El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunciaba esta semana dos nuevas concesiones de terceros grados a etarras que siguen vinculados a la izquierda abertzale y, por tanto, no arrepentidos: se trata de los terroristas de ETA Juan Jesús Narváez Goñi e Iñigo Vallejo Franco.
Ambos presos de ETA están en las listas oficiales de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA vinculada a la izquierda abertzale, en las que son tratados como ‘presos políticos’, lo cual, a juicio de COVITE, es un “indicativo inequívoco de su falta de desvinculación” de las estructuras de control que tiene la izquierda abertzale sobre los presos de ETA.
COVITE ha censurado estas dos progresiones de grado porque, “una vez más”, denuncia, “ninguno de estos dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento”. “Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes. Por tanto, se trata, una vez más, de terceros grados fraudulentos”, ha asegurado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
COVITE ha criticado, asimismo, que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, que es la encargada de gestionar la transferencia de prisiones, está en manos del PSE, con la consejera María Jesús San José a la cabeza, se han concedido 18 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha recaído en un etarra que no está vinculado a la izquierda abertzale.
Este es el caso de Iván Apaolaza Sancho, que no figura en las listas de Etxerat desde enero de 2020 y tampoco está entre los presos de la disidencia. “Si a estos 18 terceros grados sumamos los casi 60 que concedió el PNV en tres años, así como las excarcelaciones que va a provocar la modificación de la ley 7/2014 por la convalidación de las condenas cumplidas por los presos de ETA en Francia, veremos cómo en muy poco tiempo se van a ‘vaciar las cárceles’ de presos de ETA, tal y como quiere EH Bildu. Solo quedarán presos los etarras de la disidencia”, ha advertido Consuelo Ordóñez.
“Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: ‘vaciar las cárceles’ de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho”, ha aseverado Ordóñez.
Asimismo, COVITE ha criticado en “numerosas ocasiones” que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en “cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen vinculados a la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento. Esas cartas son una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos”, ha insistido Consuelo Ordóñez.
Los etarras masajista y profesora de yoga
Por su parte, para la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), los últimos terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco esta misma semana “han dejado de manifiesto que ya no estamos ante una forma de cumplir condena y no un beneficio penitenciario como señaló Interior, ni algo que se adopta según criterios técnicos y argumentos jurídicos, como siempre ha argumentado el Gobierno Vasco. Estamos claramente ante una sucesión imparable de indultos encubiertos”, apunta en una nota.
Para la AVT, “ya estamos en la última fase de esta ignominia” y argumenta con el caso concreto del terrorista etarra Juan Jesús Narváez Goñi quien, con su pareja, la también etarra Itziar Alberdi Uranga, permanecieron durante 22 años fugados de la Justicia hasta que fueron descubiertos en febrero de 2014 en Puerto Vallarta (México), donde vivían con sus dos hijos y trabajaban como masajista y profesora de yoga, respectivamente.
Narváez Goñi fue juzgado en España en 2015 y condenado a cientos de años de prisión, y, aunque en España el máximo de condena es de entre 30 y 40 años, el caso es que este mismo año ya ha obtenido el tercer grado. Este terrorista acabó con la vida de cuatro personas y ha cumplido 10 años de prisión, por lo que la AVT espera que el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García Berro, recurra esta concesión de tercer grado “tan dolorosa”.
Las víctimas de Narváez Goñi a las que las psicólogas de la AVT han comunicado su tercer grado, se han mostrado “absolutamente devastadas y revictimizadas”, según la nota de la AVT.
