El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid las “injusticias y agravios” que comete el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al aplicar la Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de Reforma 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo con las víctimas vascas y navarras que tuvieron que abandonar sus comunidades autónomas de origen para instalarse en Madrid tras sufrir sus atentados.
COVITE, por medio de su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que la primera versión de esta Ley, que se aprobó en 2018, convertía a la ley madrileña de víctimas del terrorismo en la “peor ley” de todas las leyes autonómicas de víctimas existentes., principalmente, por dos motivos; excluía del ámbito de aplicación de la ley a todas aquellas víctimas que hubieran sufrido un atentado en la Comunidad de Madrid, pero que no estuvieran empadronadas en la Comunidad en el momento en el que las mataban o las herían y también excluía a todas aquellas víctimas que hubieran fijado su residencia en Madrid como consecuencia de los atentados que sufrieron principalmente en el País Vasco, y que llevan viviendo desde entonces aquí, y son madrileños a todos los efectos.
“Estas familias, por ser víctimas que sufrieron sus atentados en el País Vasco y en Navarra, tuvieron que sufrir el acoso y las amenazas terroristas de ETA, antes y después de los atentados que asesinaron a sus familiares o los hirieron de por vida. Son las víctimas que han sufrido las peores consecuencias del terrorismo etarra, precisamente por haberlo sido en el País Vasco”, denuncia Ordóñez, para quien el hecho de que estas víctimas fueran excluidas de la aplicación de la Ley de 2018 era “indecente”.
Más aún, añade, “cuando, para más agravio, los amenazados siempre han estado contemplados en la aplicación de la Ley original, y no les exigían estar empadronados en esta comunidad cuando estaban sufriendo sus amenazas en el País Vasco”.
“Cuando fue publicada la ley de 2018 y la analizamos y nos dimos cuenta de estos dos supuestos citados que estaban excluidos, COVITE pidió que se modificara la ley para hacer justicia con todas esas víctimas que estaban excluidas. La ley excluía, nada más y nada menos que a la mitad de las víctimas que habían sufrido sus atentados en Madrid. Y también a las familias que más habían sufrido las consecuencias del terrorismo en el País Vasco, las más vulnerables”.