Libia, el vasto país petrolero del norte de África, sigue siendo uno de los Estados más fragmentados y politizados del continente más de una década después del derrocamiento del coronel Muamar Gadafi en 2011. Aunque formalmente existe un Gobierno de Unidad Nacional (GNU) reconocido internacionalmente con sede en Trípoli, la realidad sobre el terreno es la de una nación dividida, con poder político y armado repartido entre diversas instituciones rivales, milicias y líderes regionales.
El Gobierno de Unidad Nacional está encabezado por Abdul Hamid Dbeibeh, quien fue designado primer ministro en 2021 en un proceso auspiciado por la ONU a través del Foro de Diálogo Político Libio. En teoría, este gobierno debía unir al país y preparar elecciones generales, pero la ausencia de una constitución definitiva y la desconfianza entre facciones han paralizado ese proyecto.
Este Ejecutivo es apoyado por la mayoría de la comunidad internacional (ONU, Turquía, Qatar y otros), y conserva el control de la capital y gran parte del oeste del país. Dbeibeh también ejerce funciones integradas con el Presidential Council (Consejo Presidencial), que actúa como jefe de Estado colectivo, liderado por Mohamed al-Menfi.
Sin embargo, Libia no tiene un poder central consolidado. En el este y parte del sur del país existe un gobierno rival conocido como Gobierno de Estabilidad Nacional (GSN) con sede en Bengasi, respaldado por la Cámara de Representantes (el parlamento con base en el este). El GSN, actualmente bajo el liderazgo de Osama Hammad y apoyado militarmente por el general Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio (LNA), controla de facto grandes áreas, incluyendo importantes yacimientos petroleros y fronteras económicas. Este paralelismo de poderes políticos y militares —dos gobiernos que se disputan legitimidad, recursos y alianzas— es el principal rasgo de la Libia pos-Gadafi.
La primavera que dio paso a un largo otoño
La revolución libia de 2011, parte de la llamada Primavera Árabe, culminó con la captura y muerte de Muamar Gadafi tras 42 años de régimen autoritario. Esto liberó al país de una dictadura brutal y abrió el camino a las primeras elecciones libres en décadas.
Inmediatamente después de la caída de Gadafi, se creó el Consejo Nacional de Transición (CNT), que trabajó para reconstruir un marco institucional y convocar elecciones. En julio de 2012 se eligió el Congreso Nacional General (GNC), el primer parlamento post-Gadafi. Sin embargo, la debilidad del Estado central, la proliferación de milicias armadas y la ausencia de mecanismos sólidos de seguridad provocaron una segunda guerra civil a partir de 2014, con dos gobiernos emergentes en Trípoli y Tobruk respectivamente, y generalizados enfrentamientos entre grupos armados con apoyo de potencias regionales.
A pesar de intentos de mediación internacional —como el acuerdo político de Skhirat en 2015 y el proceso político auspiciado por la ONU en 2021— Libia nunca ha conseguido una estabilidad política completa.
¿Qué es lo que ha empeorado desde el tiempo de Gadafi? En primer lugar, la fragmentación institucional y ausencia de unidad estatal. Libia sigue sin un gobierno plenamente reconocido en todo el territorio. La dualidad Tripoli–Bengasi debilita la soberanía, reduce la capacidad fiscal y perpetúa tensiones políticas y económicas.
El otro asunto por resolver es la seguridad y las milicias. El país no ha logrado integrar o desarmar a las numerosas milicias que florecieron tras 2011. Estas fuerzas actúan como actores armados con influencia política y económica local, y a menudo violan derechos humanos. En 2025, la muerte de líderes milicianos como Abdel Ghani al-Kikli generó explosiones de violencia urbana en Trípoli, obligando a evacuaciones y resaltando la persistencia de la amenaza.
Luego está el crimen organizado y la economía informal: El contrabando de combustible y otros recursos se ha convertido en una fuente de ingresos ilegales con implicaciones regionales. Entre 2022 y 2024, Libia perdió miles de millones de dólares por el contrabando de combustible, lo que afectó gravemente a sus ingresos públicos.
Otro aspecto de desestabilización es la influencia militar de líderes no civiles. Figuras como Khalifa Haftar y sus aliados continúan ejerciendo poder en regiones enteras, reforzado incluso mediante nombramientos familiares en estructuras clave del LNA, lo que complica la pacificación y consolida economías de guerra.
Aspectos que han mejorado o consolidado avances. Pues, haberlo, haylos. A pesar de la fragilidad, instituciones como el Presidential Council y el Government of National Unity han mantenido cierta continuidad y reconocimiento internacional, permitiendo negociación diplomática y acceso a cooperación externa.
También relativamente reciente reapertura del Museo Nacional de Libia en el histórico Castillo Rojo de Trípoli, cerrado durante casi 14 años, representa un símbolo cultural de resiliencia y un intento de reconstrucción social y patrimonial. Es otro síntoma de que el país iría en la buena dirección.
Por otra parte, el diálogo estructurado impulsado por la ONU, con comisiones mixtas y preparativos de leyes electorales, muestra que existe voluntad —aunque limitada y con dificultades— de avanzar hacia elecciones y unificación del Estado en el largo plazo, también es un hecho positivo. De igual modo, en 2024 se logró algo poco común desde 2011: la aprobación conjunta por todas las principales instituciones libias de un nuevo gobernador para el Banco Central, lo cual fue interpretado como un paso hacia la cooperación institucional y la estabilidad económica.
En cualquier caso, Libia sigue siendo un Estado en transición más de una década y media después de la caída de Gadafi: con gobiernos paralelos, élites divididas, milicias armadas y un proceso político frágil que lucha por lograr legitimidad y cohesión nacional. La existencia de un Gobierno de Unidad Nacional reconocido internacionalmente da una base para la esperanza, pero la fragmentación territorial y política demuestra que la construcción de un Estado unido y funcional está lejos de completarse.
El futuro político de Libia dependerá en gran medida de la capacidad de reconciliación interna, de reformas constitucionales profundas y de un compromiso sostenido con elecciones libres y transparentes.
