Las asociaciones profesionales de militares ASFASPRO, AUME y UMT consideran que tras la urgencia de las intervenciones vitales en las zonas afectadas por la DANA, el personal militar debe realizar su trabajo con las “adecuadas medidas de descanso y protección” ante los riesgos del entorno.
Transcurrido más de un mes desde la catástrofe producida por la DANA, según explican en un comunicado conjunto, el personal militar sigue sobre el terreno “esforzándose en aquellas actuaciones que permitan cuanto antes la vuelta a la normalidad de la población afectada. Un trabajo sin pausa que”, advierten, “debe realizarse garantizando a quien lo desempeña unas adecuadas condiciones de seguridad”.
En este sentido, las asociaciones profesionales de militares refieren que, tanto la ministra de Defensa como el jefe de la UME han realizado declaraciones en las que informan que las Fuerzas Armadas están trabajando durante 24 horas, “sin descanso y que permanecerán en la zona todo el tiempo que sea necesario”.
Pero, señalan las asociaciones profesionales de militares, “esta permanencia en la zona deber ser compatible con una gestión adecuada del personal, turnos de descanso, condiciones de trabajo, medios de protección adecuados a cada caso, alojamiento y alimentación, en resumen, debe ser compatible con su salud, seguridad y derechos”.
Por esta razón expresan su “preocupación”, razón por la que han solicitado, hace ya dos semanas, un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar de todo ello, pues, recuerdan en su comunicado conjunto, que “no estamos en misión de guerra y el personal militar no puede ser tratado como si estuviera en una trinchera del frente”.
En este marco, manifiestan su doble preocupación porque algunos de los militares desplegados en las zonas afectadas por la DANA han ingresado en centros hospitalarios “como consecuencia de heridas e intoxicaciones producidas en las labores de limpieza de garajes”, lo que la propia ministra de defensa reconoció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, y que las asociaciones profesionales de militares atribuyen a “la no adopción de protocolos de seguridad específicos”.
