El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una advertencia pública sobre los riesgos que, a su juicio, puede entrañar un proceso de regularización de inmigrantes si no va acompañado de mecanismos eficaces para controlar la multirreincidencia delictiva.
En un comunicado difundido este lunes, la organización policial subraya que la seguridad ciudadana —y especialmente la protección de las mujeres— podría verse comprometida si no se refuerzan los sistemas de verificación y seguimiento de perfiles de riesgo.
El sindicato sitúa el foco en un problema que considera estructural en la operativa policial: la existencia de individuos con múltiples detenciones o intervenciones que, sin embargo, no siempre cuentan con condenas firmes. Según el SUP, estos historiales, aunque no deriven en sentencias, son fundamentales para evaluar el riesgo real de reincidencia.
En este sentido, advierte de que los procesos de regularización podrían “normalizar” la situación administrativa de personas con trayectorias delictivas reiteradas si no se incorporan filtros adecuados.
El comunicado contextualiza esta preocupación en el aumento de determinados delitos, señalando que en España se registran más de 20.000 delitos anuales contra la libertad sexual. Aunque el sindicato reconoce que estos fenómenos responden a múltiples factores —como la edad, el entorno social o el consumo de sustancias—, insiste en que la reincidencia es un elemento clave que no puede quedar al margen del análisis ni de las políticas públicas.
Desde una perspectiva operativa, el SUP alerta también de las limitaciones con las que trabajan actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellas, destaca la falta de acceso a antecedentes penales internacionales, los problemas de identificación de personas extranjeras o el uso de identidades múltiples, factores que dificultan el control efectivo de determinados perfiles. Estas carencias, advierte, podrían agravarse en un contexto de regularización masiva si no se adoptan medidas complementarias.
El sindicato plantea así una crítica directa al diseño de las políticas migratorias cuando estas no integran, en su opinión, criterios de seguridad suficientemente sólidos. “El problema no es la regularización en sí, sino hacerlo sin un control efectivo de la reincidencia y los antecedentes”, sostiene el comunicado, que insiste en la necesidad de coherencia entre el discurso político y los medios disponibles para su aplicación.
En este sentido, el SUP vincula explícitamente la cuestión con la protección de las mujeres, uno de los ejes prioritarios del debate público en materia de seguridad. A su juicio, cualquier política —incluidas las migratorias— debe incorporar herramientas que permitan anticipar situaciones de riesgo, evitando que las fuerzas policiales queden sin capacidad de respuesta ante perfiles potencialmente peligrosos.
Como respuesta, la organización formula una serie de propuestas concretas. Entre ellas, reclama el refuerzo de las unidades de Extranjería, la mejora de los sistemas de identificación y verificación de personas, el impulso de la cooperación internacional para el intercambio de información y el desarrollo de herramientas específicas para detectar y controlar la multirreincidencia.
El SUP concluye su posicionamiento advirtiendo de que, sin estos elementos, los procesos de regularización podrían aumentar la carga del sistema sin mejorar su capacidad preventiva. “La seguridad ciudadana y la protección de las mujeres requieren medios, control y coherencia”, subraya el texto, que resume su planteamiento en una triple exigencia: más recursos, mayor control y una atención prioritaria al fenómeno de la reincidencia delictiva.
