Mientras la atención internacional permanece concentrada en Ucrania, Gaza, Irán, el Mar Rojo o el Indo-Pacífico, una guerra de baja intensidad continúa desarrollándose a escasos kilómetros de las fronteras de Europa. Es el conflicto del Sáhara Occidental, uno de los procesos de descolonización inconclusos más prolongados del mundo y, probablemente, uno de los más olvidados.
Más de cincuenta años después de la retirada española del territorio, el pueblo saharaui continúa dividido entre los territorios controlados por Marruecos y los campamentos de refugiados de Tinduf, en el sur de Argelia. Allí sobreviven decenas de miles de personas dependientes en gran medida de la ayuda internacional, mientras el Frente Polisario mantiene la representación política y militar de la causa saharaui.
Durante años, la comunidad internacional ha preferido considerar el conflicto como una cuestión congelada. Sin embargo, la realidad es distinta. Desde la ruptura del alto el fuego en 2020, la confrontación armada ha regresado al territorio, aunque lejos de los focos mediáticos. La diferencia es que hoy Marruecos dispone de una capacidad militar muy superior a la que tuvo durante décadas, especialmente gracias al empleo de sistemas de vigilancia aérea y drones armados.
La muerte reciente de varios miembros del Frente Polisario, entre ellos el comandante Lehbib Mohamed Abdelaziz, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: Marruecos ha incorporado los ataques selectivos mediante drones como una herramienta habitual dentro de su estrategia militar.
Desde la perspectiva marroquí, esta política responde a una lógica de desgaste permanente. Rabat considera que el conflicto debe mantenerse bajo control militar mientras consolida sobre el terreno la realidad política creada tras décadas de ocupación efectiva. La combinación de superioridad tecnológica, apoyo diplomático de importantes socios internacionales y ausencia de consecuencias significativas ha generado un escenario en el que Marruecos opera con una libertad de acción extraordinaria.
Sin embargo, más allá de las consideraciones estratégicas, existe una cuestión que merece una reflexión profunda.
Resulta llamativo que la comunidad internacional haya terminado aceptando con relativa normalidad operaciones letales dirigidas contra miembros del Frente Polisario, incluyendo dirigentes políticos y mandos militares, sin apenas debate público ni cuestionamiento político.
Las comparaciones con otros escenarios son inevitables. Israel justifica sus operaciones selectivas contra dirigentes de Hamás o Hizbulá argumentando la existencia de una amenaza inmediata y permanente contra su población civil. Se trata de un país con escasa profundidad estratégica, sometido históricamente a ataques terroristas y rodeado de actores hostiles. Compartir o no esa doctrina es una cuestión distinta, pero al menos existe una lógica de seguridad nacional claramente identificable.
El caso del Sáhara Occidental presenta características muy diferentes. El Frente Polisario carece de capacidad real para amenazar la estabilidad interna del Reino de Marruecos. No dispone de medios para desarrollar campañas militares profundas ni para comprometer la integridad territorial del Estado marroquí. Nos encontramos ante un movimiento político-militar que opera fundamentalmente desde el exilio y cuya actividad armada se desarrolla en un escenario extremadamente limitado.
Precisamente por ello, la eliminación sistemática de dirigentes y mandos saharauis plantea interrogantes de enorme relevancia política y ética. No parece responder únicamente a una necesidad inmediata de defensa, sino también a una estrategia de debilitamiento progresivo de cualquier estructura política o militar capaz de mantener viva la reivindicación independentista saharaui.
Más preocupante aún resulta el silencio que acompaña a estos episodios. España, antigua potencia administradora del territorio y país con una responsabilidad histórica indiscutible en el proceso de descolonización, mantiene una posición cada vez más distante respecto a la causa saharaui. Las condenas, las investigaciones o las exigencias de transparencia parecen depender con frecuencia de quién sea el autor y quién la víctima. Cuando las víctimas son saharauis, la reacción institucional suele ser considerablemente más discreta.
Algo similar ocurre en gran parte de la comunidad internacional. La acumulación de crisis globales ha relegado los conflictos africanos a un segundo plano informativo y político. Mientras el mundo observa con atención los acontecimientos de Oriente Medio o Europa del Este, guerras y crisis humanitarias en lugares como Somalia, Sudán, el este de la República Democrática del Congo o el propio Sáhara Occidental reciben una atención marginal pese a su enorme coste humano.
La consecuencia es que Marruecos ha encontrado un entorno internacional extraordinariamente favorable para consolidar hechos consumados sobre el terreno. La ausencia de presión política significativa, la fragmentación de las prioridades internacionales y la debilidad estructural del movimiento saharaui han contribuido a normalizar situaciones que, en otros contextos geopolíticos, generarían un debate mucho más intenso.
El problema de fondo no es únicamente quién controla hoy el Sáhara Occidental. El verdadero problema es que el conflicto corre el riesgo de convertirse en un precedente peligroso: un escenario donde la superioridad militar y tecnológica permite eliminar adversarios políticos y militares de forma recurrente sin apenas escrutinio internacional.
La posición española merece también una reflexión serena y alejada de planteamientos simplistas. Es evidente que para España, y en gran medida para Europa, la estabilidad de Marruecos constituye un interés estratégico de primer orden. Un Marruecos económicamente más desarrollado, políticamente estable y capaz de ejercer control efectivo sobre sus fronteras supone un factor de seguridad para el conjunto del Mediterráneo occidental.
Además, Rabat se ha convertido en un socio fundamental en ámbitos tan sensibles como la lucha contra la inmigración irregular, la cooperación antiterrorista y la contención de las amenazas procedentes del Sahel, una región donde la expansión de grupos yihadistas, la debilidad institucional y la creciente presencia de actores externos están configurando uno de los principales focos de inestabilidad del continente africano.
Desde esta perspectiva, resulta comprensible que España busque preservar una relación constructiva con Marruecos y evitar dinámicas de confrontación que puedan perjudicar intereses estratégicos de primer nivel. Sin embargo, la legítima defensa de los intereses nacionales no debería conducir a la renuncia de determinados principios ni a la aceptación acrítica de cualquier actuación por parte de Rabat.
Existen elementos de preocupación que merecen ser observados con atención. Entre ellos destaca la consolidación de discursos nacionalistas cada vez más intensos en determinados ámbitos políticos y sociales marroquíes, donde las referencias a espacios históricamente vinculados a España, como Ceuta, Melilla o las aguas adyacentes a Canarias, continúan apareciendo periódicamente en el debate público.
No se trata de escenarios nuevos ni de reivindicaciones recientes. Forman parte de una narrativa de largo recorrido cuya relevancia práctica puede variar según las circunstancias políticas del momento, pero cuya persistencia obliga a mantener una visión estratégica de largo plazo.
Igualmente preocupante resulta la creciente normalización del uso de la fuerza más allá de las fórmulas tradicionales de contención o disuasión. La utilización sistemática de drones armados para la eliminación de objetivos vinculados al Frente Polisario refleja una evolución doctrinal que rompe determinados límites políticos y psicológicos que durante décadas habían condicionado la gestión del conflicto.
La cuestión de fondo no es únicamente qué ocurre hoy en el Sáhara Occidental. La cuestión es qué precedentes se están consolidando para el futuro y qué mensaje transmite la comunidad internacional cuando determinadas actuaciones dejan de generar debate, escrutinio o reacción política.
España necesita mantener una relación sólida con Marruecos. Probablemente nadie discuta esa realidad. Pero precisamente por la importancia estratégica de esa relación, resulta igualmente necesario preservar la capacidad de análisis crítico y la defensa de unos principios que no deberían quedar subordinados exclusivamente a consideraciones coyunturales de oportunidad política.
Cuando un conflicto desaparece de los titulares no significa que haya terminado. A veces significa simplemente que el mundo ha decidido dejar de mirar.
