendidas del mundo. Según un informe de referencia publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados de las Naciones Unidas, apenas se ha avanzado para ponerle fin en las dos últimas décadas.
Casi una de cada tres mujeres, unas 840 millones en todo el mundo, ha sufrido actos violentos por parte de su pareja o de carácter sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000. Solo en los doce meses más recientes, 316 millones de mujeres, el 11 % de las mayores de 15 años, fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. La reducción de esta forma de violencia avanza muy lentamente: apenas un 0,2 % anual en los últimos veinte años.
Por primera vez, este informe incluye estimaciones nacionales y regionales de la violencia sexual perpetrada por personas que no son la pareja. El documento señala que 263 millones de mujeres han sufrido este tipo de violencia desde los 15 años, una cifra que, según advierten los especialistas, está muy por debajo de la real, debido al miedo y la estigmatización.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señala que la violencia contra las mujeres es «una de las injusticias más antiguas y extendidas de la humanidad, y aun así sigue siendo una de las que menos atención recibe. Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población vive con miedo».
A su juicio, «poner fin a esta violencia no consiste simplemente en aplicar políticas públicas: es una cuestión de dignidad, igualdad y derechos humanos. Detrás de las cifras hay mujeres y niñas cuyas vidas han cambiado para siempre. Es indispensable empoderarlas para lograr la paz, el desarrollo y la salud. Un mundo más seguro para las mujeres es un mundo mejor para todos», asevera.
Menos financiación destinada a prevenir la violencia
A pesar de las pruebas cada vez más numerosas sobre estrategias eficaces de prevención, el informe advierte de que los recursos destinados a estas iniciativas se están reduciendo, justo cuando las emergencias humanitarias, los cambios tecnológicos y el aumento de la desigualdad socioeconómica incrementan aún más los riesgos para millones de mujeres y niñas. Por ejemplo, en 2022 solo el 0,2 % de la asistencia oficial para el desarrollo se destinó a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, y la financiación ha seguido disminuyendo en 2025.
Muchas mujeres víctimas de violencia se quedan embarazadas sin desearlo y tienen un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y de padecer depresión. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un punto de acceso fundamental para que reciban la atención de calidad que necesitan.
El informe pone de relieve que la violencia contra las mujeres empieza a edades muy tempranas y que los riesgos se mantienen a lo largo de toda la vida. Solo en los últimos doce meses, 12,5 millones de adolescentes de 15 a 19 años —el 16 %— han sido víctimas de violencia física, sexual o de ambos tipos por parte de su pareja.
Aunque estas formas de violencia están presentes en todos los países, afectan de forma desproporcionada a las mujeres que viven en los países menos desarrollados, en zonas de conflicto o en lugares especialmente vulnerables al clima. En Oceanía, por ejemplo (sin incluir Australia ni Nueva Zelanda), la prevalencia de la violencia de pareja en el último año alcanza el 38 %, más de tres veces la media mundial del 11%.
Cada vez son más los países que recopilan datos para orientar sus políticas, pero siguen existiendo deficiencias importantes, especialmente en lo relativo a la violencia sexual ejercida por personas que no son la pareja, a los grupos marginados, como las mujeres indígenas, las migrantes y las que tienen una discapacidad, a las zonas donde hay precariedad y a los contextos humanitarios.
Allí donde ha habido voluntad política, se han logrado avances. Camboya, por ejemplo, está llevando a cabo un proyecto nacional para actualizar la legislación sobre violencia doméstica; mejorar la prestación y la calidad de los servicios, así como el acceso a ellos; rehabilitar los centros de acogida; y utilizar recursos digitales en escuelas y comunidades para promover la prevención, sobre todo entre los adolescentes.
Ecuador, Liberia, Trinidad y Tobago y Uganda han elaborado planes de acción nacionales con presupuestos asignados. Las medidas legislativas y de promoción en estos países han contribuido a que se destinen recursos internos a esta cuestión, lo que refleja que el compromiso político es cada vez mayor en un momento en que disminuye la ayuda internacional.
El informe fue elaborado por la OMS y el Programa Especial PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en nombre del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Estimaciones y Datos relativos a la Violencia contra las Mujeres y en colaboración con él. El Grupo de Trabajo está integrado por representantes de la OMS, ONU-Mujeres, el UNICEF, el UNFPA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD).
