En la encuesta realizada para el informe “Lucha contra la desinformación en el Euroatlántico: fortalezas y lagunas” del Centro Europeo de Excelencia en Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), participaron un total de 23 países y organizaciones asociadas. Estos actores representan tanto países de la Unión Europea como de la OTAN, además de algunas instituciones internacionales relacionadas con la defensa y la seguridad en el espacio euroatlántico.
La muestra incluye diversos niveles de responsabilidad y enfoques institucionales, reflejando la variedad de capacidades y estrategias que se están implementando en respuesta a las amenazas de desinformación y campañas híbridas. La participación en la encuesta abarca desde instituciones gubernamentales dedicadas a la ciberseguridad, comunicación estratégica y seguridad nacional, hasta actores no gubernamentales como medios de comunicación, ONG y centros académicos vinculados a la lucha contra las campañas de desinformación.
Este amplio espectro de actores proporciona una visión integral y multilateral de las capacidades y obstáculos existentes en la región, permitiendo identificar buenas prácticas, desafíos comunes y lógicas de cooperación descentralizada o centralizada en la lucha contra la desinformación en el entorno euroatlántico.
España, estado participante del Hybrid CoE desde julio de 2017, ha participado en la encuesta realizada para este informe. España es uno de los 23 países y organizaciones que respondieron el cuestionario, dentro del grupo de Estados Participantes y Organizaciones Asociadas del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas Híbridas.
La inclusión de España confirma nuestra implicación activa en el análisis y elaboración de políticas destinadas a contrarrestar la desinformación, colaborando en un entorno multilateral con otros países de la Unión Europea y la OTAN que comparten este desafío de seguridad.
El documento estructura las medidas contra la desinformación en torno a las «Cuatro líneas de defensa«: detección y documentación, concienciación pública, reparación de debilidades sistémicas y limitación, sanción y disuasión de los agresores de la información.
- Detección y documentación rigurosa de campañas desinformativas, incluyendo la monitorización sistemática tanto de fuentes extranjeras como nacionales. A pesar de la amplia adopción del monitoreo tradicional (medios convencionales y redes sociales), la aplicación de metodologías avanzadas para medir el impacto real de estas campañas y su nivel de amenaza sigue siendo incipiente. Subraya la necesidad de ampliar el uso de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para dotar de mayor precisión y rapidez a estas capacidades.
- Concienciación pública focalizada en la educación ciudadana sobre las tácticas, objetivos y efectos de la desinformación. Si bien la mayoría de los países desarrolla campañas públicas, la eficacia y alcance real de estas iniciativas son desafíos persistentes, limitados por enfoques mayormente genéricos y falta de mediciones claras de impacto.
- Reparación de vulnerabilidades del ecosistema informacional, con énfasis en la mejora de la alfabetización mediática y la confianza institucional. Este es un campo con avances dispares, donde las intervenciones gubernamentales sólidas y sistemáticas aún son deficitarias y se destaca la aportación crítica del sector no gubernamental y académico.
- Limitación, sanción y disuasión de los actores agresores de la información mediante un espectro que va desde medidas simbólicas (denuncia pública, etiquetado) hasta la aplicación de marcos legales existentes que permitan un actuar judicial efectivo. Este componente es el menos desarrollado y presenta amplias oportunidades para robustecer la respuesta estatal, garantizando siempre el respeto a derechos fundamentales.
El informe concluye que la insuficiencia de recursos financieros y humanos es transversal en todos los niveles de defensa, y que la coordinación interinstitucional, aunque presente, requiere optimización para potenciar sinergias.
Recalca la relevancia de fortalecer la cooperación entre el sector público y la sociedad civil, especialmente en la utilización de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para la detección y análisis avanzado, y en la diversificación de estrategias de comunicación para lograr una ciudadanía más resiliente y crítica ante la desinformación.
Recomienda un aumento sustancial de inversión orientada, la transparencia en la divulgación de datos sobre desinformación, el desarrollo de estrategias legales claras y proporcionadas, y el aprendizaje sistemático de experiencias exitosas, ejemplificadas en casos como Ucrania y los Estados bálticos, pioneros en el enfrentamiento integral a esta amenaza híbrida.
Este informe ofrece un panorama actualizado, identificando fortalezas y brechas en la región euroatlántica para enfrentar la desinformación, enfatizando la necesidad de un enfoque integral que combine vigilancia, educación, reparación y sanción con un compromiso político y financiero adecuado.
Este documento se erige en una referencia indispensable para profesionales de inteligencia, seguridad, comunicación estratégica y políticas públicas, ofreciendo un mapa actualizado y pragmático de las prácticas en la región euroatlántica para contrarrestar una amenaza compleja que sigue evolucionando.
