El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una advertencia pública sobre el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, alertando de que la medida se ha diseñado sin garantizar los recursos policiales necesarios ni un control efectivo en materia de seguridad.
En un comunicado difundido este martes, la organización sindical expresa su “profunda preocupación” por un plan que, a su juicio, prioriza la tramitación administrativa frente a los mecanismos de verificación y control que corresponden a la Policía Nacional.
Según el SUP, el Ejecutivo ha optado por centralizar la gestión burocrática de los expedientes en una unidad específica —la UTEX de Galicia— con el objetivo de evitar el colapso en las Subdelegaciones del Gobierno. Sin embargo, el sindicato denuncia que no existe un plan paralelo para reforzar las unidades policiales que deberán asumir la carga de trabajo derivada del proceso, lo que genera, en su opinión, un “desequilibrio evidente” entre la organización administrativa y la capacidad real de control sobre el terreno.
El comunicado subraya que la regularización implica tareas clave como la emisión de informes policiales, la verificación de antecedentes y la comprobación de identidades. No obstante, advierte de que las unidades de Extranjería y las brigadas UCRIF ya arrastran retrasos estructurales desde finales de 2025, en parte debido a incidencias técnicas en los sistemas de filtrado de antecedentes. Aunque estas fueron finalmente resueltas —según el sindicato, gracias a su intervención—, las unidades no han tenido tiempo de recuperar la normalidad antes de enfrentarse a un volumen extraordinario de solicitudes.
En este sentido, el SUP alerta de que no se ha previsto un incremento específico de plantillas ni mejoras técnicas suficientes para absorber la carga adicional. Incluso señala limitaciones en los propios sistemas de comunicación policial, como el correo corporativo, que no estaría preparado para gestionar un flujo masivo de documentación. Esta falta de medios, advierte el sindicato, podría debilitar el “filtro de seguridad” hasta convertirlo en un mero trámite administrativo.
Uno de los puntos que más preocupación genera en la organización es la posibilidad de sustituir certificados oficiales de antecedentes por declaraciones responsables, especialmente en casos en los que el acceso a información penal de los países de origen es limitado o inexistente. El SUP insiste en que la ausencia de antecedentes en España no garantiza la inexistencia de historial delictivo en otros países, por lo que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone, a su juicio, un riesgo para la seguridad pública.
La organización también enmarca esta situación en un contexto de creciente presión migratoria en España, con un aumento de entradas en los últimos meses y la aparición de nuevas rutas, tanto aéreas como marítimas. Este escenario, sumado a episodios recientes en puntos como Ceuta, incrementa la carga operativa de la Policía Nacional en tareas de control, identificación y gestión de expedientes, lo que podría agravar la saturación del sistema si no se adoptan medidas adicionales.
Ante este panorama, el SUP reclama al Gobierno una serie de actuaciones urgentes, entre ellas el refuerzo inmediato de las plantillas en las unidades de Extranjería y UCRIF, la mejora de los sistemas técnicos para gestionar grandes volúmenes de información, el acceso efectivo a bases de datos internacionales de antecedentes y garantías de que los informes policiales mantendrán su rigor.
Aunque el sindicato aclara que no cuestiona la legalidad de los procesos de regularización, sí advierte de que estos no pueden desarrollarse a costa de debilitar los mecanismos de control ni de sobrecargar aún más a los agentes. “Se ha organizado el papel, pero no la seguridad”, resume el comunicado, que concluye con una advertencia clara: sin medios suficientes y con un sistema ya tensionado, el riesgo para la seguridad pública es, en su opinión, evidente.
