En los últimos años, España ha consolidado su presencia como uno de los países europeos con mayor número de radares de tráfico, tanto fijos como móviles. Esta estrategia de vigilancia se enmarca dentro de una política de seguridad vial orientada a reducir la siniestralidad en carretera, pero también ha generado debate en torno a su eficacia real y a si su uso está más vinculado al control preventivo o a la recaudación económica.
Según los últimos datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente hay más de 2.000 radares operativos en todo el territorio nacional, entre los cuales se incluyen radares fijos, móviles, de tramo y de semáforo.
De estos dispositivos, aproximadamente 1.400 son radares fijos, instalados en puntos estratégicos de autopistas, autovías y carreteras convencionales. A ellos se suman más de 600 radares móviles que se colocan de forma aleatoria en vehículos camuflados o sobre trípodes, y unos 100 radares de tramo, que miden la velocidad media de un vehículo entre dos puntos. Este despliegue masivo ha sido reforzado por la incorporación progresiva de radares de última generación, como los Velolaser, dispositivos compactos, inalámbricos y difíciles de detectar por su tamaño y movilidad.
Comparado con otros países europeos, España ocupa una posición alta en el ranking de radares por habitante y por kilómetro de carretera. Según el informe anual de la organización francesa Automobile Club Association, que analiza el número de radares en Europa, Francia encabeza la lista con más de 4.000 radares fijos y de tramo, seguido por Italia, con cerca de 3.300. España, con sus algo más de 2.000 radares, se sitúa en la tercera o cuarta posición, dependiendo de la fuente y de si se incluyen o no los radares móviles en el recuento. Por detrás se encuentran países como Alemania, que pese a tener una red viaria mucho más extensa, cuenta con poco más de 1.500 radares, y Reino Unido, con alrededor de 1.800.
Sin embargo, si se mide la densidad de radares por millón de habitantes o por cada 1.000 kilómetros de carretera, España se posiciona incluso por delante de Italia o Alemania, lo que indica una mayor intensidad de control en proporción a su tamaño y población. Por ejemplo, en España hay aproximadamente 42 radares por cada millón de habitantes, mientras que en Alemania la cifra ronda los 18. En términos de densidad por kilómetros de vía, el ratio español también supera a países como Portugal, Bélgica o Países Bajos, a pesar de que estos últimos tienen un número importante de radares por superficie debido a su menor tamaño geográfico.
El uso masivo de radares en España ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores sociales y organizaciones de conductores, como el RACE (Real Automóvil Club de España), que denuncian un enfoque «recaudatorio» más que preventivo. Según estimaciones del propio RACE y de otras asociaciones, las multas por exceso de velocidad detectadas por radar generan ingresos anuales superiores a los 400 millones de euros para las arcas del Estado. De hecho, en 2023, más del 60 % de las sanciones impuestas por la DGT provinieron de infracciones captadas por radares.
Pese a las críticas, la DGT sostiene que la instalación de radares responde exclusivamente a criterios de seguridad vial y que su presencia ha contribuido significativamente a la reducción de accidentes. Según sus cifras, en los últimos diez años, las muertes en carretera han descendido de forma sostenida, aunque con repuntes puntuales, y se atribuye buena parte de esa mejora a los controles de velocidad. Además, Tráfico ha comenzado a ubicar radares especialmente en puntos negros y tramos con alta siniestralidad, en lugar de en zonas donde históricamente se generaba más recaudación.
Un aspecto destacable del modelo español es el uso creciente de radares de tramo, considerados más justos por registrar la velocidad media y no penalizar picos puntuales. Este tipo de radar se ha duplicado en número desde 2018, y la DGT ha anunciado planes para seguir extendiéndolos en zonas de especial riesgo, como túneles o vías de acceso a grandes núcleos urbanos.
A nivel continental, la comparación revela estrategias distintas según el país. En Francia e Italia, los radares están gestionados también a nivel regional o local, lo que multiplica su número. En Alemania, por el contrario, las restricciones a la colocación de radares son mayores, y además existen tramos de autopistas sin límites de velocidad, lo que reduce la necesidad de dispositivos de control.
En países nórdicos como Suecia, Noruega o Finlandia, la densidad de radares es baja, pero se compensa con fuertes sanciones económicas proporcionales al ingreso del infractor, una medida que ha generado impacto mediático por multas de hasta decenas de miles de euros a altos ejecutivos.
En conclusión, España se encuentra entre los países más vigilados de Europa en materia de velocidad en carretera, con una red de radares en constante crecimiento y modernización. Mientras las autoridades defienden su eficacia para salvar vidas, parte de la ciudadanía y de las organizaciones de automovilistas reclaman más transparencia sobre su ubicación y finalidad. En todo caso, el radar se ha convertido ya en un actor permanente en las carreteras españolas, cuyo impacto real en la seguridad vial continúa siendo objeto de debate tanto en España como en el resto de Europa.
