A lo largo de las últimas décadas se han documentado algunos episodios de inseguridad, delitos o atentados en los que los autores utilizaron prendas que cubren completamente el rostro, como el niqab o el burka, para ocultar su identidad. Es importante subrayar que estos casos son estadísticamente muy minoritarios y que la inmensa mayoría de las mujeres que usan estas prendas lo hacen por motivos religiosos, culturales o personales sin relación alguna con actividades delictivas. Sin embargo, el uso de cualquier prenda que cubra el rostro ha generado debates de seguridad en distintos países, como ahora en España, donde la izquierda política defiende su uso mientras que desde la derecha se pide su prohibición en el espacio público.
Uno de los contextos donde más se ha estudiado este fenómeno es el de la insurgencia yihadista en África occidental. El grupo extremista Boko Haram, activo principalmente en Nigeria y países vecinos, comenzó a utilizar de forma sistemática a mujeres y niñas con vestimenta islámica integral para perpetrar atentados suicidas a partir de 2014.
Según informes de organizaciones humanitarias y de seguridad, la elección de mujeres vestidas con burka respondía a un cálculo táctico: en muchas zonas, los controles de seguridad sobre mujeres eran menos estrictos por motivos culturales. En ciudades como Maiduguri se registraron múltiples ataques en mercados y estaciones de autobuses ejecutados por personas que ocultaban explosivos bajo estas prendas.
Otro episodio ampliamente citado ocurrió durante la ola de atentados suicidas en Asia meridional. En los ataques coordinados de 2019 en Sri Lanka, las autoridades investigaron el uso de vestimenta que cubría completamente el cuerpo para facilitar movimientos sin levantar sospechas. Aunque la mayoría de los atacantes fueron hombres, la policía confirmó que al menos una mujer vinculada a la red yihadista local se inmoló durante una operación policial mientras vestía un niqab, lo que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre identificación facial en contextos de seguridad.
En Europa, los incidentes han sido menos letales y más vinculados a delincuencia común. Diversos cuerpos policiales de países como Francia, Bélgica y Reino Unido han documentado robos a bancos, joyerías o supermercados cometidos por individuos, hombres en muchos casos, que utilizaron burkas o niqabs como disfraz para evitar ser identificados por cámaras de seguridad. Estos casos fueron utilizados por algunos gobiernos para justificar leyes que limitan el uso de prendas que cubren totalmente el rostro en espacios públicos, aunque dichas medidas siguen siendo objeto de fuerte controversia jurídica y social.
La utilización de estas prendas en atentados responde a una lógica oportunista: ocultar la identidad, que también se observa con pasamontañas, cascos de moto o máscaras. En términos comparativos, los ataques cometidos específicamente por personas que llevaban niqab o burka representan una fracción muy pequeña dentro del conjunto global de atentados.
Organizaciones de derechos humanos han alertado de que el enfoque excesivamente centrado en la seguridad puede estigmatizar a comunidades musulmanas y, en particular, a mujeres que usan velo integral por convicción propia. Informes de ONG europeas señalan que tras atentados mediáticos suele aumentar la presión social y política para restringir estas prendas, pese a la ausencia de evidencia de que las prohibiciones reduzcan de forma significativa el riesgo terrorista.
El debate continúa abierto entre quienes priorizan la identificación facial en espacios públicos por motivos de seguridad y quienes defienden la libertad religiosa y de vestimenta. La evidencia empírica disponible sugiere que, aunque ha habido casos reales en los que el niqab o el burka se utilizaron con fines delictivos o terroristas, estos episodios son excepcionales y deben analizarse dentro de un marco más amplio de estrategias de ocultación de identidad utilizadas en todo tipo de criminalidad.
Mapa mundial del burka y el niqab
En Europa occidental, uno de los precedentes más influyentes fue el de Francia. En 2010, el Parlamento francés aprobó la ley que prohíbe cubrirse totalmente el rostro en espacios públicos, vigente desde 2011. El debate se produjo en un contexto marcado por la preocupación por el terrorismo y por varios episodios de delincuencia en los que se habían utilizado velos integrales como disfraz para cometer robos.
Sin embargo, los propios informes oficiales franceses reconocían que el número de mujeres que usaban burka o niqab en el país era muy reducido —apenas unos miles— y que los casos delictivos asociados eran marginales. Aun así, el gobierno defendió la norma principalmente por razones de identificación y de modelo de laicidad.
Siguiendo esa senda, Bélgica aprobó en 2011 una prohibición similar del velo integral en lugares públicos. Las autoridades belgas citaron argumentos de seguridad urbana y la necesidad de permitir la identificación por parte de la policía. El debate se intensificó tras la oleada de atentados yihadistas en Europa entre 2015 y 2016, especialmente después de los ataques de Bruselas en 2016, aunque en esos atentados los autores no utilizaron burka o niqab.
En Países Bajos, el gobierno optó por una vía intermedia. En 2019 entró en vigor una prohibición parcial que afecta al uso de prendas que cubren el rostro —incluidos burka y niqab— en transporte público, edificios gubernamentales, hospitales y centros educativos. El Ejecutivo neerlandés argumentó que la medida respondía a necesidades de comunicación e identificación en servicios públicos más que a un riesgo terrorista específico.
Fuera de Europa, varios países de mayoría musulmana también han impuesto restricciones, lo que demuestra que el debate no es exclusivamente occidental. En Sri Lanka, por ejemplo, el gobierno prohibió temporalmente el velo integral en 2019 tras los atentados de Pascua perpetrados por una célula vinculada al extremismo islamista. Las autoridades defendieron que la medida facilitaba la identificación de sospechosos durante la investigación. Posteriormente, el debate sobre si convertir la prohibición en permanente generó tensiones con líderes musulmanes locales.
En África occidental, Chad y Camerún adoptaron prohibiciones del burka en determinadas regiones tras la campaña de atentados suicidas de Boko Haram. En estos casos, la motivación de seguridad fue más directa: el grupo había utilizado repetidamente a mujeres con velo integral para transportar explosivos en mercados y estaciones. Las autoridades locales argumentaron que la medida era excepcional y vinculada al contexto de insurgencia armada.
En el ámbito judicial europeo, el caso francés llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2014 avaló la ley de Francia al considerar que podía justificarse por el objetivo de “convivencia”. No obstante, la sentencia fue polémica y generó votos particulares de jueces que alertaron del riesgo de restringir libertades individuales sin pruebas claras de necesidad en materia de seguridad.
En España, el debate ha sido más limitado. No existe una prohibición estatal del burka o el niqab en espacios públicos, aunque algunos municipios intentaron regularlo en la década de 2010. El Tribunal Supremo de España anuló en 2013 la ordenanza de Lleida que prohibía el velo integral en edificios municipales, al considerar que un ayuntamiento no tenía competencias para limitar un derecho fundamental. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en Madrid, acaba de aprobar lo mismo.
Los expertos en seguridad coinciden en que la eficacia real de estas prohibiciones para prevenir atentados es difícil de medir. Estudios comparativos en Europa señalan que los atacantes suelen adaptarse rápidamente a otros métodos de ocultación, desde gorras y mascarillas hasta identidades falsas, cuando existen restricciones específicas. Por ello, no pocos sostienen que el impacto de estas leyes es más simbólico y político que operativo.
Al mismo tiempo, organizaciones musulmanas europeas y entidades de derechos humanos han advertido de posibles efectos secundarios: aumento de la estigmatización, aislamiento social de mujeres que usan niqab por convicción y tensiones comunitarias. En paralelo, sectores policiales siguen defendiendo la importancia de poder identificar rostros en determinados contextos sensibles, como aeropuertos, bancos o manifestaciones.
