A finales del año pasado, la República Islámica de Irán, un país con más de 85 millones de habitantes, rico en historia y geopolíticamente estratégico, se vio sacudida por una nueva ola de protestas masivas, consideradas las más intensas desde las revueltas de 2022. Lo que comenzó como una respuesta inmediata al colapso económico se transformó en un desafío directo al poder de los clérigos que gobiernan desde la Revolución de 1979.
La chispa se encendió en Teherán, en el corazón del país, cuando comerciantes del tradicional y bullicioso Gran Bazar cerraron sus tiendas como protesta por la plunging economía, una moneda nacional —el rial— que se ha desplomado a niveles históricos y una inflación que devora los ingresos de la mayoría de las familias iraníes.
Poco después, las manifestaciones se extendieron como una ola ardiente a lo largo de todas las 31 provincias, llegando a ciudades como Isfahán, Mashhad, Shiraz, Kermanshah o Hamadán. Lo que inicialmente había sido crítica a la miseria económica pronto se tornó en un rechazo profundo al sistema político que gobierna Irán desde hace casi cinco décadas.
El detonante de estas protestas no fue únicamente la caída económica, aunque esta fue el catalizador inmediato. La economía iraní ha sido golpeada por décadas de sanciones internacionales, especialmente sobre su sector petrolero, su principal fuente de ingresos, lo que ha erosionado las reservas estatales, reducido las exportaciones y disparado los precios internos de alimentos, medicinas y bienes básicos.
La devaluación acelerada del rial, que llegó a niveles sin precedentes en el último trimestre de 2025, y la incapacidad del Estado para contener la inflación empujaron a ciudadanos de todas las clases a la calle. Comerciantes, trabajadores, jóvenes y estudiantes se unieron, no solo por el hambre sino por la frustración acumulada frente al estancamiento político y la falta de libertades civiles.
Aunque las protestas empezaron como respuesta al deterioro económico, pronto adquirieron un tono claramente político: consignas contra los gobernantes y llamados al fin de la República Islámica resonaron junto a demandas de justicia social y democracia.
Algunos manifestantes incluso gritaron lemas nostálgicos hacia la monarquía derrocada en 1979, mencionando al exilio Reza Pahlavi, heredero del último sha de Irán, quien, desde su residencia fuera del país, alentó las protestas.
Internet cortado, protestas persistentes
Ante la escalada de las manifestaciones, el gobierno iraní optó por una represión de doble filo: por un lado, fuerzas de seguridad reprimieron con dureza en las calles; por otro, las autoridades cortaron el internet y las comunicaciones internacionales en un intento deliberado de aislar a los manifestantes y frenar la difusión de imágenes y testimonios.
Pese a esto, miles de iraníes se lanzaron a las calles en ciudades grandes y pequeñas, desafiando los apagones digitales y las amenazas de violencia. Lo siguen haciendo. Escenas compartidas desde el país muestran fuego, gases lacrimógenos y, en casos extremos, fuerzas de seguridad irrumpiendo incluso en hospitales.
Desde finales de diciembre hasta principios de enero, decenas de manifestantes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incluyendo mujeres, hombres, jóvenes y algunos menores de edad, mientras que más de 2.000 personas han sido detenidas según organizaciones de derechos humanos.
Esta última ola de protestas no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Irán ha sido escenario de múltiples revuelta ciudadanas a lo largo de los últimos 15 años, cada una con sus características pero todas subrayando un mismo núcleo de descontento: la falta de libertades políticas, la represión estatal y el malestar social.
En 2017–2018, por ejemplo, manifestaciones a gran escala sacudieron decenas de ciudades motivadas por la economía y la política interna, con gritos similares contra el sistema gobernante. Más contundente aún fue la protesta de septiembre de 2022, surgida tras la muerte de Mahsa Amini —una joven detenida por la llamada “policía de la moral” por supuestamente violar las estrictas normas del hiyab—.
Aquella muerte encendió el movimiento conocido como “Mujer, Vida, Libertad”, que combinó demandas de igualdad de género, derechos civiles y un cuestionamiento directo al liderazgo teocrático.
A pesar de haber sido brutalmente reprimida, con cientos de muertes y miles de detenciones, la protesta de 2022 marcó un precedente: por primera vez en décadas, las calles iraníes fueron ocupadas masivamente por ciudadanos clamando abiertamente por la caída del sistema mismo, no por reformas puntuales.
Un rasgo común de estas revueltas ha sido la participación destacada de jóvenes y mujeres. Especialmente en las protestas más recientes, las mujeres han jugado un papel central, en muchos casos liderando la disidencia, desafiando leyes que consideran discriminatorias y recordando que sus demandas no son únicamente económicas, sino de dignidad humana, derechos y libertad personal.
Estos activistas han insistido en que su lucha no se limita a una cuestión simbólica como el hiyab, sino que representa una ruptura más profunda con un sistema que, según muchos analistas, ha fallado en garantizar equidad, justicia y oportunidades para millones de iraníes.
El régimen contra la pared
La respuesta de las autoridades ha mezclado represión dura, censura informativa y discursos oficialistas que acusan a potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos y sus aliados, de manipular la protesta para desestabilizar el país. Sin embargo, observadores internacionales sostienen que esta narrativa no explica por qué los iraníes de todas las regiones y clases sociales se han unido en un rechazo tan amplio al statu quo.
La situación en Irán permanece altamente volátil y sin claros resultados a corto plazo. El pueblo se enfrenta a un régimen que controla los resortes del poder con mano firme, pero también a una desconfianza masiva que cruza generaciones, géneros y clases sociales.
