El agua, fuente de vida y eje esencial para el desarrollo económico, social y energético, se ha convertido en España en un recurso paradójico: abundante en términos globales, pero mal gestionado. El Informe 11 del CEU-CEFAS, titulado “El agua en España: una gran fuente de oportunidad” y elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe, denuncia que el país dispone de más agua dulce de la que necesita, pero su aprovechamiento se ve limitado por decisiones políticas, falta de coordinación institucional y un exceso de burocracia. El documento plantea que, con una gestión más racional, el agua podría ser el motor de una nueva soberanía alimentaria y energética para España.
El estudio parte de una premisa contundente: por superficie y población, España recibe una precipitación media por habitante similar a la de Francia y superior a la de Alemania o Italia. Sin embargo, mientras esos países gestionan de forma homogénea sus recursos hídricos, en España abundan los episodios de restricciones y cortes, sobre todo en el arco mediterráneo.
La causa, según el informe, no es la escasez, sino una “mala gestión condicionada por intereses políticos”. Desde 2005, episodios recurrentes de sequía han forzado a millones de ciudadanos a vivir con limitaciones en el consumo doméstico, mientras grandes cantidades de agua se desaprovechan o no se canalizan desde las cuencas excedentarias hacia las deficitarias.
El documento destaca que la totalidad de la población española tiene acceso a agua potable, un logro que contrasta con la situación de buena parte del mundo, especialmente África. Este avance ha sido clave para reducir la mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales, pero no debe ocultar —advierte el informe— que el país mantiene una profunda desigualdad en el acceso económico al agua.
Las diferencias de precio entre ciudades pueden alcanzar una proporción de tres a uno: mientras en Guadalajara o Melilla un hogar medio paga menos de 40 euros anuales, en Barcelona o Vigo supera los 170. Una distorsión que no se da en otros servicios básicos, como la electricidad o el gas, cuyos precios están más equilibrados por regulación estatal.
Más allá de las tarifas, el informe subraya el potencial desaprovechado de la infraestructura hidráulica española. Durante el siglo XX, especialmente entre los años 40 y 70, se construyó una red de embalses y presas sin precedentes que permitió alcanzar una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, muchas de esas obras permanecen infrautilizadas o sin una planificación actualizada. El CEU-CEFAS propone convertir gran parte de las presas de “agua fluyente” en centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo, capaces de almacenar energía solar y eólica sobrante, actuando como “yacimientos inagotables de energía limpia”, comparables al valor estratégico del gas natural.
Una de las tesis centrales del documento es la defensa de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, inspirado en el aprobado en 2001 y derogado en 2005 por motivos ideológicos. Aquel plan contemplaba el trasvase del Ebro hacia las cuencas del Segura, Júcar y las mediterráneas andaluzas, así como hacia Cataluña.
Según el informe, esa infraestructura habría resuelto buena parte de los problemas hídricos del Levante y habría permitido equilibrar la agricultura y la industria del agua en todo el territorio. Su anulación, argumenta Macarrón, supuso “uno de los grandes fracasos de la España autonómica”, que antepuso rivalidades regionales a la racionalidad técnica.
El documento incorpora además la visión del ingeniero Luis del Rivero, que plantea un ambicioso Plan Hidrológico de Soberanía Alimentaria y Energética. Este programa aprovecharía el agua sobrante para triplicar las superficies de regadío en España, impulsar la producción agroalimentaria y convertir al país en una potencia exportadora neta de alimentos.
Según sus cálculos, el incremento de regadíos podría mejorar la balanza comercial española en más de 25.000 millones de euros anuales, reduciendo importaciones de cereales, frutas y hortalizas, y generando empleo estable en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o Andalucía. Además, la expansión del regadío permitiría fijar población en zonas rurales amenazadas por la despoblación.
El agua también se analiza como un factor de seguridad energética. España, subraya el informe, dispone de orografía y desniveles suficientes para multiplicar su capacidad hidroeléctrica, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y compensando la intermitencia de la energía solar y eólica.
Las presas de bombeo reversible —que almacenan agua en horas de baja demanda y la liberan para generar electricidad en picos de consumo— podrían convertir al país en un referente europeo de energía limpia y gestionable. En este contexto, el cierre progresivo de las centrales nucleares, previsto para antes de 2035, es calificado como “una irresponsabilidad” si no se acompaña de un plan sólido de sustitución con hidráulica y renovables firmes.
Pero el informe no elude la otra cara del agua: el riesgo de inundaciones. Tras la catástrofe de la DANA de 2024, que dejó más de 200 muertos en el Levante, el documento denuncia la falta de infraestructuras preventivas y acusa a las políticas “ecologistas extremas” de haber impedido obras esenciales.
Presas de laminación, derivaciones y encauzamientos, explica, podrían haber evitado gran parte de los daños. Se critica el traslado de la gestión hidráulica desde el Ministerio de Fomento —de carácter técnico— al de Transición Ecológica, más ideologizado, lo que habría restado eficacia a la prevención de catástrofes naturales. En palabras del texto, “se ha pasado de un enfoque de ingeniería a uno de retórica ambiental, con consecuencias letales”.
Entre las recomendaciones finales, el CEU-CEFAS plantea tres líneas de acción: relanzar un plan nacional del agua con criterios técnicos, impulsar un programa de prevención de inundaciones con nuevas infraestructuras y reformar el sistema tarifario para hacerlo más justo, de modo que las familias numerosas no se vean penalizadas por su consumo. También pide que el agua vuelva a ser considerada una competencia estratégica del Estado, para evitar la fragmentación de decisiones entre ministerios, autonomías y ayuntamientos que, según el informe, ha paralizado proyectos de enorme valor social y económico.
“El agua puede ser la gran fuente de riqueza y soberanía de España”, concluye el documento, “si se deja de tratar como un problema político y se aborda como una oportunidad nacional”. Con una visión integradora y técnica, el país podría convertir sus ríos y presas en motores de empleo, energía limpia y desarrollo rural. En caso contrario, advierte el informe, España corre el riesgo de seguir alternando entre sequías, inundaciones y enfrentamientos autonómicos, sin aprovechar el tesoro líquido que corre —literalmente— por debajo de sus pies.
