Cinco años después de la vuelta de los talibanes al poder, en agosto de 2021, Afganistán continúa siendo uno de los escenarios más complejos de la política internacional. Hoy, a vueltas con el peculiar permiso dado a una delegación del régimen para negociar en suelo europeo la devolución de refugiados en aquel país.
Aunque ningún país occidental reconoce oficialmente al Emirato Islámico encabezado por los talibanes, la realidad geopolítica y la magnitud de la crisis humanitaria han obligado a mantener distintos canales de relación con Kabul. La Unión Europea, Estados Unidos y numerosos organismos internacionales siguen presentes en el país, aunque bajo fórmulas muy distintas a las existentes durante las dos décadas de intervención occidental.
La retirada militar estadounidense y el colapso del anterior Gobierno afgano no supusieron la desaparición total de la presencia occidental. Las embajadas fueron cerradas o reducidas, pero se mantuvieron mecanismos de cooperación humanitaria, estructuras diplomáticas indirectas y contactos técnicos con las nuevas autoridades. La prioridad pasó de la reconstrucción del Estado afgano y la lucha contra la insurgencia a la asistencia humanitaria, la prevención del terrorismo internacional y el control de los flujos migratorios.
La Unión Europea conserva una presencia física limitada en Kabul desde comienzos de 2022. No se trata de una embajada tradicional ni implica reconocimiento político del régimen talibán, pero sí permite coordinar programas humanitarios y mantener interlocución con las autoridades de facto. Bruselas ha seguido financiando proyectos sanitarios, agrícolas y de desarrollo, además de programas destinados a sostener servicios básicos y evitar un colapso económico total. A comienzos de 2026 la UE anunció nuevos fondos de ayuda por valor de 31 millones de euros destinados principalmente a sanidad y apoyo económico.
Estados Unidos, por su parte, carece de representación diplomática permanente en Afganistán. Las relaciones con los talibanes se desarrollan mediante contactos indirectos, principalmente a través de Catar, país que actúa como mediador. Washington continúa vigilando la amenaza de grupos yihadistas como Estado Islámico-Khorasan y mantiene la capacidad de realizar operaciones antiterroristas a distancia.
Además, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales donantes internacionales en ayuda humanitaria para la población afgana, aunque las relaciones con el régimen talibán permanecen marcadas por las sanciones, las restricciones financieras y las diferencias sobre los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y las niñas.
Las Naciones Unidas constituyen probablemente la estructura internacional con mayor implantación dentro del país. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), junto con agencias como UNICEF, ACNUR, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud y OIM, continúa desarrollando actividades sobre el terreno. La ONU coordina buena parte de la ayuda humanitaria que llega al país y actúa como interlocutor permanente con las autoridades talibanes. Sin embargo, el Gobierno de Kabul no está reconocido oficialmente por Naciones Unidas, y el asiento de Afganistán sigue sin haber sido entregado al Emirato Islámico.
La crisis humanitaria sigue siendo enorme. Millones de personas dependen de la asistencia internacional y las restricciones impuestas por los talibanes sobre las mujeres han provocado fuertes críticas de la comunidad internacional. Más de dos millones de niñas continúan privadas del acceso a la educación secundaria, una situación que ha llevado a numerosas agencias de Naciones Unidas a denunciar un retroceso sin precedentes en materia de derechos humanos.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales también permanecen presentes en Afganistán, aunque operan bajo estrictas limitaciones. Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Save the Children o diversas ONG humanitarias siguen trabajando en sectores como la salud, la nutrición y la educación, si bien las restricciones impuestas por los talibanes al trabajo femenino han complicado enormemente sus operaciones.
En paralelo, el régimen talibán ha desarrollado una intensa actividad diplomática con los países vecinos y con potencias como China, Rusia, Irán y las repúblicas de Asia Central. Moscú se convirtió en el primer país en otorgar reconocimiento formal al Gobierno talibán, mientras que Pekín mantiene relaciones diplomáticas activas y ha acreditado embajadores designados por Kabul. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de la comunidad internacional continúan negando el reconocimiento oficial.
En este contexto, una delegación de cinco representantes talibanes ha viajado esta semana a Bruselas en un movimiento sin precedentes desde su regreso al poder. Bélgica concedió visados limitados exclusivamente para un encuentro técnico auspiciado por la Unión Europea. La reunión, celebrada a puerta cerrada, tiene como principal objetivo abordar la cuestión de las deportaciones y la readmisión de ciudadanos afganos desde territorio europeo. Bruselas pretende establecer mecanismos que permitan el retorno de personas que carecen de permiso de residencia o que hayan sido condenadas por delitos graves y sean consideradas una amenaza para la seguridad.
La Comisión Europea ha insistido en que el encuentro no supone ningún reconocimiento político del régimen talibán, sino un diálogo estrictamente técnico sobre migración. Sin embargo, la visita ha generado una fuerte polémica dentro de Europa. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y decenas de asociaciones de derechos humanos consideran que este tipo de contactos contribuyen a normalizar un régimen acusado de graves violaciones de derechos fundamentales, especialmente contra las mujeres. Más de ochenta organizaciones internacionales habían solicitado previamente a la Unión Europea que desistiera de invitar oficialmente a representantes talibanes.
Desde la perspectiva de Kabul, la visita representa una oportunidad para romper parcialmente el aislamiento diplomático y reforzar su legitimidad internacional. Los dirigentes talibanes buscan ampliar sus contactos con Occidente y conseguir una mayor cooperación económica en un momento en que el país atraviesa graves problemas financieros y recibe además millones de retornados procedentes de Pakistán e Irán.
La situación refleja una paradoja que se ha ido consolidando desde 2021. Mientras la comunidad occidental mantiene una política de no reconocimiento y continúa denunciando las restricciones impuestas por los talibanes, la necesidad de gestionar la crisis migratoria, combatir el terrorismo y evitar un colapso humanitario obliga a mantener canales de comunicación con las autoridades de Kabul. Cinco años después del fin de la guerra, Afganistán sigue siendo un país aislado políticamente, pero imposible de ignorar para Europa, Estados Unidos y las principales organizaciones internacionales.
