La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú abre una nueva etapa en la política de defensa y seguridad del país andino. Tras años marcados por la inestabilidad política, la creciente criminalidad organizada y el avance de economías ilegales como el narcotráfico y la minería clandestina, el nuevo Gobierno plantea reforzar el papel de las Fuerzas Armadas, estrechar la cooperación estratégica con Estados Unidos y reconstruir las relaciones con los países vecinos desde una óptica de seguridad, integración económica y lucha contra el crimen transnacional.
La estrategia supone un retorno a algunas de las líneas maestras del fujimorismo de los años noventa, aunque adaptadas a un contexto geopolítico completamente distinto. Si durante el mandato de Alberto Fujimori la prioridad era derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, el principal desafío actual es combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la delincuencia organizada, amenazas que operan cada vez con mayor coordinación a escala regional.
Uno de los ejes fundamentales del nuevo Ejecutivo será la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El programa de Gobierno de Fuerza Popular plantea modernizar el equipamiento militar, mejorar la vigilancia terrestre, marítima y aérea, reforzar la presencia del Estado en las zonas fronterizas y aumentar la coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia.
Aunque el discurso inaugural de Keiko Fujimori estuvo centrado principalmente en la seguridad ciudadana, la presidenta anunció una mayor participación de las Fuerzas Armadas en aquellas regiones sometidas a estados de emergencia, especialmente en áreas donde el narcotráfico y las mafias han incrementado su presencia. El Gobierno considera que la criminalidad organizada constituye actualmente una amenaza para la seguridad nacional y no únicamente un problema policial.
Esta concepción implica ampliar las capacidades militares para operaciones de vigilancia de fronteras, protección de infraestructuras críticas, control del espacio aéreo y apoyo logístico a las fuerzas policiales. Asimismo, el Ejecutivo pretende incorporar nuevas tecnologías de vigilancia, inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento, drones y plataformas de análisis de información para mejorar la respuesta frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
La modernización tecnológica constituye uno de los pilares del programa gubernamental. Fuerza Popular considera que la transformación digital debe alcanzar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, mediante inversiones en centros de inteligencia, sistemas interoperables, comunicaciones seguras y herramientas de análisis de datos capaces de anticipar movimientos de organizaciones criminales.
En materia presupuestaria, aunque el Gobierno todavía no ha presentado un calendario detallado de inversiones militares, diversos analistas prevén un incremento progresivo de los recursos destinados a defensa durante el mandato presidencial. Buena parte de esas inversiones se orientarán previsiblemente a sustituir material militar obsoleto, mejorar la movilidad táctica, fortalecer la aviación del Ejército y modernizar capacidades navales para proteger el litoral del Pacífico y las zonas económicas exclusivas.
Trump, aliado pereferente
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva política exterior será el fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos. Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori manifestó su intención de estrechar la cooperación bilateral en seguridad, lucha antidrogas, inteligencia, inversión y comercio, manteniendo al mismo tiempo una política exterior orientada a atraer inversiones de múltiples socios internacionales.
Washington continúa considerando a Perú como uno de sus principales aliados en la región andina para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La cooperación entre ambos países incluye desde hace años programas de formación militar, intercambio de inteligencia, asistencia técnica, ejercicios conjuntos y apoyo logístico en operaciones contra organizaciones criminales.
El nuevo Ejecutivo pretende profundizar esa cooperación, especialmente en vigilancia fronteriza, control del espacio amazónico y protección de infraestructuras estratégicas. También se espera una mayor coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos en programas de capacitación, ciberseguridad, respuesta ante desastres naturales y lucha contra redes criminales internacionales.
No obstante, el Gobierno peruano intenta evitar que ese acercamiento sea interpretado como un alineamiento exclusivo con Washington. La estrategia oficial consiste en mantener una política exterior pragmática que preserve las relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, principal socio comercial de Perú y gran inversor en minería, infraestructuras y puertos. Durante la campaña, Fujimori defendió mantener abiertas las puertas a la inversión extranjera procedente de ambos países.
Buena vencidad
Las relaciones con los países vecinos constituyen otro de los pilares de la nueva estrategia. En el caso de Colombia, el cambio político simultáneo registrado en ambos países facilita una rápida normalización diplomática tras varios años de tensiones derivadas de la crisis política peruana iniciada en 2022. Los nuevos gobiernos han anunciado su voluntad de reconstruir plenamente las relaciones bilaterales, restablecer embajadores y reforzar la cooperación en el seno de la Comunidad Andina.
La cooperación con Bogotá tendrá un marcado componente de seguridad. Ambos países comparten extensas zonas amazónicas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas. El intercambio de inteligencia, los patrullajes coordinados y la vigilancia fronteriza aparecen como prioridades comunes.
Con Ecuador, las perspectivas también son positivas. Las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos desde la firma de los acuerdos de paz de 1998. Ambos gobiernos conservadores mantienen posiciones similares respecto al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el combate al crimen organizado y la atracción de inversiones privadas. La coordinación para controlar las rutas del narcotráfico que atraviesan ambos territorios será uno de los principales objetivos de la cooperación bilateral.
Las relaciones con Chile seguirán marcadas por una intensa cooperación económica y comercial, aunque el nuevo Gobierno peruano aspira igualmente a ampliar los mecanismos conjuntos de seguridad marítima, vigilancia pesquera y protección de infraestructuras portuarias en el Pacífico.
Respecto a Brasil, la prioridad será reforzar la vigilancia amazónica. Ambos países comparten una extensa frontera selvática donde operan redes dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de personas. La cooperación militar y policial podría intensificarse mediante operaciones coordinadas y el intercambio permanente de inteligencia.
Con Bolivia, el panorama presenta mayores incertidumbres debido a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. No obstante, Lima mantiene el interés por preservar canales de cooperación fronteriza, especialmente para combatir el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal, evitando que las discrepancias políticas afecten a la seguridad regional.
En el ámbito multilateral, Perú continuará apostando por la Comunidad Andina, la Organización de los Estados Americanos y los mecanismos regionales de cooperación en seguridad. El Ejecutivo considera que muchas amenazas actuales —especialmente el crimen organizado— no pueden abordarse exclusivamente desde una perspectiva nacional, sino mediante una coordinación permanente entre los países afectados.
Otro aspecto relevante será la protección de las infraestructuras críticas. El Gobierno considera prioritario reforzar la seguridad de puertos, aeropuertos, oleoductos, centrales eléctricas, redes de telecomunicaciones y grandes proyectos mineros frente a posibles sabotajes, ataques cibernéticos o acciones del crimen organizado.
Precisamente la ciberdefensa aparece como una de las áreas llamadas a experimentar un mayor desarrollo durante el nuevo mandato. La creciente digitalización de la Administración y de las infraestructuras estratégicas obliga, según el Ejecutivo, a desarrollar capacidades específicas frente a ciberataques, espionaje industrial y campañas de desinformación.
La nueva estrategia también contempla una mayor implicación de las Fuerzas Armadas en la respuesta ante desastres naturales. Perú figura entre los países latinoamericanos más expuestos a terremotos, inundaciones y episodios asociados al fenómeno de El Niño, por lo que el Gobierno pretende potenciar las capacidades logísticas militares para intervenir rápidamente en emergencias humanitarias.
Sin embargo, el fortalecimiento del aparato de defensa también suscita interrogantes. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advierten del riesgo de ampliar excesivamente el protagonismo militar en tareas de seguridad interior, recordando los episodios de vulneraciones de derechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori. El Ejecutivo sostiene que todas las actuaciones se desarrollarán dentro del marco constitucional y bajo control judicial.
En términos geopolíticos, la política de defensa del nuevo Gobierno busca proyectar una imagen de estabilidad institucional, firmeza frente al crimen organizado y apertura a la cooperación internacional. La combinación de una mayor inversión en capacidades militares, una estrecha alianza con Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones con los países vecinos y una diplomacia orientada al desarrollo económico configura una estrategia que pretende situar a Perú como un actor más relevante en la arquitectura de seguridad sudamericana durante los próximos años.
