La publicación de un informe elaborado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha abierto un nuevo frente diplomático entre España y Marruecos al introducir, por primera vez en un documento oficial del Congreso estadounidense, una formulación que se aproxima de manera significativa a la posición histórica defendida por Rabat sobre Ceuta y Melilla.
Aunque el texto no tiene fuerza de ley ni modifica la política oficial de Washington, su contenido ha sido interpretado como un gesto político de gran calado por incluir una referencia que sitúa a ambas ciudades autónomas españolas como territorios «ubicados en Marruecos» y «bajo administración española», además de instar al secretario de Estado estadounidense a favorecer un diálogo diplomático entre ambos países sobre su «futuro estatuto».
La polémica gira en torno a una memoria explicativa que acompaña al proyecto de ley de asignaciones presupuestarias para el Departamento de Estado y programas de seguridad nacional correspondientes al ejercicio fiscal 2027. Es importante subrayar que esa referencia no figura en el articulado del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, sino en el informe redactado por el Comité de Apropiaciones para orientar la aplicación de los fondos. Ese informe carece de carácter vinculante, pero tradicionalmente sirve para expresar la posición política del comité respecto a determinadas cuestiones internacionales.
El párrafo que ha provocado la controversia afirma que «las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de una antigua reivindicación por parte de Marruecos«. A continuación, el documento expresa el respaldo del comité a los esfuerzos del secretario de Estado para promover un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el «estatuto futuro» de ambas ciudades. Esa formulación supone un cambio significativo respecto al tradicional lenguaje utilizado por las instituciones estadounidenses, que hasta ahora habían evitado pronunciarse sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.
Desde el punto de vista jurídico, el documento no reconoce la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla ni obliga al Gobierno estadounidense a modificar su política exterior. Sin embargo, el simple hecho de describir ambas ciudades como situadas en territorio marroquí y hablar de un «estatuto futuro» introduce la idea de que existe una controversia territorial susceptible de negociación, una interpretación coincidente con la tesis defendida desde hace décadas por Rabat.
Para Marruecos, el contenido del informe representa un importante éxito político y diplomático. La diplomacia marroquí sostiene desde la independencia del país, en 1956, que Ceuta, Melilla y los llamados «presidios españoles» constituyen los últimos vestigios del colonialismo europeo en África. Aunque Rabat ha centrado durante muchos años su prioridad internacional en el Sáhara Occidental, nunca ha renunciado formalmente a sus reivindicaciones sobre las ciudades autónomas españolas, que periódicamente reaparecen en declaraciones oficiales, discursos políticos y documentos estratégicos.
El informe estadounidense recoge precisamente esa realidad histórica al señalar que Marruecos mantiene una reclamación de larga duración sobre ambas ciudades. No obstante, el documento no entra a valorar la validez jurídica de dicha reclamación ni propone una solución concreta al contencioso, limitándose a respaldar una eventual vía diplomática entre ambos aliados.
En España, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que Ceuta y Melilla forman parte integrante del territorio nacional español, cuya soberanía no está sometida a negociación alguna. El Gobierno recordó además que ambas ciudades gozan del mismo reconocimiento constitucional que cualquier otra comunidad o ciudad autónoma española y forman parte del territorio de la Unión Europea. Para Madrid, a diferencia del Sáhara Occidental, no existe ningún proceso de descolonización abierto ni controversia jurídica reconocida por Naciones Unidas respecto a Ceuta y Melilla.
Uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre los especialistas en relaciones internacionales es el contexto político en el que aparece el informe. Estados Unidos ha reforzado notablemente durante los últimos años su cooperación estratégica con Marruecos en ámbitos como la defensa, la inteligencia, la lucha antiterrorista y la estabilidad regional. Washington considera a Rabat uno de sus principales aliados en el norte de África y mantiene con el reino alauí una intensa colaboración militar, que incluye maniobras conjuntas como el ejercicio African Lion y programas permanentes de asistencia en materia de seguridad.
Al mismo tiempo, las relaciones entre Washington y Madrid han atravesado diversos momentos de tensión por discrepancias internacionales, especialmente en torno a Oriente Próximo y otras cuestiones estratégicas. Algunos analistas interpretan que el lenguaje empleado en el informe refleja, al menos parcialmente, esa nueva correlación de intereses geopolíticos, aunque no necesariamente un cambio definitivo de la política oficial estadounidense.
El papel desempeñado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, miembro del denominado caucus favorable a Marruecos en la Cámara de Representantes, también ha despertado un considerable interés. Díaz-Balart figura entre los impulsores del informe y en anteriores ocasiones había realizado declaraciones públicas afirmando que Ceuta y Melilla se encuentran geográficamente en territorio marroquí. Diversos medios estadounidenses y españoles consideran que su influencia ha resultado determinante para la incorporación de este lenguaje en la memoria parlamentaria.
La referencia al «estatuto futuro» de Ceuta y Melilla constituye probablemente el elemento más novedoso del documento. Hasta ahora, la posición tradicional estadounidense había consistido en evitar cualquier pronunciamiento sobre la soberanía de ambas ciudades. La nueva formulación deja abierta la posibilidad de un eventual diálogo político entre España y Marruecos, algo que Rabat viene reclamando desde hace décadas pero que Madrid rechaza de forma tajante al considerar que no existe ninguna cuestión pendiente sobre la soberanía de las ciudades.
La posición de la ONU
Desde el punto de vista del derecho internacional, la situación jurídica de Ceuta y Melilla difiere profundamente de la del Sáhara Occidental. Naciones Unidas nunca ha incluido las dos ciudades españolas en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. España sostiene además que Ceuta pertenece a la Corona española desde finales del siglo XVII —tras la unión dinástica con Portugal y el reconocimiento en el Tratado de Lisboa de 1668— y que Melilla forma parte de España desde 1497, varios siglos antes del nacimiento del Estado marroquí moderno. Marruecos, por el contrario, fundamenta su reivindicación principalmente en criterios geográficos, históricos y de integridad territorial.
La aparición del informe coincide además con un momento especialmente delicado en las relaciones hispano-marroquíes tras la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta. Diversos observadores consideran que el documento ha adquirido una enorme relevancia política precisamente porque ha reaparecido en medio del debate internacional sobre la presión migratoria ejercida sobre las fronteras españolas del norte de África.
No obstante, conviene diferenciar claramente el alcance jurídico del documento de su impacto político. Expertos en derecho constitucional estadounidense recuerdan que las memorias de los comités parlamentarios no tienen fuerza normativa, no modifican la política exterior de Estados Unidos y no pueden alterar por sí mismas el estatus internacional de ningún territorio. De hecho, verificadores independientes han subrayado que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no contiene ninguna disposición sobre la transferencia de Ceuta y Melilla ni sobre un reconocimiento formal de la soberanía marroquí.
Sin embargo, en diplomacia el lenguaje posee un enorme valor político. La inclusión de esa referencia constituye un precedente inédito en la documentación parlamentaria estadounidense y proporciona a Marruecos un argumento adicional para reforzar internacionalmente sus tesis sobre las ciudades autónomas. Aunque ello no modifica la posición jurídica internacional de Ceuta y Melilla, sí refleja la creciente influencia diplomática de Rabat en determinados sectores políticos de Washington.
En definitiva, el documento manejado por el Congreso de Estados Unidos representa un hecho políticamente relevante porque rompe con décadas de neutralidad terminológica sobre Ceuta y Melilla y utiliza una formulación cercana a la narrativa marroquí. Sin embargo, no constituye un reconocimiento oficial de la soberanía de Marruecos, no tiene carácter vinculante, no obliga a la Administración estadounidense a cambiar su política exterior y no altera el estatus jurídico internacional de las dos ciudades españolas. Su importancia reside, sobre todo, en el mensaje político que proyecta y en el posible efecto que pueda tener sobre la evolución futura de las relaciones entre Estados Unidos, España y Marruecos en un contexto geopolítico especialmente sensible.
