El diputado de Juan José Aizcorbe, representante de VOX en el Congreso de los Diputados, ha advertido sobre el aumento de determinados indicadores de criminalidad en España y ha reclamado reformas legislativas profundas para afrontar lo que considera una evolución preocupante de la seguridad pública.
Durante su intervención en la Mesa redonda titulada ‘Políticas de seguridad: evaluación, prevención y proporcionalidad’, dentro de la I Jornada ‘Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA’, organizada por los colegios de criminología de toda España, y en el contexto de un debate centrado en la criminalidad y la reforma del sistema penal, el parlamentario sostuvo que, según los datos disponibles entre 2017 y 2025, España presenta un incremento significativo en varios tipos delictivos.
Aizcorbe aseguró que los registros reflejan una subida notable en delitos graves. Haciéndose eco de los datos que acababa de ofrecer Alberto Rodríguez, vocal del Colegio de Criminología de Madrid, explicó que “los homicidios consumados suben un 22 por ciento, las tentativas un 77 por ciento, las lesiones graves y riñas un 74 por ciento y los delitos contra la diversidad sexual un 85 por ciento”. En la misma línea, afirmó que “las agresiones sexuales con penetración suben un 288% y también crece el tráfico de drogas un 75% desde el 2017 al 2025”.
A partir de estos datos, el diputado sostuvo que, independientemente de las interpretaciones que puedan hacerse sobre la seguridad o la percepción social, “lo que sí sabemos es que España, en relación al 2017, es menos segura y esto los datos lo demuestran”.
El parlamentario también aludió al crecimiento de nuevas formas de delincuencia vinculadas a la evolución tecnológica y a los cambios sociales. En este sentido, destacó que han aparecido delitos “absolutamente desconocidos” hace unos años y citó como ejemplo iniciativas policiales como la creación de unidades especializadas en ciberdelincuencia por parte de los Mossos d’Esquadra en Cataluña, destinadas a investigar delitos digitales emergentes. Según explicó, estas nuevas amenazas “ya empiezan a asustarnos a todos y somos conscientes de que están sucediendo”.
Más allá de las cifras oficiales, Aizcorbe hizo referencia a la percepción social de inseguridad, que, a su juicio, también se ha intensificado en los últimos años. El diputado ilustró esta idea con un ejemplo personal al recordar que, décadas atrás, su hermana “con 10 años paseaba a las diez de la noche en una ciudad como Barcelona tranquilamente”. Hoy, afirmó, no está seguro de que permitiera lo mismo con una nieta de esa edad, lo que en su opinión refleja un cambio en la percepción de seguridad ciudadana.
Durante su intervención, el diputado recordó asimismo el debate parlamentario sobre la multirreincidencia celebrado recientemente en el Congreso de los Diputados, en el que participó. Según señaló, existe una preocupación social extendida por la sensación de impunidad en determinados delitos. “La gente tiene la sensación de que hagas lo que hagas entras por una puerta y sales por otra”, afirmó, señalando que la combinación de aumento de delitos, percepción de inseguridad y desconfianza en la respuesta judicial genera un “combinado” que obliga a analizar las causas profundas del fenómeno.
Aizcorbe también abordó la reforma del proceso penal y la futura modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), destacando la importancia de incorporar nuevas herramientas para afrontar la criminalidad contemporánea. No obstante, expresó dudas sobre la tramitación del actual proyecto legislativo y lamentó que las divisiones políticas dificulten la aprobación de reformas estructurales. “En esta lucha de la partitocracia muchas veces se impide que salgan leyes, incluso leyes que aparentemente pueden ser muy técnicas”, afirmó.
En este contexto, el diputado defendió la necesidad de reformas más amplias que incluyan modificaciones en el Código Penal y en la legislación de extranjería, especialmente en materia de multirreincidencia. A su juicio, sería necesario revisar el sistema de penas y contemplar medidas como la expulsión de extranjeros condenados por determinados delitos. “Aquel que cometa un delito grave deberá ser expulsado y aquel que cometa dos leves también”, sostuvo, al tiempo que subrayó que estas reformas deberían formar parte de una revisión más amplia del marco legal.
Finalmente, Aizcorbe advirtió de que el sistema penal español deberá adaptarse a nuevos desafíos, entre ellos el crimen organizado transnacional, el aumento de la violencia juvenil, la expansión de la ciberdelincuencia y el fraude masivo. En su opinión, estos fenómenos ejercerán una presión creciente sobre el sistema judicial y requerirán “transformaciones importantes” tanto en la legislación procesal como en otras normas relacionadas con la seguridad y la justicia penal.
