Cinco años después de la caída de Kabul y del regreso de los talibanes al poder, España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para los ciudadanos afganos que huyeron del país asiático. La operación de evacuación desarrollada en agosto de 2021 y las posteriores misiones humanitarias organizadas por el Gobierno español permitieron sacar de Afganistán a miles de personas vinculadas a las instituciones españolas, a organizaciones internacionales o perseguidas por su labor profesional, especialmente mujeres, periodistas, jueces, defensores de los derechos humanos y antiguos colaboradores de las tropas desplegadas en el país.
Actualmente, la comunidad afgana asentada en España supera las 4.500 personas, una cifra que incluye tanto refugiados reconocidos como solicitantes de protección internacional y ciudadanos con diferentes fórmulas de residencia. Diversos datos aportados por organizaciones especializadas, entre ellas Accem, indican que más de 4.200 afganos han encontrado refugio en España desde la toma de Kabul por los talibanes, mientras varios centenares continúan esperando la resolución de sus expedientes de asilo.
La mayoría de los afganos llegados a España pertenecen a perfiles considerados especialmente vulnerables por las autoridades españolas y europeas. Entre ellos figuran antiguos intérpretes y colaboradores de las Fuerzas Armadas españolas, funcionarios del desaparecido Gobierno afgano, miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, jueces, profesores universitarios, activistas por los derechos humanos y, especialmente, mujeres que habían accedido a una vida profesional y educativa que hoy se encuentra severamente restringida bajo el régimen talibán.
La integración de esta comunidad se desarrolla a través del sistema español de acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión y por organizaciones como Accem, Cruz Roja Española, CEAR o la Comisión Católica Española de Migración. Los refugiados son distribuidos por distintas comunidades autónomas y reciben apoyo para la vivienda, formación en español, atención sanitaria, escolarización de menores y programas de inserción laboral. El objetivo es facilitar una integración progresiva en la sociedad española y reducir la dependencia inicial de las ayudas públicas.
Sin embargo, la situación dista de ser sencilla. Muchos refugiados afganos denuncian los obstáculos burocráticos que encuentran para reunificar a sus familias. La ausencia de representación diplomática española en Afganistán y las dificultades para obtener documentación oficial convierten los procesos administrativos en procedimientos largos y complejos. Numerosas familias permanecen separadas entre España, Pakistán e Irán, a la espera de permisos o resoluciones favorables de las autoridades españolas.
La historia de la periodista afgana Khadija Amin constituye uno de los ejemplos más representativos de esta realidad. Refugiada en España tras las amenazas recibidas por parte de los talibanes, ha reconstruido su vida en nuestro país, pero continúa luchando para reencontrarse con sus hijos, atrapados fuera del territorio español. Su caso simboliza las dificultades que siguen padeciendo miles de afganos exiliados.
La relación entre España y el régimen talibán es prácticamente inexistente desde el punto de vista diplomático. El Gobierno español no reconoce oficialmente al Emirato Islámico de Afganistán y no mantiene embajada ni representación permanente en Kabul. La posición española se alinea con la de la Unión Europea y con la mayor parte de los países occidentales, que rechazan conceder legitimidad internacional a las autoridades talibanes mientras persistan las graves vulneraciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas.
No obstante, esa ausencia de reconocimiento no significa una ruptura absoluta de los contactos. España participa en las iniciativas de la Unión Europea y mantiene una política de cooperación humanitaria a través de organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y diversas ONG. Las relaciones con las autoridades de facto de Kabul se producen exclusivamente a través de canales técnicos y humanitarios, evitando cualquier gesto que pueda interpretarse como una normalización política del régimen.
Durante los últimos años, España ha respaldado las declaraciones europeas que condenan la prohibición de la educación femenina, las restricciones laborales impuestas a las mujeres y las limitaciones de las libertades fundamentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha insistido en numerosas ocasiones en que cualquier eventual avance hacia una relación más estrecha dependería del respeto a los derechos humanos y de la formación de un gobierno verdaderamente inclusivo, condiciones que hasta ahora los talibanes no han cumplido.
La huella española en Afganistán sigue siendo especialmente significativa. Entre 2002 y 2021 más de 27.000 militares españoles participaron en las misiones internacionales desarrolladas bajo mandato de la OTAN y Naciones Unidas. La provincia de Badghis se convirtió en uno de los principales escenarios de actuación española, donde además de las labores de seguridad se desarrollaron proyectos de reconstrucción, educación y asistencia sanitaria. El regreso de los talibanes provocó el desmantelamiento de gran parte de ese trabajo y aceleró la evacuación de cientos de colaboradores afganos vinculados a España.
Las operaciones de evacuación organizadas desde la base aérea de Torrejón de Ardoz se convirtieron en una de las mayores misiones humanitarias emprendidas por España en décadas. Los vuelos permitieron sacar del país a intérpretes, cooperantes, familias y personas amenazadas, utilizando incluso Pakistán como punto de tránsito. Posteriormente se llevaron a cabo nuevas operaciones discretas para rescatar a colaboradores que habían quedado atrapados tras la caída de Kabul.
La comunidad afgana residente en España presenta una notable diversidad. Existen profesionales altamente cualificados, antiguos funcionarios, empresarios, estudiantes universitarios y numerosos menores de edad que se han incorporado al sistema educativo español. Muchos han aprendido español, trabajan y participan activamente en asociaciones culturales y de defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, persisten problemas derivados del trauma del exilio, las barreras lingüísticas y la incertidumbre respecto al futuro de sus familiares.
La cuestión afgana también se ha convertido en un asunto europeo. Los recientes contactos técnicos entre representantes de la Unión Europea y delegaciones vinculadas al régimen talibán para tratar asuntos migratorios y posibles deportaciones han suscitado una intensa polémica. España, al igual que otros países miembros, mantiene la posición oficial de no reconocimiento del régimen, aunque participa en los mecanismos comunes de coordinación impulsados desde Bruselas. Las organizaciones humanitarias han advertido sobre los riesgos que supondría devolver ciudadanos afganos a un país donde continúan produciéndose persecuciones y restricciones sistemáticas de derechos.
Cinco años después del regreso de los talibanes al poder, los afganos establecidos en España representan una comunidad relativamente pequeña en términos numéricos, pero con una fuerte carga simbólica y humana. Son el reflejo de una guerra de dos décadas, del abrupto final de la presencia internacional en Afganistán y de la responsabilidad asumida por España con quienes colaboraron con las misiones españolas o vieron amenazada su vida por defender valores democráticos.
Mientras Kabul continúa bajo el control talibán y el reconocimiento internacional sigue bloqueado, miles de afganos intentan reconstruir en España una vida marcada por la distancia, la incertidumbre y la esperanza de que algún día puedan reencontrarse con sus familias y regresar a un país en paz.
