Desde el 2 de diciembre de 2024, es obligatorio en España un nuevo sistema de registro de viajeros para establecimientos turísticos, regulado por el Real Decreto 933/2021. Este sistema requiere recopilar hasta 43 datos de los huéspedes, incluyendo información personal, de contacto, método de pago y relaciones de parentesco entre los viajeros (especialmente si hay menores). Estos datos deben enviarse a la plataforma del Ministerio del Interior y conservarse por hasta tres años. La normativa afecta a hoteles, hostales, agencias de viajes, plataformas como Airbnb y empresas de alquiler de vehículos sin conductor, aunque quedan exentas las actividades no profesionales de hospedaje.
El objetivo principal de esta medida es mejorar la seguridad ciudadana, permitiendo a las fuerzas del orden prevenir y resolver delitos relacionados con el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, ha generado rechazo en el sector turístico debido a los costes adicionales, preocupaciones de privacidad y el impacto potencial en la competitividad frente a otros países europeos. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 100 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El nuevo registro de datos en los hoteles españoles, regulado por el Real Decreto 933/2021, no es una obligación impuesta directamente por la Unión Europea, aunque está relacionado con el cumplimiento de objetivos de seguridad establecidos en normativa europea. No obstante, el Gobierno español sí invoca a la UE para explicar su aplicación.
El decreto tiene como fin reforzar la prevención de delitos como terrorismo y crimen organizado, en línea con compromisos internacionales y normativas como la Directiva (UE) 2016/681 sobre el uso de datos de pasajeros para la prevención de delitos graves. Este decreto amplía significativamente el número de datos requeridos respecto a los estándares comunes en la UE, pasando de los 14 tradicionales a 43 en el caso de hoteles. Esto incluye información detallada como métodos de pago, relación entre viajeros y datos de contacto, lo que ha generado críticas en el sector turístico.
Asociaciones como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han señalado que las exigencias del decreto son excesivas y que podrían violar principios de proporcionalidad y protección de datos establecidos en la normativa europea
Aunque el objetivo del registro se alinea con políticas europeas de seguridad, las especificaciones del decreto son una iniciativa del Gobierno español y no están obligadas por la UE en su alcance exacto. Esto ha llevado a solicitudes de revisión para garantizar que la norma respete la competitividad y los derechos de los viajeros.
La realidad es que el Ministerio del Interior ya ha activado el nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Este registro está recogido en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre de 2021, que está en vigor desde abril de 2022. Desde entonces, el ministerio asegura haber mantenido un “diálogo constante” con los sectores afectados y aplicado distintas moratorias a su puesta en funcionamiento para facilitar su adaptación al nuevo mecanismo de recogida de datos.
Historia de los registros
El registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959, y, recuerda Interior, había quedado “obsoleto” con el paso del tiempo al no recoger nuevas modalidades de negocio como las viviendas turísticas de corta duración o los portales y centrales de reserva de habitaciones a través de medios digitales en internet.
El nuevo registro permite ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas.
Estas empresas, señala Interior, “solo deberán volcar en el nuevo registro aquellos datos que recaben para su propia gestión comercial, datos que en su mayoría son los mismos que ya comunicaban al anterior registro activo desde 1959”. Respecto a la identidad de los clientes, la principal novedad, subraya Interior, consiste en hacer constar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad, mientras que sobre las operaciones comerciales deberán precisar el medio de pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago, sistemas inexistentes hace 65 años.
Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, existe desde 1974 y su normativa también ha quedado desfasada medio siglo después. Como en el caso anterior, el nuevo sistema obliga también, junto a las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet.
Un sistema más ágil
El nuevo registro está alojado en la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, responsable de la custodia y protección de los datos que en ella sean alojados. Esta aplicación, asegura el Gobierno, simplifica y facilita las labores de procesado e integración de la información, ya que elimina los antiguos libros de registro que debían elaborar las propias empresas y los sustituye por la agilidad y funcionalidad de los modernos sistemas electrónicos de comunicación. “Es una aplicación segura y accesible que permite la integración de aplicaciones externas para facilitar el envío automatizado de la información y el volcado masivo de datos y aliviar la carga administrativa de las empresas obligadas”, asegura Interior.
La aplicación ses.hospedajes está ya operativa. A prueba durante este 2024, en la misma ya se han registrado más de 61.500 establecimientos hoteleros, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y más de 1.700 empresas de alquiler de vehículos a motor. Durante estos meses de prueba, el registro de pernoctaciones y alquiler de vehículos ha recibido ya 4,8 millones de datos de clientes de estas empresas, sin que su volcado se haya visto obstaculizado por impedimentos técnicos ni haya generado carga adicional en la gestión administrativa de los sectores obligados.
El registro ses.hospedajes, afirma Interior, “no solo moderniza estos instrumentos policiales existentes en España desde hace décadas, sino que da además respuesta a dos mandatos incluidos en leyes vigentes en el ordenamiento jurídico”, como son el artículo 45 del Acuerdo de Schengen de junio de 1985 que establece la obligación de elaborar y poner a disposición de las autoridades las fichas de identidad de los clientes de establecimientos hoteleros, así como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en su artículo 25 obliga a diversos sectores económicos, el hospedaje y el alquiler de vehículos entre ellos, a disponer de un registro documental de sus clientes.
Quienes lo contestan recuerdan que, siendo cierto, no menos cierto es que no se obliga a ningún país al carácter extensivo de datos, tanto cuantitativos como cualitativos.
En su descargo, el Ministerio del Interior señala que este registro ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que concluyó que su contenido queda amparado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. También el Consejo de Estado dio su aval a esta nueva regulación.
Los hoteles están que trinan
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) anuncia que emprenderá acciones legales debido a la “falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros”.
La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las “reiteradas advertencias” sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, aseguran los hoteleros en una nota, el Gobierno “no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación”.
Una normativa con impacto directo sobre viajeros y empresarios
Para CEHAT, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos “más complejos y tediosos”, comprometiendo su experiencia de alojamiento.
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa “confusa y desproporcionada” y que, aseguran, vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. CEHAT denuncia que esta “falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable” para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, lamenta la actitud del Ejecutivo: “Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros.”
En este contexto, CEHAT está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa por su “impacto desproporcionado y su incompatibilidad” con las directivas europeas. La patronal considera que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos.
“España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen”, concluye Marichal.
No obstante, CEHAT reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa. A este respecto, Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, subraya que “siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguimos abiertos al diálogo para encontrar soluciones tecnológicas viables y seguras, antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto”.
