La aprobación definitiva de la reforma penal para combatir la multirreincidencia en delitos de hurto ha sido recibida con una mezcla de respaldo y cautela por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que considera la medida un avance necesario, aunque insuficiente para atajar un fenómeno que, según denuncian, sigue lastrando la seguridad ciudadana y la labor diaria de los agentes.
En un comunicado difundido este viernes, el sindicato policial valora positivamente la nueva normativa, subrayando que se trata de “una reivindicación histórica de los profesionales de la seguridad pública” que llevaban años alertando de la situación de impunidad que rodea a los delincuentes reincidentes. Según el SUP, la reforma permitirá “una respuesta penal más eficaz frente a quienes hacen del hurto su modo de vida”, un perfil delictivo caracterizado por la acumulación de detenciones sin consecuencias judiciales contundentes.
La modificación legislativa ha salido adelante con el respaldo de varias fuerzas políticas, entre ellas PSOE, PP y Junts per Catalunya, lo que refleja un amplio consenso institucional en torno a la necesidad de endurecer la respuesta frente a este tipo de criminalidad reiterada. El objetivo de la reforma es precisamente corregir una de las principales disfunciones del sistema: la dificultad para que las reiteraciones delictivas se traduzcan en condenas efectivas.
Sin embargo, pese a este avance normativo, el SUP lanza una advertencia clara: “La reforma, por sí sola, no resolverá el problema estructural que sufren los agentes en la calle”. La organización sindical insiste en que la aprobación de la ley no cambia automáticamente la realidad operativa con la que se enfrentan a diario los policías, marcada por limitaciones del sistema judicial y administrativo.
Entre los principales obstáculos señalados por el sindicato destaca la existencia de delincuentes habituales que acumulan numerosos antecedentes policiales, pero que carecen de condenas firmes computables, lo que impide aplicar con eficacia los agravantes por reincidencia. A ello se suma la lentitud de los procedimientos judiciales, un factor que, según denuncian, diluye el efecto disuasorio de la ley y favorece la repetición de conductas delictivas.
La saturación de los juzgados constituye otro de los problemas estructurales que, en opinión del SUP, limitan el impacto real de la reforma. Los retrasos en la tramitación de causas provocan que muchas resoluciones se dilaten en el tiempo, reduciendo la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta rápida y proporcional. Este escenario, advierten, alimenta una “sensación de impunidad” que no solo afecta a la percepción de seguridad de los ciudadanos, sino también a la moral de los propios agentes.
Como consecuencia de esta situación, el sindicato sostiene que, incluso con la nueva legislación en vigor, muchos delincuentes reincidentes continuarán siendo detenidos de forma reiterada sin que se produzca una respuesta penal acorde con la reiteración de sus delitos. Esta dinámica, según explican, genera frustración entre los profesionales de la seguridad y pone en cuestión la eficacia del sistema en su conjunto.
Ante este diagnóstico, el SUP defiende que la lucha contra la multirreincidencia debe abordarse desde una perspectiva integral y no limitarse a una reforma legislativa. En este sentido, reclaman un refuerzo de los medios en la Administración de Justicia, así como una agilización real de los procedimientos penales que permita aplicar de manera efectiva los mecanismos previstos en la ley.
Además, el sindicato subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre las bases de datos policiales y judiciales, con el fin de garantizar que la información sobre antecedentes y detenciones sea accesible y útil en tiempo real para jueces y fiscales. Esta medida, apuntan, resultaría clave para evitar lagunas en la aplicación de la normativa y reforzar la coherencia del sistema penal.
Otro de los puntos destacados por el SUP es la importancia de reconocer el trabajo policial y ofrecer una protección efectiva a los agentes frente a este tipo de delincuencia reiterada. En su opinión, la falta de una respuesta contundente no solo afecta a la seguridad ciudadana, sino que también debilita la percepción de respaldo institucional hacia quienes operan en primera línea.
El comunicado concluye con una advertencia que resume la posición del sindicato: sin una estrategia integral que combine cambios legales, refuerzos estructurales y mejoras operativas, la nueva ley corre el riesgo de quedarse en un avance teórico. “Sin una respuesta integral, la ley será un avance en el papel, pero insuficiente en la práctica”, subrayan.
En este contexto, la reforma contra la multirreincidencia abre una nueva etapa en la política penal española, pero también pone de relieve los desafíos pendientes en el funcionamiento del sistema judicial y en la gestión de la seguridad pública. El verdadero impacto de la ley dependerá, en última instancia, de su aplicación efectiva y de la capacidad de las instituciones para acompañarla con los recursos necesarios.
