La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla constituye uno de los contenciosos territoriales más antiguos del Mediterráneo occidental. Para Rabat, ambas ciudades representan los últimos vestigios del colonialismo europeo en África y, por tanto, deberían integrarse en el Reino de Marruecos. España, por el contrario, sostiene que la reclamación carece de fundamento histórico y jurídico porque ambas plazas pasaron a soberanía española siglos antes de la creación del Estado marroquí moderno y porque sus habitantes son ciudadanos españoles que nunca han manifestado voluntad de abandonar España.
El debate suele simplificarse en términos políticos, pero en realidad combina argumentos históricos, jurídicos, geográficos e identitarios. Ninguna resolución de Naciones Unidas obliga a España a negociar la soberanía de Ceuta y Melilla, y las ciudades no figuran en la lista de territorios pendientes de descolonización.
Una cuestión anterior al nacimiento del Marruecos moderno
Uno de los principales argumentos españoles consiste en recordar que el actual Reino de Marruecos nació como Estado moderno tras el fin del Protectorado francés y español en 1956, aunque el territorio estuvo gobernado anteriormente por diferentes dinastías y sultanatos.
España distingue entre el Estado marroquí contemporáneo y los distintos reinos que existieron históricamente en la región. Según esta interpretación, el Marruecos actual no puede invocar una continuidad automática sobre todos los territorios que alguna vez estuvieron bajo influencia de dinastías magrebíes.
Ceuta pasó a la Corona española hace más de cuatro siglos
La cronología resulta especialmente relevante.
Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415, en una de las primeras grandes expediciones portuguesas fuera de Europa. Permaneció bajo soberanía portuguesa durante casi dos siglos. En 1580, cuando las coronas de España y Portugal quedaron unidas bajo Felipe II, Ceuta pasó a depender de la misma monarquía.
Tras la restauración de la independencia portuguesa en 1640, Ceuta decidió permanecer bajo la Corona española. Esa decisión quedó definitivamente reconocida en el Tratado de Lisboa de 1668, mediante el cual Portugal reconoció expresamente la soberanía española sobre la ciudad.
En consecuencia, España sostiene que Ceuta pertenece a la Corona española desde hace siglos por un tratado internacional plenamente válido y muy anterior a la existencia del Marruecos contemporáneo.
Melilla fue ocupada antes de la consolidación del Estado marroquí
Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, cuando una expedición dirigida por Pedro de Estopiñán tomó la ciudad. En aquella época el territorio no formaba parte de un Estado marroquí unificado, sino de un espacio sometido a continuos cambios de poder entre diferentes dinastías y autoridades locales.
Durante los siglos posteriores España consolidó progresivamente su presencia mediante diversos tratados firmados con los sultanes marroquíes, especialmente durante los siglos XVIII y XIX.
Los tratados internacionales son uno de los pilares de la posición española
España considera que su soberanía no deriva únicamente de hechos históricos, sino de una sucesión de tratados internacionales. Entre ellos destacan el Tratado de Lisboa (1668), que reconoce la soberanía española sobre Ceuta; diversos tratados hispano-marroquíes de los siglos XVIII y XIX que delimitan los territorios de Ceuta y Melilla; y el Tratado de Wad-Ras (1860), firmado tras la Guerra de África, que consolidó nuevas delimitaciones fronterizas. Desde la óptica española, estos acuerdos nunca han sido anulados por otro tratado posterior.
¿Qué sostiene Marruecos?
La posición oficial marroquí se basa principalmente en cuatro argumentos. El primero es el principio de integridad territorial, según el cual Ceuta, Melilla y los peñones españoles situados frente a la costa africana forman parte natural del territorio marroquí. El segundo consiste en considerar ambas ciudades como enclaves coloniales europeos establecidos sobre suelo africano.
El tercero apela a la continuidad histórica de los antiguos sultanatos marroquíes, defendiendo que el actual Reino hereda sus derechos históricos. Finalmente, Rabat argumenta que la descolonización iniciada tras la independencia de 1956 debería completarse con la recuperación de estos territorios.
La respuesta española
España rebate esas tesis afirmando que Ceuta y Melilla no pueden calificarse como colonias porque forman parte del territorio nacional con el mismo rango institucional que cualquier otra ciudad autónoma. Sus habitantes eligen representantes democráticamente, participan en las elecciones nacionales y europeas y poseen plena ciudadanía española y europea.
Además, el Gobierno español recuerda que ambas ciudades nunca han pertenecido al Protectorado español de Marruecos ni fueron objeto del proceso descolonizador desarrollado durante el siglo XX.
Naciones Unidas no las considera territorios pendientes de descolonización
Este constituye probablemente uno de los elementos jurídicos más importantes. La Asamblea General de Naciones Unidas mantiene una lista oficial de territorios no autónomos pendientes de descolonización. España interpreta este hecho como un respaldo implícito a que no existe un proceso internacional abierto sobre su soberanía.
Otro argumento frecuentemente utilizado por España es el derecho de autodeterminación. Aunque Marruecos considera que dicho principio no resulta aplicable porque entiende que se trata de una cuestión de integridad territorial, España responde que cualquier cambio de soberanía debería tener en cuenta la voluntad democrática de los habitantes. Hasta la fecha no existe ningún movimiento social significativo en Ceuta o Melilla que reclame su incorporación a Marruecos.
La comparación con Gibraltar
España rechaza habitualmente las comparaciones entre Ceuta y Melilla y Gibraltar. Según el Gobierno español, Gibraltar figura expresamente en la lista de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización, mientras que Ceuta y Melilla nunca lo han hecho. Además, Gibraltar fue cedido por tratado en 1713 con limitaciones específicas de soberanía, mientras que la situación histórica y jurídica de Ceuta y Melilla es diferente.
Más allá del análisis histórico, numerosos expertos consideran que la reivindicación marroquí tiene una importante dimensión política y diplomática. Rabat reactiva periódicamente la cuestión de Ceuta y Melilla en función del contexto bilateral, especialmente durante episodios de tensión diplomática o negociación con España y la Unión Europea.
Por su parte, todos los gobiernos españoles, independientemente de su signo político, han mantenido una posición prácticamente invariable: Ceuta y Melilla son parte integrante de España, su soberanía no está en discusión y no existe negociación alguna sobre su futuro.
A corto y medio plazo resulta improbable que el contencioso experimente avances significativos. España cuenta con un sólido respaldo en los tratados históricos y en el hecho de que la comunidad internacional no considera ambas ciudades territorios pendientes de descolonización. Marruecos, por su parte, mantiene una reivindicación basada principalmente en la integridad territorial y en una interpretación histórica de continuidad entre los antiguos sultanatos y el Estado actual.
En consecuencia, el desacuerdo sigue siendo uno de los principales asuntos sensibles de la relación bilateral hispano-marroquí, pero sin que exista, por el momento, un procedimiento internacional que cuestione la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
