En la sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU celebrada a finales de la semana pasada, España y Palestina presentaron una resolución que fue aprobada con amplia mayoría, 149 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, en la que se urge un alto el fuego en Gaza. El texto fue titulado “Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias”.
La medida exige, además, la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás y reclama el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria para los cerca de 2 millones de palestinos en situación crítica.
La resolución condena expresamente el uso de la hambruna como arma de guerra y recalca la responsabilidad de Israel como potencia ocupante de permitir la entrega de alimentos, medicinas y combustible, en consonancia con el mandato de la Corte Internacional de Justicia del pasado 28 de marzo.
Además, reafirma el compromiso con una solución de dos Estados e instiga a continuar la mediación liderada por Egipto, Catar y Estados Unidos.
La iniciativa surgió tras el bloqueo del Consejo de Seguridad por el veto estadounidense a una propuesta similar, que había sido respaldada por otros 14 países. Dado que las resoluciones de la Asamblea General no tienen fuerza jurídica vinculante, se convirtieron en un importante termómetro del sentimiento global y recalcaron la urgente necesidad de acción, ante el avance de una crisis humanitaria calificada por la ONU como inminente hambruna.
Durante el debate, el embajador de España, Héctor Gómez, defendió que “enviar un mensaje claro sobre Gaza es urgente”, en tanto que el representante palestino, Riyad Mansour, advirtió que las decisiones de la Asamblea “determinarán cuántos niños palestinos mueren”. En contraposición, el embajador israelí Danny Danon acusó a la resolución de no condenar a Hamas, calificando la acusación de usar la hambruna como arma de guerra como un “libelo sangriento”.
El texto exigió además la liberación de detenidos palestinos, el retorno de restos mortales, y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, tal como se estipula en la resolución del Consejo 2735 de junio de 2024. También se apoyó un plan de recuperación y reconstrucción impulsado por la Liga Árabe y la OIC bajo liderazgo de la Autoridad Palestina, e instó a una conferencia internacional en Egipto para coordinar dichos esfuerzos.
Pese a su naturaleza no vinculante, esta resolución representa un hito diplomático que refleja el aislamiento creciente de Estados Unidos e Israel en la comunidad internacional, y una presión moral elevada hacia el cumplimiento de las obligaciones legales humanitarias. También refuerza el reconocimiento global de Palestina y el impulso hacia una solución bi‑estatal, conforme al orden legal internacional.
Esta resolución, impulsada por España y Palestina, no sólo exige medidas inmediatas para aliviar el sufrimiento en Gaza, sino que también establece un objetivo político y legal de solución del conflicto a largo plazo. Al no contar con el aval del Consejo de Seguridad, su adopción en la Asamblea refleja una voluntad colectiva de actuar frente a una emergencia humanitaria, y coloca a España como un actor diplomático clave en este momento crucial.
El órgano de 193 miembros reanudaba así su Décimo Periodo Extraordinario de Sesiones de Emergencia sobre las “Acciones ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado”, tras el fracaso del Consejo de Seguridad, el 4 de junio, en adoptar una resolución sobre el asunto debido al veto de Estados Unidos.
En sus términos, la Asamblea también condenó enérgicamente cualquier uso del hambre de los civiles como método de guerra y la denegación ilegal del acceso humanitario, y destacó la obligación de no privar a los civiles en la Franja de Gaza de los objetos indispensables para su supervivencia, incluso impidiendo deliberadamente el suministro de socorro y su acceso.
