Frente a la escalada que enfrenta a Estados Unidos y Colombia, en particular a Donald Trump y Gustavo Petro tras la intervención del primero en Venezuela, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia difundió un comunicado oficial este martes en el que se rechazó “sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país.
La nota no es un texto administrativo más ni un simple llamamiento genérico a la convivencia institucional. Se trata de un pronunciamiento de alto calado político y simbólico que aparece en un momento de máxima tensión interna y externa, marcado por rumores persistentes, declaraciones cruzadas y análisis internacionales que apuntan al riesgo de una intervención, directa o indirecta, de Estados Unidos en los asuntos internos del país, con el objetivo de forzar la salida del presidente Gustavo Petro.
En este contexto, el comunicado funciona como un mensaje dirigido simultáneamente a la ciudadanía colombiana, a los actores políticos nacionales y a la comunidad internacional.
La frase inicial, “El Estado somos todos”, no es casual ni retórica. Marca desde el primer momento una voluntad de cerrar filas alrededor de la institucionalidad y de diluir cualquier intento de apropiación del Estado por parte de facciones políticas, militares o externas.
De este modo, el Ministerio de Defensa se presenta no como un actor partidista, sino como un garante del orden constitucional, recordando que la soberanía no reside únicamente en el gobierno de turno, sino en el conjunto de las instituciones democráticas y en la ciudadanía que las legitima. Este énfasis cobra especial relevancia en un país con una larga historia de conflictos armados internos, injerencias extranjeras y tensiones entre poder civil y estamento militar.
El comunicado insiste de forma reiterada en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, conceptos que, en el lenguaje político colombiano, están cargados de memoria histórica. Durante décadas, Colombia ha sido uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en Hispanoamérica, especialmente en materia militar y de seguridad. Sin embargo, esa relación ha sido también objeto de críticas, al asociarse con episodios de subordinación estratégica, presencia de bases militares extranjeras y condicionamientos políticos.
En ese sentido, el llamado al “respeto de la soberanía jurisdiccional colombiana” puede leerse como una advertencia implícita frente a cualquier intento de presión externa que desborde los canales diplomáticos y legales.
Uno de los elementos más significativos del texto es su apelación a la mesura y a la responsabilidad “en contextos de alta sensibilidad nacional e internacional”. Esta expresión reconoce de manera indirecta que Colombia atraviesa una coyuntura excepcional, en la que confluyen una fuerte polarización política interna, tensiones con sectores económicos y mediáticos tradicionales, y un entorno geopolítico regional marcado por disputas entre proyectos progresistas y estrategias de contención impulsadas desde Washington. El Ministerio de Defensa parece consciente de que cualquier gesto, declaración o acción fuera de control podría ser utilizado como pretexto para escalar el conflicto o justificar medidas de fuerza.
El documento también establece una línea clara entre la defensa de la soberanía y la ilegalidad. Al afirmar que “defender la soberanía no significa tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización”, el Ministerio lanza un mensaje doble. Por un lado, se distancia de posibles llamados a la insurrección, al desconocimiento del orden constitucional o a la acción violenta en nombre del nacionalismo. Por otro, advierte que cualquier intento de desestabilización, provenga del exterior o del interior, será tratado dentro del marco legal, sin excepciones ni atajos. Este punto resulta clave para tranquilizar tanto a la población como a los aliados internacionales que observan con preocupación la estabilidad del país.
La mención explícita al artículo 95 de la Constitución Política de Colombia refuerza esta idea. Dicho artículo establece los deberes ciudadanos, entre ellos el respeto y apoyo a las autoridades democráticamente constituidas. Al traerlo a colación, el Ministerio de Defensa recuerda que la legitimidad del poder no se define por afinidades ideológicas, sino por los mecanismos democráticos que lo sustentan.
En un momento en el que el presidente Gustavo Petro enfrenta una oposición feroz y cuestionamientos constantes a su mandato, esta referencia constitucional actúa como un blindaje jurídico y simbólico frente a cualquier intento de desconocer su autoridad por vías no democráticas.
El tono general del comunicado es deliberadamente sobrio, institucional y carente de estridencias. No hay menciones directas a Estados Unidos ni acusaciones explícitas de conspiración, pero el contexto en el que se publica convierte cada palabra en un mensaje cargado de significado. La ausencia de nombres propios no debilita el texto; por el contrario, lo dota de una ambigüedad calculada que permite al Estado colombiano fijar una posición firme sin escalar el conflicto diplomático. Es un ejercicio de equilibrio entre la denuncia implícita y la prudencia estratégica.
Al reiterar su “compromiso irrestricto” con la seguridad, el orden constitucional y la paz, el Ministerio de Defensa busca reafirmar la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil y a la Constitución, un aspecto especialmente sensible en Hispanoamérica, donde los antecedentes de golpes de Estado y pronunciamientos militares siguen pesando en la memoria colectiva. El mensaje “La seguridad y defensa la hacemos todos” apela a una noción de corresponsabilidad que incluye tanto a las instituciones como a la sociedad civil, cerrando el texto con una llamada a la unidad frente a amenazas que se perciben como existenciales.
En conjunto, el comunicado de este 6 de enero puede interpretarse como un acto de contención política y simbólica ante un escenario de alto riesgo. No solo busca prevenir una intervención extranjera, sino también desactivar dinámicas internas que podrían ser instrumentalizadas para justificarla. Es, en esencia, una defensa preventiva de la soberanía colombiana desde el lenguaje del derecho, la democracia y la institucionalidad, consciente de que en el siglo XXI las intervenciones no siempre llegan en forma de tanques, sino de presiones, deslegitimaciones y rupturas internas cuidadosamente alimentadas.
