La aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la resolución de conflictos se ha convertido en uno de los grandes desafíos jurídicos de la Unión Europea. Así lo sostiene el estudio “Métodos alternativos de resolución de disputas en línea y mediante inteligencia artificial en la Unión Europea: análisis del marco jurídico y propuesta de categorización”, elaborado por las investigadoras Aura Esther Vilalta Nicuesa y Marian Gili Saldaña, investigadoras de la UOC, y publicado en la revista científica Computer Law & Security Review a través de la editorial Elsevier.
El trabajo analiza el impacto de la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea sobre los sistemas de resolución alternativa de conflictos y plantea una clasificación inédita de los mecanismos de resolución de disputas asistidos por IA en función de su nivel de riesgo y autonomía.
Las autoras parten de una realidad cada vez más evidente: el acceso a la justicia continúa siendo complejo para numerosos ciudadanos debido a factores como la lentitud de los procedimientos, los elevados costes o la complejidad de los sistemas judiciales tradicionales. En este contexto, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación, el arbitraje o la negociación, se presentan como herramientas capaces de mejorar la accesibilidad al sistema jurídico.
La digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial han abierto nuevas posibilidades para estos procedimientos, permitiendo automatizar tareas, facilitar información a las partes y agilizar la gestión de conflictos.
El estudio subraya que la incorporación de la IA en los sistemas de justicia responde también a objetivos internacionales de gran alcance. Organismos como las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideran que las nuevas tecnologías pueden contribuir a garantizar un acceso más amplio y eficiente a la justicia.
En los últimos años, la IA ha comenzado a utilizarse para funciones muy diversas, desde tareas administrativas y de gestión documental hasta sistemas de asistencia en la toma de decisiones, pasando por asistentes virtuales y chatbots capaces de orientar a los ciudadanos durante los procedimientos legales, como advirtió la analista de Delta13News Sara Belda en este artículo.
Las investigadoras destacan que la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico ya es una realidad en numerosos países. Entre los ejemplos más avanzados figura China, donde se han desarrollado los llamados “tribunales inteligentes”, “tribunales de internet” y “microtribunales móviles”, plataformas que permiten realizar actuaciones judiciales a través de aplicaciones digitales. Estos sistemas incorporan funciones como la identificación electrónica, la presentación de pruebas, la firma digital y la elaboración de resoluciones asistidas por inteligencia artificial.
En el ámbito privado, la IA ya se emplea para analizar documentos, redactar escritos, realizar consultas jurídicas automatizadas, generar informes o transcribir procedimientos. En el sector público, las aplicaciones son aún más amplias e incluyen reconocimiento facial para acceder a instalaciones judiciales, sistemas inteligentes de gestión de expedientes, motores avanzados de búsqueda jurisprudencial, anonimización de documentos, notificaciones automatizadas y herramientas de interoperabilidad entre organismos. Estas aplicaciones persiguen aumentar la eficiencia, reducir costes y facilitar el acceso a la información jurídica.
Sin embargo, el trabajo advierte que los beneficios de la inteligencia artificial van acompañados de importantes riesgos. Entre las ventajas destacan la rapidez en el procesamiento de información, la mejora de la productividad, la capacidad para identificar patrones complejos y la posibilidad de ofrecer asistencia a ciudadanos que se representan a sí mismos en procedimientos legales. No obstante, las autoras recuerdan que los sistemas de IA requieren grandes volúmenes de datos de calidad para funcionar correctamente y presentan dificultades evidentes cuando las decisiones exigen empatía, sensibilidad humana o valoración ética.
Especial preocupación suscita la denominada inteligencia artificial generativa. Según el estudio, estos sistemas continúan enfrentándose a problemas como las “alucinaciones” —la generación de información falsa presentada como verdadera—, la reproducción de sesgos y la creación de normas o precedentes inexistentes. Por ello, las investigadoras sostienen que cualquier incorporación de IA en los sistemas de justicia debe ir acompañada de mecanismos sólidos de supervisión humana y de normas que garanticen la transparencia, la seguridad y la explicabilidad de los resultados.
El trabajo analiza además la evolución de los marcos regulatorios internacionales. La investigación repasa documentos como la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, la Recomendación de la OCDE sobre IA y las normas éticas del Consejo Internacional para la Resolución de Controversias en Línea. Todos estos instrumentos comparten principios comunes como la protección de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, la supervisión humana, la no discriminación y la protección de la privacidad.
En el caso europeo, el artículo describe un largo proceso de construcción normativa que comenzó con los primeros debates sobre robótica e inteligencia artificial en el Parlamento Europeo y culminó con la aprobación de la Ley de IA de la Unión Europea en 2024. Durante esos años se sucedieron informes, libros blancos, directrices éticas y propuestas legislativas encaminadas a crear un modelo regulatorio basado en el riesgo y centrado en la protección de los derechos fundamentales.
La nueva legislación europea establece una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en cuatro categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo o nulo. Los sistemas considerados de riesgo inaceptable quedan prohibidos, especialmente aquellos que manipulan el comportamiento de las personas, realizan puntuación social, infieren determinadas características sensibles o emplean reconocimiento biométrico en determinadas circunstancias. Por su parte, los sistemas de alto riesgo pueden utilizarse, pero únicamente bajo estrictas condiciones de control y supervisión.
Sistemas de alto riesgo
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la consideración de determinadas aplicaciones de IA en la administración de justicia como sistemas de alto riesgo. Según la Ley europea, esta categoría incluye las herramientas destinadas a ayudar en la investigación e interpretación de hechos y normas jurídicas, así como aquellas utilizadas por organismos de resolución alternativa de conflictos cuando sus decisiones generan efectos jurídicos para las partes.
No obstante, la normativa insiste en que la toma de decisiones debe seguir siendo una actividad esencialmente humana y que la inteligencia artificial solo puede actuar como apoyo.
A partir de este marco regulatorio, Vilalta Nicuesa y Gili Saldaña proponen una novedosa clasificación de los sistemas de resolución de disputas asistidos por inteligencia artificial. El modelo distingue cinco grandes categorías que van desde los mecanismos sin inteligencia artificial hasta aquellos de alto riesgo capaces de influir directamente en decisiones con consecuencias jurídicas. Entre ambos extremos se sitúan los sistemas destinados a tareas administrativas, los orientados a facilitar información y comunicación y aquellos que ayudan a las partes durante los procedimientos sin producir efectos legales directos.
Las autoras concluyen que la inteligencia artificial posee un enorme potencial para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia de los sistemas de resolución de conflictos, pero advierten de que su implantación debe realizarse dentro de un marco jurídico robusto. A su juicio, el desafío para Europa consiste en aprovechar las ventajas tecnológicas sin comprometer principios esenciales como la independencia judicial, el derecho a un juicio justo, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.
La nueva Ley de IA constituye un primer paso decisivo en esa dirección, aunque el estudio considera que todavía existen lagunas regulatorias que deberán abordarse a medida que la tecnología continúe evolucionando.
