El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), titulado “Protección Civil (III)” y publicado tras uno de los veranos más dramáticos en este contexto, pone de manifiesto la creciente preocupación de la ciudadanía española por los incendios forestales, uno de los desastres naturales más temidos del país.
El estudio, elaborado a partir de 3.004 entrevistas, refleja una clara percepción de que los fuegos en el medio natural no solo no disminuirán, sino que seguirán aumentando en los próximos años. En concreto, casi siete de cada diez españoles (69,7%) creen que los incendios forestales aumentarán, mientras que apenas un 9,7% confía en que disminuirán. El resto considera que la situación permanecerá igual o no sabe qué esperar.
La encuesta confirma que el impacto de los incendios ya no se percibe como un fenómeno lejano. Más del 13% de los entrevistados asegura haberse visto directamente afectado por algún incendio forestal en 2025, una cifra muy elevada que evidencia el alcance geográfico y social de estos episodios.
Entre los afectados, uno de cada veinte tuvo que ser desalojado de su vivienda, y el 12% sufrió daños materiales en su casa o terrenos. El 14,5% reporta pérdidas en negocios, animales o cultivos, y más de la mitad señala daños en su localidad o entorno. Asimismo, el 57% de los afectados padeció interrupciones en servicios básicos, como carreteras, colegios o suministros eléctricos y de agua.
En términos emocionales, el fuego sigue generando miedo e incertidumbre. El 33,5% de las personas afectadas se sintió desconcertada o intranquila durante el incendio, mientras que un 28,3% reaccionó con temor moderado y otro 3,2% con pánico o parálisis total. Solo un 28,5% asegura haber mantenido la calma. Estos datos muestran cómo la experiencia directa con el fuego provoca una amplia gama de reacciones psicológicas que van desde la angustia hasta la resignación.
El estudio del CIS también revela un déficit grave de conocimiento ciudadano sobre cómo actuar ante un incendio forestal. Aunque España es uno de los países europeos con mayor exposición al fuego, más de la mitad de la población (55,9%) admite tener un nivel bajo, muy bajo o nulo de preparación para saber cómo comportarse en caso de emergencia.
Apenas un 4,9% se considera “muy preparado” y un 27% afirma tener un conocimiento alto. Este desconocimiento contrasta con el deseo mayoritario de contar con sistemas de aviso: el 94,3% de los encuestados considera útil recibir alertas en el móvil ante emergencias extraordinarias, una herramienta que ya se aplica en el sistema europeo “112 Reverse”.
Respecto a las causas que explican el aumento de los incendios forestales, los ciudadanos señalan un amplio abanico de factores. La mayoría considera que los incendios están muy o bastante relacionados con la falta de limpieza y mantenimiento de los bosques (90,3%), el abandono de las prácticas rurales tradicionales (86,7%), y la despoblación del campo (77,3%). T
ambién se apuntan causas vinculadas al cambio climático (68,2%) y a los intereses económicos sobre el uso del suelo (70,5%). Sin embargo, solo un 30% cree que los incendios estén motivados principalmente por pirómanos, y menos del 10% los asocia a conflictos personales o vecinales.
Cuando se les pregunta qué debe priorizarse, los españoles son tajantes: la prevención importa más que la extinción. El 55% opina que es más importante invertir en labores preventivas, frente a un insignificante 0,8% que prioriza los medios de extinción. Aun así, un 43,6% considera que ambas deben ser igual de importantes. Esta respuesta muestra una conciencia social creciente de que la lucha contra los incendios no empieza con el fuego, sino con la gestión forestal, la vigilancia y la educación ambiental.
La percepción sobre la preparación de las comunidades autónomas es claramente negativa. Casi la mitad de los ciudadanos (45,2%) califica de “poco preparada” a su comunidad, y un 9,1% la considera “nada preparada”. Solo un 5,5% cree que su región está “muy preparada”. Estas cifras revelan un sentimiento generalizado de desconfianza hacia la capacidad de los gobiernos regionales para afrontar emergencias de gran magnitud.
En cuanto al modelo de gestión, la sociedad se inclina con rotundidad hacia el sector público: ocho de cada diez encuestados (80,8%) prefieren que los servicios de prevención y extinción sean públicos, frente a un 7,9% que aboga por su privatización o externalización.
El CIS también explora qué medidas concretas se consideran más necesarias para reducir el riesgo y mejorar la respuesta ante los incendios. El consenso es prácticamente unánime: el 98% respalda mejorar la limpieza, poda y desbroce de los montes antes de la temporada de riesgo, una opinión que sitúa el mantenimiento forestal como la prioridad absoluta.
A esto se suma el apoyo mayoritario a mejorar las condiciones laborales del personal de extinción (93,9%), fortalecer los servicios de prevención (98%), y dotar a las comunidades de más medios materiales (93,7%). También destacan propuestas como incrementar el uso agrícola y ganadero de los terrenos (89,1%), aumentar la formación ciudadana (86,3%) y flexibilizar las leyes que limitan la actividad rural (76,7%).
El estudio deja claro que la sociedad española entiende el fuego no solo como un fenómeno climático, sino también como un problema estructural de abandono rural y gestión forestal deficiente. La opinión pública parece haber asimilado que los incendios son consecuencia de un cóctel peligroso: bosques sin limpieza, territorios despoblados, restricciones legales y un cambio climático que agrava las sequías. En este contexto, el ciudadano medio reclama más inversión, coordinación institucional y una mayor implicación del Estado en las labores de prevención.
En conclusión, los datos del CIS dibujan un panorama de alarma social ante los incendios forestales y una demanda de acción inmediata. Los españoles perciben que el fuego avanza más rápido que las políticas públicas y que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Frente a un futuro en el que siete de cada diez prevén más incendios, la población exige una estrategia nacional que priorice la prevención, refuerce los medios públicos y devuelva vida al mundo rural.
