De la Transición a la consolidación del sistema
Cincuenta años de silencio: del franquismo a la partitocracia
- “La Transición traicionada”
- “De vencedores a vencidos: el relato invertido”
- “España: medio siglo de simulacro democrático”
- “El testigo incómodo” (10 millones de españoles mayores de 65 años, observando durante cinco décadas) El relato impuesto, imposible de digerir ante tantos testigos.
- “Un análisis políticamente incorrecto de nuestra historia reciente”.
Los responsables del desaguisado. En 1931, Lucky Luciano instituyó La Comisión. El bipartidismo asimétrico español tomó buena nota. El sistema se ha perpetuado. Pero todos o casi todos los miembros o sus formaciones políticas han pasado por el juzgado o lo han sentido muy cerca. En la actualidad, el sistema y particularmente el PSOE, tiene un diluvio de procesos en marcha.
Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España emprendió una transición política orientada a reconciliar a los bandos enfrentados durante la Guerra Civil. Este proceso fue conducido por figuras clave como el rey Juan Carlos I, Torcuato Fernández Miranda o Adolfo Suárez entre otros, con el propósito de evitar una ruptura traumática.
Los partidos de izquierda, en especial el PSOE y el PCE, transitaron de la clandestinidad a ocupar posiciones clave en el naciente sistema democrático. En este nuevo diseño político se abrió la puerta a actores que, por su ideología o sus fines, no habrían sido admitidos en ningún país de la Europa con la que aspirábamos a compararnos. Tal fue el caso de partidos separatistas que perseguían la independencia a cualquier precio, sin reparar en los métodos ni en los procedimientos. Así, formaciones como el PNV, Herri Batasuna —nombre “legal” dentro del sistema de lo que se denominó el complejo ETA, la banda terrorista—, ERC o CiU, con objetivos que difícilmente encajarían en una Constitución seria de un Estado de derecho, fueron admitidas y legalizadas. En el caso de ETA, incluso blanqueadas. El bloque separatista siempre utilizó el reguero infinito de sangre protagonizado por ETA sobre víctimas, al azar unas, seleccionadas otras, para obtener concesiones. Lo llamaban: “unos agitamos el árbol, otros recogemos las nueces”. Hasta 952 muertos según Asociaciones de Víctimas y 2.658 supervivientes heridos y mutilados en atentados causó la mortífera banda terrorista.
El relato oficial de la Transición se edificó sobre los pilares del consenso y el olvido, lo que permitió una convivencia política aparente, pero también sirvió de pretexto a los perdedores recién incorporados para reclamar la ausencia de justicia hacia las víctimas del franquismo. Se olvidaron, por supuesto, las víctimas del Frente Popular. Si durante el período de 1936 a 1939 se cometieron despropósitos sangrientos, la Transición buscó equilibrarlos, de modo que nadie exigiera cuentas a nadie, bajo la premisa de que la reconciliación entre los españoles ya se había consumado tras los años duros de la posguerra española y mundial, hacia mediados de la década de 1950.
El revanchismo, amparado en las circunstancias de la victoria angloamericana aliada con la URSS, ha buscado enterrar a los vencedores, apropiarse del relato y monopolizar el poder. Sus propósitos, profundamente turbios, han girado en torno a la captura del presupuesto y a la legislación dictada por los caprichos de una casta política sin límites, cuya permanencia en el tiempo ha perseguido siempre lo mismo: la impunidad. Una parte del sistema aterroriza a la otra, culpabilizándola, mientras la convierte en cómplice necesaria de sus fechorías. Como en el síndrome de la mujer maltratada: “mi marido me pega porque me lo merezco”.
El revanchismo simbólico y la victoria del relato
Con el transcurso de las décadas, se ha gestado una relectura del pasado que ha beneficiado a los sectores derrotados en la guerra. La Ley de Memoria Histórica (2007) y la Ley de Memoria Democrática (2022), flagrantes reescrituras de la historia que no deberían tener cabida en un Estado de derecho, han operado como instrumentos para resignificar el relato oficial. La clase política que hemos generado de 25 años para acá son colectivos de arrebatacapas sin escrúpulos. Verdaderos chonis de polígono, iletrados y ágrafos. Tenemos a un portero de puticlub de custodio de las urnas del presidente del gobierno. A jardineros de altos cargos en consejos de administración, a mujeres de vida alegre cobrando sueldos oficiales, puestas por ministros…Este el el nivel de la política.
Se han retirado símbolos franquistas, renombrado calles y promovido homenajes a las víctimas frentepopulistas, olvidando que muchos de sus miembros tuvieron que huir del terror de su propio bando. Al mismo tiempo, se han blanqueado los crímenes y excesos del régimen de 1931, como el golpe de Estado de octubre de 1934 o las circunstancias del pucherazo en las elecciones de febrero de 1936, ignorando la trágica primavera que siguió y los asesinatos perpetrados por las chekas durante la Guerra Civil de 1936 a 1939.
También se han silenciado los excesos de la revolución de Octubre de 1934, auténtico golpe de Estado organizado por el PSOE, la UGT y los independentistas catalanes de ERC. Entre ellos, la quema de iglesias, conventos, edificios sacros y bibliotecas, el saqueo de obras de arte y tesoros patrimoniales, y la profanación de tumbas en iglesias y conventos, prácticas a las que nunca han renunciado, como demuestra el reciente caso de la de Franco. El Vita, aquel barco que partió rumbo a México cargado de tesoros robados, jamás ha sido recordado por nadie. Pero sus patrocinadores y beneficiarios fueron los mismos de siempre: el PSOE y su clientela.
Esto ha generado tensiones con observadores independientes, quienes perciben en estas políticas una manifestación de revanchismo ideológico y la consolidación de una mafia política cuyo único propósito es el saqueo: la apropiación de bienes, cargos públicos y derechos adquiridos, todo ello bajo el amparo de la impunidad. La victoria del relato ha sido absoluta, logrando trasladar a los rivales políticos la culpa de cuanto ocurrió desde las elecciones de noviembre de 1933, cuando cambió de signo el gobierno.
El abandono de los vencedores y la renuncia a sus ideas
Los herederos políticos del franquismo, como Alianza Popular —hoy Partido Popular—, han ido adaptando su discurso a los valores del adversario político, renunciando progresivamente a toda reivindicación del pasado. La derecha institucional ha optado por centrarse en la gestión económica desde una lógica burocrática, abjurando de sus principios y convicciones, acomplejada por el relato impuesto por los advenedizos revanchistas, al abrigo del guión oficial de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre cuyos socios figuraban democracias tan ejemplares como la URSS.
Este repliegue ha dejado un vacío simbólico que ha sido ocupado por la izquierda, los terroristas y los separatistas, consolidando su hegemonía cultural en todos los ámbitos. Los últimos veinticinco o treinta años de cultura global woke —verdadera orgía del disparate mental, argumento de la izquierda tras quedarse sin discurso con la caída del Muro de Berlín—, que ahora parece comenzar a desvanecerse, han dado paso a una corriente fresca de sentido común que, según indicios, podría propiciar un cambio positivo.
La degeneración institucional y el sistema como corporación
La conversión del cuerpo político en una “corporación mafiosa” encuentra eco en los múltiples escándalos de corrupción que han salpicado a todos los partidos. Casos como Gürtel, ERE, Pujol o Kitchen han erosionado profundamente la confianza ciudadana en las instituciones. Más recientemente, el caso del PSOE en bloque, presuntamente convertido en un lodazal de abusos y calificado presuntamente por los investigadores como Organización Criminal, ha movilizado a más de veinte jueces que instruyen causas susceptibles de derivar en sanciones y condenas de prisión para numerosos miembros del partido o de su entorno. Quién sabe si el propio presidente, Pedro Sánchez, acabará enfrentando el banquillo. El sentido común lo considera posible.
La partitocracia ha dado lugar a una clase política profesionalizada, blindada por privilegios y con escasa rendición de cuentas. Se han condonado deudas derivadas de la corrupción y se han concedido indultos y amnistías que difícilmente encuentran encaje en el régimen jurídico, salvo con calzador, y que actualmente están bajo la lupa de la legislación europea en los organismos competentes. Los delitos han perdido importancia y las penas han sido rebajadas sin medida.
El uso instrumental de la Constitución —como en el bloqueo del CGPJ o la politización del Tribunal Constitucional— ha alimentado la percepción de impunidad. La Constitución Española de 1978 presenta fallas graves, pero también una fortaleza: fue aprobada por consenso, y su modificación exige un acuerdo igual o superior al que permitió su nacimiento. En consecuencia, se han forzado sus principios para revestir de constitucionalidad supuestos que, en realidad, no lo son, burlando la ley por ese portillo.
Permanencia del sistema y falta de regeneración
A pesar de los escándalos y de la creciente desafección ciudadana, el sistema político ha demostrado una notable capacidad de supervivencia. La alternancia entre PSOE y PP ha mantenido el statu quo, mientras que los intentos de regeneración —Podemos, Ciudadanos— han sido absorbidos o neutralizados. En el contexto de un movimiento mundial que se opone a la socialdemocracia corrupta, cleptómana y enloquecida —o, en ciertos casos, directamente transformada en dictaduras comunistas de nuevo cuño— ha emergido en suelo patrio un partido de corte transversal, VOX, que por ahora parece inmune a los múltiples intentos de descabalgamiento, que es homologable con lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea y que ha constituido un grupo propio en el Parlamento Europeo denominado Patriots. En este grupo se integran los partidos defensores de las soberanías nacionales de los estados miembros y que se oponen a las diversas agendas verdes y globalistas.
La fragmentación parlamentaria ha dificultado cualquier reforma profunda, y el sistema autonómico ha generado nuevas tensiones sin resolver el modelo territorial. Por otro lado, el sistema electoral español resulta absolutamente permisivo: partidos periféricos que apenas superan el 3 % del voto válido a nivel nacional ostentan una capacidad de intervención en los asuntos comunes más propia de un país de orates —o de quienes desean que así sea— que de una nación seria.
De este modo, formaciones que por sus propósitos o por su escasa base electoral no tendrían cabida en una administración nacional, gozan de presencia parlamentaria y de una capacidad de maniobra desproporcionada respecto a su representación. Un simple ajuste del umbral electoral del 3 % al 5 %, como recomienda la Unión Europea, convertiría a estos partidos en actores residuales, sin posibilidad de condicionar la vida nacional como lo hacen actualmente.
La Transición: ¿reconciliación o pacto de silencio?
La Transición española (1975 – 1978 o 1982, según queramos analizar) se presentó como un modelo de reconciliación nacional, pero también supuso una renuncia explícita a depurar responsabilidades por los hechos del pasado, tanto de un bando como del otro en la Guerra Civil. Los partidos derrotados en el conflicto —PSOE, PCE, ERC, PNV, entre otros— fueron legalizados e integrados en el nuevo sistema democrático. Se sumaron a las familias del franquismo que ya operaban en el ámbito político, y todos ellos acabaron convertidos en “famiglias”.
El relato oficial se cimentó sobre el consenso y la amnesia: “todos culpables, o ninguno, y nadie responsable”. Ese fue el planteamiento inicial. Sin embargo, la llegada al poder del PSOE en 1982, junto con sus sucesivas pérdidas de representación durante sus casi catorce años consecutivos de mandato, lo llevó a cobijarse bajo el amparo de los partidos periféricos, que no tardaron en poner precio a su colaboración.
El sistema se tornó perverso, pues la alternancia política recurrió al mismo respaldo de igual manera, y hoy resulta imposible discernir si ha prevalecido el interés de los chantajistas o el de los chantajeados. O si, en realidad, ambos han dado forma conjunta a una casta cleptómana y abusiva que nos ha condenado a una deuda pública de 1,7 billones de euros, drenando los recursos en favor de esa carga y propiciando toda clase de abusos. Un sistema institucional de corrupción que ha permanecido sin cambios durante más tiempo —más de cuarenta años— que el propio franquismo, al que denigran y dicen combatir.
Los vencedores del 39, representados por sectores del franquismo, se diluyeron en nuevas formaciones como Alianza Popular, que con el tiempo evolucionó hacia el Partido Popular, renunciando progresivamente a sus raíces ideológicas. El 20 de noviembre de 1991, José María Aznar López reivindicó para la derecha la figura de Manuel Azaña. El 20 de noviembre de 2002, al cumplirse veintisiete años de la muerte de Franco, el PP condenó en el Congreso la dictadura nacida de la rebelión militar. La rendición ideológica y del relato, con armas y bagaje, fue total, permanente y absoluta hasta el día de hoy, cuando nos enteramos —un día sí y otro también— de las ofertas de pactos del PP, representado por Alberto Núñez Feijóo, a Junts y al PSOE de Pedro Sánchez, con el propósito de mantener el sistema sin cambios. Y por supuesto, la demonización de la nueva formación que les hace sombra (VOX) por todos los partidos del sistema, más el aparato mediático prostituido con subvenciones.
La hegemonía cultural de la izquierda
Durante décadas, la izquierda ha logrado imponer un relato dominante sobre la historia reciente:
La Ley de Memoria Histórica (2007) y la Ley de Memoria Democrática (2022) han institucionalizado una visión que reivindica a los vencidos de la Guerra Civil y condena el franquismo como un período de oscuridad. Los logros del franquismo, visibles y conocidos hasta la saciedad, insisten en contradecir a los perdedores de 1939, hoy convertidos en vencedores del relato. Y a la larga, eso es lo que cuenta: lo que determina el guión, la legitimidad, y lo que estructura la acción y su continuidad, es el relato. Reescribe el pasado y condiciona el futuro.
La derecha institucional, atenazada por el miedo al estigma franquista, ha evitado confrontar ese relato, generando una asimetría simbólica: mientras unos reivindican, otros callan, asienten y se integran en el sistema depravado. Y, como los demás, disfrutan de los privilegios y roban. El listado de casos de corrupción que afecta a todos los partidos desde 1982 es interminable, y compite en volumen con la Enciclopedia Británica.
El abandono ideológico de los vencedores
Los herederos políticos del franquismo se han adaptado al marco vigente, pero lo han hecho al precio de renunciar a sus principios fundacionales. La derecha ha abrazado el constitucionalismo, pero ha terminado por aceptar los postulados de sus adversarios en lo que respecta a la legitimidad histórica del régimen anterior. La renuncia a la batalla cultural ha permitido que la izquierda monopolice el discurso sobre derechos, memoria y justicia. Hoy, sin embargo, se percibe un movimiento mundial en marcha contra el pensamiento único, y en España ha emergido un nuevo partido —VOX— que, por el momento, se muestra impermeable a cualquier intento de neutralización. Está integrado en el grupo europeo de la UE, Patriots.
La degeneración del sistema: partitocracia y corrupción
Lo que en sus inicios fue concebido como un sistema pluralista ha derivado en una partitocracia cerrada, donde los partidos operan como auténticas corporaciones. Escándalos como Gürtel, ERE, Pujol, Bárcenas o Kitchen han salpicado a todas las grandes formaciones, revelando una cultura de impunidad profundamente arraigada. En la actualidad, el caso del PSOE parece interminable, con más de veinte jueces de distintos juzgados ocupados en instruir causas que afectan a su estructura y entorno. Incluido el caso del Fiscal General del Estado, en el que manda el Gobierno, según palabras de su presidente, Pedro Sánchez. («¿La Fiscalía de quién depende? Del Gobierno? Pues ya está», en declaraciones a Radio Nacional de España en fecha 06/11/2019)
Los privilegios de la clase política —fiscalidad especial, aforamientos, puertas giratorias— han dado lugar a una casta desconectada de la ciudadanía. La Constitución se ha utilizado de forma instrumental: se han bloqueado órganos como el CGPJ, se han reinterpretado artículos clave sin consenso, y se han colonizado las instituciones. La lista de atropellos es interminable. La separación de poderes en España no es más que una pantomima.
El sistema como mafia institucionalizada
Encuentra eco en la percepción ciudadana: La falta de regeneración democrática, con partidos que se perpetúan mediante redes clientelares, ha minado la confianza. Los intentos de renovación —UPyD, Ciudadanos— han sido absorbidos, neutralizados o corrompidos por el sistema. La alternancia entre PSOE y PP ha mantenido el statu quo, sin reformas estructurales ni mecanismos reales de rendición de cuentas. En la actualidad, solo la influencia de VOX parece estar poniendo sobre la mesa la necesidad de un giro de 180 grados. Hasta hace poco, había temas tabú que esta formación ha logrado introducir en el debate público, y ahora nadie puede evitar hablar de ellos. Temas como la invasión inmigratoria, los delitos en masa cometidos por colectivos ajenos a nuestras comunidades, la falta de respeto al derecho de las mujeres, los atropellos y violaciones que se producen en cifras significativamente más altas, el problema okupa, los robos y la inseguridad ciudadana —antes motivo de calificativos como xenofobia o racismo— ahora forman parte de la agenda y se discuten en todos los medios.
¿Cambio o continuidad?
A pesar de los escándalos, el sistema ha demostrado una resiliencia notable: La fragmentación parlamentaria ha dificultado la formación de mayorías estables, pero también ha impedido reformas profundas. Todo ello bajo el dominio de un bipartidismo asimétrico, en el que los partidos periféricos aparentemente chantajean y los de ámbito nacional aparentemente se dejan chantajear. En realidad, se trata de un sistema perverso, con intereses cruzados y sin solución de continuidad. El modelo autonómico, lejos de resolver las tensiones territoriales, ha generado nuevas desigualdades y conflictos. La igualdad ante la ley no es más que una declaración retórica de la Constitución de 1978. Se ha roto el principio de igualdad ante la Ley. Según la comunidad autónoma en la que se resida, se accede a una escala distinta de derechos. La polarización actual, con discursos cada vez más extremos, refleja el agotamiento del consenso fundacional de la Transición.
El papel de los medios en construir una narrativa oficial
La cuestión de los medios en España hunde sus raíces en los peores ejemplos internacionales. En nuestro caso, se ha configurado un modelo propio de reescritura del pasado, demonización de determinados clichés —la etiqueta de “fascista” ante la más mínima desviación del pensamiento único— y construcción de un relato buenista sobre los perdedores de 1936–1939 que roza lo cómico, si no fuera real y generosamente financiado con millones del presupuesto público. Programas ad hoc para defender al gobierno de turno y denigrar al adversario político nos cuestan fortunas extraídas del erario.
La caída del comunismo clásico y el advenimiento de la cultura woke nos ha conducido a situaciones delirantes. Todo se presenta como un trágala de buen sabor, y ¡ay de quien ose oponerse! “Facha” y “troglodita” son los calificativos más suaves. A fuerza de repetirlos, han perdido todo su valor denigratorio. La cultura del pensamiento único ha sido la bandera de la izquierda, autodenominada progresista, desde la caída del Muro de Berlín.
La partitocracia: del pluralismo al cártel político
O cómo los partidos se convirtieron en corporaciones. En España se ha configurado un sistema de poder en el que el partido político constituye la llave de acceso a los puestos dentro del orbe institucional. Un personaje se hace con el control de un partido, respaldado por una camarilla, y desde ese momento se convierte en una marca que los seguidores obedecen y reverencian, uniformados con la camiseta del partido como si de un club de fútbol se tratara. A partir de ahí, el líder encumbrado de tal modo puede hacer, decir y proponer lo que se le ocurra, sin importar qué. Los medios afines corearán el discurso oficial, y los seguidores aplaudirán cualquier cosa que se les plantee, por disparatada que sea. Quienes hayan visto La vida de Brian (Life of Brian, 1979), sátira mordaz sobre las formaciones políticas, sabrán exactamente a qué nos referimos.
El reparto de poder, los privilegios y la falta de rendición de cuentas. Los partidos establecen y marcan territorio, y allí donde gobiernan se convierten en dueños y señores del dinero que administran. El sistema de “famiglias” transforma los territorios en zonas de depredación del partido o coalición en el poder. La fiscalización alcanza la contabilidad regular, pero no penetra en los enchufismos, las cajas B, los contratos amañados ni los privilegios de los aupados. El modelo “tangentópolis” parece directamente importado de nuestro vecino italiano, cuya persecución costó la vida a tantos jueces valientes que se atrevieron a desafiar a las mafias.
Las administraciones locales, autonómicas y nacional operan bajo sus propias reglas, y los escándalos registrados desde 1982 llenan las hemerotecas. En la actualidad, los juzgados se encuentran saturados persiguiendo causas, concluida la etapa del PP, ahora contra el PSOE. Las regionales ni se mencionan: algunas llevan esperando, cubiertas de polvo en las estanterías, desde hace quince o veinte años (Pujolandia).
Naturalmente, hay que colonizar y corromper las instituciones clave: CGPJ, TC, RTVE… la lista es interminable. Unas se utilizan para garantizar la impunidad; otras, para asegurar el relato. Así, quienes roban, abusan de la protección de menores en instituciones y torpedean el mandato constitucional a su antojo, disponen al mismo tiempo de un sistema mediático subvencionado que lo encubre todo. De este modo, la impunidad queda garantizada.
Corrupción y clientelismo: el sistema como mafia
Casos emblemáticos: Gürtel, ERE, Pujol, Bárcenas, Kitchen, y el caso PSOE con ramificaciones infinitas —David Azagra, Begoña Gómez, Fiscal General del Estado, Cerdán, Ábalos, Koldo, Aldama, escándalo Delcy y las 40 maletas… Todo apunta, en este último caso, a que lo que está realmente podrido es la cabeza, como en el pescado. Tal es el poder de los partidos que disponen incluso de fontaneros dedicados, cuyo cometido es perseguir jueces o denigrar la buena reputación de guardias civiles e investigadores en cada caso, con el fin de salirse con la suya.
La impunidad como norma. Para ello disponen de todos los medios del Estado y de las instituciones colonizadas, además de los fontaneros. Con personas en puestos clave o infiltrados en todos los organismos e instituciones posibles, asfixian el sistema con tal de salirse con la suya. Nada más bello que llenarse los bolsillos, atracarse de privilegios económicos y fiscales, e irse de rositas. Además de perpetuarse en el escaño o en el cargo, o saltar de unos puestos a otros con el único fin de seguir chupando del bote.
La desconexión entre la clase política y la ciudadanía, sumada a la sospecha constante de corrupción, la desconfianza y el desprecio, es la moneda que el ciudadano no fan, dotado de sentido común, dedica a estos aprovechados de un país que, siendo uno de los mejores del mundo, padece una casta que lo asfixia y que se ha perpetuado en el poder durante medio siglo.
La Constitución como escudo y arma
Usos estratégicos de la Carta Magna para bloquear o imponer. El gobierno que logra colonizar las instituciones correspondientes se garantiza el uso de la ley a su gusto y capricho, creando esperpentos ad hoc que se presentan como leyes. Estas superan los trámites formales y, posteriormente, son bendecidas por los tribunales superiores o el Constitucional, si previamente han sido domesticados. La única vía de recurso es la reclamación ante los tribunales europeos, que se eternizan en responder y, cuando lo hacen, ya es tarde: las decisiones han sido ejecutadas en el país reclamante. Aun así, es el único camino que queda a los estados miembros de la UE para oponerse a los dislates jurídicos de cada país.
Reformas pendientes y artículos ignorados. La Constitución Española de 1978 presenta fallas graves, fruto de la doble intención de algunos constituyentes: los no leales al espíritu constitucional, que aprovechan las brechas para sortearla y obtener ventajas. Todo ello propiciado por el bipartidismo asimétrico, que, bajo el pretexto de necesidad parlamentaria, pacta con periféricos desleales en un modelo ya descrito de chantajistas y chantajeados, instituido por la costumbre y en la práctica consolidado. Así se vulneran numerosos artículos, en su letra o en su espíritu, que no contemplaban la deslealtad constitucional. Esta Constitución fue redactada para leales y buenistas, y al no prever freno alguno para los desleales y aviesos patrocinadores de otras intenciones, dio paso al pactismo entre PP y PSOE con los mencionados, generando el sistema perverso que hoy nos gobierna. El actual ejecutivo ha pactado con más de diez formaciones políticas para disponer de una mayoría precaria, a las que ha tenido que contentar con los chantajes correspondientes: indultos, amnistías, modificaciones presupuestarias, repartos no proporcionales de recursos, etc.
El fetichismo constitucional como tapadera. Así, el entramado legal colonizado y domesticado se convierte en un mantra para justificar los disparates y los trágalas. Las reformas están lejos, dados los requisitos tan exigentes para su aprobación, y mientras tanto los años pasan y los abusos continúan.
En el momento presente, algo del entramado jurisdiccional permanece en pie, al margen de las grandes instituciones, y algunos juzgados están haciendo frente a la situación con valentía. Pero pagan un alto precio: el sistema mediático y el fontanero se les echan encima para detenerlos como sea. Presuntamente por orden del Presidente del Gobierno, según el relato de sus propios fontaneros.
El espejismo de la regeneración
El surgimiento de UPyD y Ciudadanos. En distintas épocas han emergido partidos que han intentado oponerse al sistema, pero sin contar con los recursos ni el poder mediático suficiente para enfrentarse a los titulares del bipartito asimétrico. A comienzos de siglo, primero con UPyD y después con Ciudadanos, se produjo un intento serio de oposición al régimen. Sin embargo, la desigualdad en medios económicos y en capacidad de influencia mediática redujo estas formaciones a meros testimonios del anhelo de la sociedad civil por liberarse del yugo del “establishment”.
Ambas formaciones fracasaron en su empeño y quedaron en el recuerdo como un lamento nostálgico de lo que pudo ser y no fue. Otra formación, Podemos, de carácter izquierdista radical y bolivariano, trató de oponerse por otra vía, la extremista, para hacerse con la banda zurda del bipartidismo. Casi lo consigue, pero su sectarismo y sus planteamientos totalitarios no tardaron en dar al traste con el impulso inicial. En la actualidad, sus planteamientos han sido asumidos por el PSOE.
Lograron formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE y promovieron leyes que, bajo el pretexto del feminismo, dejaron a las mujeres tiradas en el fango del supuesto feminismo, rebajando las penas de delitos sexuales. Por ello han pagado un precio electoral y se encuentran en retroceso, al borde de la desaparición.
El PSOE, por su parte, se ha radicalizado bajo la actual dirección, como forma de tapar la retahíla de presuntos delitos, y el votante prefiere el original antes que la copia. Así, el futuro de Podemos es incierto, arrollado por el poder del bipartidismo asimétrico. Los partidos que intentaron cambios fueron absorbidos, neutralizados o corrompidos. O bien integrados en el sistema, o bien fulminados.
La imposibilidad de cambiar el sistema desde dentro parece condenarnos al inmovilismo. No obstante, pese a las dificultades —el sistema bipartito lleva décadas dominando también las instituciones europeas, con políticas delirantes que empobrecen, subordinan y domestican al conjunto los ciudadanos europeos— ha surgido un movimiento mundial de reivindicación de las patrias, de las naciones, de los países originales con sus valores, costumbres y recursos propios. Este movimiento busca escapar de la globalización, del pensamiento único y de las distintas agendas 2030, 2040, 2050, promovidas por los rectores del multilateralismo, naturalmente beneficiarios de los procesos de expolio que dichas agendas conllevan.
El cambio climático, la alianza de civilizaciones y otras supercherías ad hoc están en el punto de mira de estas formaciones, que tienen a Donald Trump y a Javier Milei como representantes máximos en América, y en Europa al eurogrupo Patriots, cuyo partido miembro en España es VOX.
Estas formaciones están plantando cara al statu quo de más de cincuenta años, intentando por todos los medios combatir la agenda en curso y replantear la política internacional de la A a la Z, con consecuencias directas en sus respectivos países. Casos como Giorgia Meloni en Italia y grupos similares en Alemania, Francia, Austria, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Hungría, etc., junto con VOX en España, están cuestionando todo lo establecido hasta ahora. A medida que estos grupos accedan al poder, la presión sobre el eurogrupo socialdemócrata/demócratacristiano será cada vez mayor, y antes o después deberá abandonar la presidencia de la UE, poniendo fin a sus políticas.
El presente: polarización y agotamiento
La fragmentación parlamentaria. Mal endémico que tiene una solución sencilla: aplicar la recomendación de la Unión Europea y elevar del 3 % al 5 % el mínimo necesario de votantes para obtener escaños en el Parlamento nacional. El bipartidismo asimétrico dejaría de disponer del recurso de asociación temporal mediante el sistema de chantajes pactados.
La radicalización del discurso político. A medida que los gobiernos Frankenstein establecidos en España desde 2018 se debilitan, el discurso se radicaliza, inmerso en olas de corrupción y temor a las represalias legales. En la actualidad, España se encuentra en una batalla por los principios, en la que aún no sabemos si vencerá el Estado o sus acaparadores.
La pérdida de legitimidad del sistema. Naturalmente, el ciudadano de a pie se siente defraudado y pierde la fe en las instituciones y en la justicia. La desafección es absoluta, y el crédito de la casta política está por los suelos. Todos los debates, tanto políticos en las instituciones como mediáticos en el sistema multimedia, se convierten en una lucha de verduleras al grito de “¡y tú más!”. El ciudadano que paga impuestos y se levanta de madrugada para trabajar queda asqueado y perplejo.
Conclusión
¿Hay salida? España es una gran nación cuya identidad, a lo largo de los siglos, ha estado marcada en primer término por la claridad de sus límites geográficos. Desde sus orígenes como Iberia, pasando por su integración como Provincia Romana, su configuración como Diócesis Hispanensis, su consolidación como Reino Visigodo, su transformación en España Musulmana, su renacimiento en la España de la Reconquista, su unificación bajo los Reyes Católicos, la reorganización territorial con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, la proclamación de la Constitución de 1812, la División Provincial de 1833, las diversas constituciones del siglo XIX —siendo la de 1876 la más significativa—, la instauración de la II República en 1931, el periodo de la España de Franco, y finalmente la Constitución de 1978, España ha mantenido una continuidad histórica que muy pocos países pueden exhibir. Tal vez solo la milenaria China.
Su importancia histórica y universal es incuestionable, por más que enemigos, tanto internos como externos, intenten menoscabarla. España, en los versos de José María Pemán de 1928, supo “seguir sobre el azul del mar el caminar del Sol”. Y descubrió el Nuevo Mundo, amplió las dimensiones del planeta, demostró su esfericidad y proyectó sobre los nuevos territorios la herencia de la Romanización, germen de la cultura universal occidental, ahora en forma de Hispanización. La Hispanidad, con sus 640 millones de hablantes, da testimonio elocuente de la magnitud de la nación civilizadora más sobresaliente de la Historia Moderna.
España ha atravesado numerosas vicisitudes en los tiempos modernos y contemporáneos, acosada por émulos envidiosos de su éxito global en el exterior y asfixiada por nuevas ideologías que, convertidas en castas políticas irresponsables, se muestran más aptas para medrar en beneficio propio que para velar por el bien común. Los últimos cincuenta años han configurado un panorama al borde de la disolución, alimentado por la desafección de algunos, el afán de saqueo y ascenso de otros, y el empeño de terceros en destruirla mediante una balcanización deliberada.
Así las cosas, nos hallamos al término de una maratón de medio siglo en la que las costuras nacionales se han resentido profundamente. En el presente, España se encuentra inmersa en un golpe de Estado a cámara lenta y de medio plazo, cuyo desenlace conducirá, inevitablemente, a los golpistas a la cárcel o a la nación a la fractura. Sin embargo, un puñado de jueces, fiscales y medios de comunicación —respaldados por el apoyo ciudadano de una parte significativa del cuerpo social que lucha por la supervivencia de su patria— se enfrenta con firmeza a los golpistas: aquellos sectores de las “famiglias” integradas en la Transición que aprovecharon ésta para posicionarse. Es una batalla que dejará a unos sobre el campo y a otros descabalgados. El resultado es incierto, pero la nación combate con determinación por prevalecer.
¿Es posible una regeneración real? La Constitución de 1978 fue un documento legal concebido para buenistas y políticos confiados, que incurrió en graves errores tanto en su formulación como en su modelo operativo desde los primeros pasos de su aplicación. Cuenta, eso sí, con una fortaleza: su riguroso mecanismo de reforma, que exige consensos tan amplios —o incluso mayores— que los necesarios para su aprobación inicial.
Estos dos ingredientes —el buenismo y la necesidad de consenso— se han revelado como armas de doble filo contra el propio sistema, pues nada han resuelto una vez desenmascaradas las verdaderas intenciones de los nuevos operadores políticos que se incorporaron tras la rápida desaparición del franquismo. Lejos de asumir la Transición culminada en 1978 o la actual Carta Magna como referentes, los enemigos del régimen vigente han optado por retrotraerse a las casillas de salida de 1931, con el propósito de vaciar de contenido el cuerpo legal sin necesidad de modificar el texto constitucional, cuya reforma exige consensos inalcanzables. Se trata, por tanto, de un golpe de Estado por vía de los hechos, a cámara lenta y con vocación de largo plazo, iniciado incluso antes de 2004 y con la llegada al poder del PSOE bajo José Luis Rodríguez Zapatero, acelerado tras el advenimiento de Pedro Sánchez en 2018.
La regeneración real se presenta, por ahora, como una empresa difícil, pues la batalla por el poder entre los partidarios de la supervivencia de España y aquellos que abogan por la desaparición del modelo de 1978 ha alcanzado su punto álgido. El desenlace depende de múltiples factores, tanto internos como externos, que determinarán si el país se encamina en una dirección o en otra.
¿Qué debería cambiar? Tras el desenlace de la batalla en curso —que aún tomará tiempo, quizás años— hay una certeza ineludible: las cosas no pueden continuar como hasta ahora. Si el golpe triunfa, sus promotores impondrán un modelo más cercano al de los Balcanes, Venezuela, Nicaragua, Cuba o similares, como Rusia, donde una democracia aparente encubre una dictadura de facto.
Si, por el contrario, prevalece el Estado de Derecho, será imprescindible acometer profundos cambios para convertir a España en una nación seria y un país verdaderamente habitable, donde la calidad de vida ciudadana esté en armonía con la calidad del régimen político que la sustenta.
Las reformas constitucionales, los códigos de justicia y los reglamentos de aplicación deberán regirse por unas reglas del juego muy distintas a aquellas que nos han conducido hasta el presente. Será necesario redefinir los fundamentos operativos del sistema para evitar repetir los errores que han debilitado la estructura institucional.
La Jefatura del Estado, en el ejercicio de sus funciones de arbitraje, debe contar con algún tipo de mecanismo eficaz para frenar los abusos. Su autoridad sobre el Ejército, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad debe ser real y efectiva, no meramente simbólica.
La Presidencia del Gobierno debe ser transformada en una oficina del Primer Ministro, desprovista de ese poder casi omnímodo que devora al resto de poderes del Estado, organismos autónomos, instituciones y medios de comunicación. La obligación de aprobar los presupuestos generales del Estado debería implicar, de forma automática, la convocatoria de elecciones generales en caso de fracaso. Los poderes del Primer Ministro deben estar claramente tasados, y los mecanismos para su destitución y reemplazo han de ser más ágiles y flexibles.
El Parlamento, compuesto por Congreso y Senado, no puede permanecer como rehén de los partidos políticos ni del Jefe del Gobierno. Las leyes podrán ser propuestas tanto por el Ejecutivo como por los grupos parlamentarios, pero su aprobación deberá contar con el acuerdo de ambas cámaras. Si no se alcanza dicho consenso y las propuestas legislativas no logran salvar las discrepancias, serán devueltas y no podrán ser promulgadas. En caso de que transcurra un año sin que se aprueben leyes, la convocatoria de elecciones generales deberá activarse de forma automática. Es imprescindible introducir algún mecanismo que impida la parálisis institucional.
La Justicia deberá ser verdaderamente independiente, y ningún actor jurídico debe estar sujeto a intromisiones políticas. La jerarquía política no podrá interferir en el funcionamiento de los poderes judiciales. El Tribunal Constitucional debería ser reemplazado por una sala específica del Tribunal Supremo dedicada exclusivamente a asuntos constitucionales. En caso de controversia, se convocará un pleno conjunto de todas las salas del Supremo para dirimir la cuestión.
La política exterior debe seguir una trayectoria de país, conducida por el gobierno, que defienda los intereses generales de la nación y que mantenga una continuidad estable, al margen de los vaivenes propios de los cambios de gobierno.
Las políticas de inmigración deberán limitarse estrictamente a la aceptación de inmigrantes legales. Aquellos que ingresen de forma ilegal no deberían, bajo ningún concepto, obtener documentación ni acceder a derechos que correspondan exclusivamente a quienes respetan los cauces establecidos por la ley. Se tratará de unificar estas leyes con la UE, para que la aceptación de inmigrantes y la defensa de fronteras en este apartado, disponga de un modelo único. La búsqueda activa de trabajadores de culturas más próximas a nuestro entorno sociopolítico deberá ser condición inherente.
El aforamiento y los privilegios de los políticos deben ser eliminados. Los indultos y las amnistías han de ser prohibidos. El rigor jurídico debe intensificarse para los políticos, cargos públicos y personal de cualquier administración cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. En cuanto un miembro de estos colectivos pase de la condición de mero testigo a la de investigado —lo que antes se denominaba imputado— deberá ser apartado de su cargo de forma inmediata.
La ley electoral debe impedir que un colectivo nacional de casi 50 millones de ciudadanos quede condicionado por algo más de un millón de electores. Por ello, la obtención de escaños nacionales deberá vincularse a un umbral mínimo del 5% de los votos, en lugar del 3% actual, tal como recomienda la Unión Europea.
En cuanto a los partidos políticos, deberán ser verdaderamente democráticos, su influencia en la sociedad civil deberá ser limitada, y los procesos de ilegalización deberán estar tasados y operar de forma automática. Y sistemática, sin distinción de credo político.
El modelo suizo de administración debería ser estudiado y en la medida de lo posible aplicado en España. Todas las elecciones suizas, cantonales o generales, van acompañadas de un número de “referenda” considerables: los ciudadanos de dicho país reciben propuestas sobre muchas cuestiones de interés general, y los resultados de los diferentes referenda (la palabra es el plural de referendum para los que no la conozcan) determinan la política del país en dichas materias sin cuestionamiento. De ese modo se lleva a cabo la voluntad popular.
Estas son solo algunas de las propuestas que deberían formar parte de una eventual victoria del Estado de Derecho. En concreto, algunos artículos constitucionales deberían ser revisados y ajustados, de modo que la ambigüedad desaparezca y los procedimientos queden automatizados.
El artículo 3 de la Constitución de 1978 dice textualmente:
- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
El apartado 2 debería ser suprimido, convirtiendo al castellano o español en la única lengua oficial del Estado y todos sus organismos oficiales. La lengua preferente de enseñanza debería ser el castellano o español. Y la enseñanza en otra lengua sería alternativa, bajo solicitud expresa de los padres o representantes legales del alumno. Nos encontramos con el ridículo absurdo de tener que utilizar pinganillos en sesiones parlamentarias nacionales y regionales, cuando, de repente, un vasco separatista que quiere hablar con un catalán separatista, utiliza simplemente…¡el español!
El artículo 99 de la Constitución de 1978 en su apartado 1º dice textualmente:
99-1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Debería añadir:
99-2. Los partidos políticos deberán designar representante que acudirá a la cita con el Rey, al que deberá expresar sus intenciones. Aquel partido que no designe representante y no acuda a la cita con el Rey, no será tenido en cuenta a la hora de los cálculos numéricos para designar candidato.
Artículo 112 de la Constitución Española de 1978 dice textualmente:
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Debería añadir: cuando 10 diputados o dos grupos parlamentarios distintos planteen la cuestión de de confianza a la Mesa del Congreso, el presidente del gobierno deberá someterse a ella, y en caso de no obtener la confianza de la Cámara, la Presidencia del Congreso de los Diputados convocará elecciones de modo automático. La cuestión de confianza por partidos de la oposición podrá ser planteada una vez al año o siempre que haya que prorrogar presupuestos.
Artículo 134 de la Constitución Española de 1978. Dice textualmente:
- Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
- Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
- El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
- Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
- Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
- Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
- La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Este artículo debería añadir:
- Prorrogados que fueran durante el último ejercicio los Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Presupuestos no admitirá más prórrogas. Si finalizado el plazo legal, los nuevos presupuestos no quedan aprobados, se disolverán las cámaras y se procederá a Elecciones Generales, que generarán un nuevo gobierno encargado de redactar los Presupuestos.
Estas son solamente algunas recomendaciones a efectos de revisión del texto constitucional. Abierto el melón, seguramente habrá muchos otros apartados revisables, pero sobre todo el nuevo texto debería dar cohesión a la nación histórica y reducir a su justo ámbito el deseo de los rupturistas. De este modo quedaría garantizada la continuidad de la patria común. Y la igualdad ante la Ley.
Antonio Miguel Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED, políglota y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años
