Durante más de una década, las pulseras telemáticas de control a maltratadores han sido uno de los pilares de la lucha contra la violencia de género en España. Este sistema, basado en un dispositivo que lleva el agresor en el tobillo y otro que porta la víctima, permite alertar de forma inmediata a las autoridades si el agresor se acerca a la mujer en contra de lo dictado por una orden de alejamiento.
Sin embargo, en los últimos meses, se ha puesto en el punto de mira la eficacia de este sistema. Casos de mujeres que han sido agredidas o asesinadas pese a que sus agresores llevaban pulsera han generado alarma social y un debate urgente: ¿por qué están fallando?
Uno de los principales problemas parece ser tecnológico. Las pulseras funcionan gracias a la geolocalización, que se basa en la cobertura GPS y la comunicación de datos en tiempo real con una central. Si el agresor entra en una zona sin cobertura suficiente, por ejemplo, en áreas rurales, garajes subterráneos o viviendas con señal débil, el sistema puede tardar en enviar la alerta.
Esto genera una “ventana de vulnerabilidad” que puede ser aprovechada por el maltratador. Además, la sobrecarga de la red en determinados momentos del día o fallos en los servidores que gestionan los avisos también pueden provocar retrasos críticos.
Otro factor que ha quedado en evidencia es la falta de recursos humanos para dar respuesta a las alertas. Cuando la pulsera detecta una infracción, la señal llega a una central de control y posteriormente se comunica a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la respuesta no siempre es inmediata. Asociaciones de víctimas han denunciado que, en algunos casos, los tiempos de reacción son excesivos debido a la saturación de los equipos policiales o a la falta de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad que deben actuar. Esto es especialmente grave en comunidades autónomas donde las competencias policiales están compartidas y la coordinación puede ser más lenta.
Las carencias presupuestarias también están sobre la mesa. Expertos en violencia de género han denunciado que la tecnología utilizada por las pulseras no se actualiza con la frecuencia necesaria. Se sigue empleando un sistema que fue pionero hace más de una década, pero que no ha evolucionado al mismo ritmo que otras soluciones de geolocalización. “Si el smartphone de cualquier ciudadano se actualiza cada pocos meses, ¿por qué un dispositivo que puede salvar vidas no recibe mejoras constantes?”, cuestionan desde asociaciones de mujeres. Además, la inversión en mantenimiento y en formación de los agentes que deben operar el sistema ha sido, según denuncian, insuficiente.
También existe un componente legal y judicial que no puede pasarse por alto. No todos los jueces imponen el uso de la pulsera en los casos de violencia de género, incluso cuando hay riesgo evidente. La decisión de colocar el dispositivo suele depender de la valoración del riesgo por parte de los equipos psicosociales y del juez instructor, y hay disparidad de criterios entre distintos territorios. Esto provoca que mujeres en situaciones similares tengan niveles de protección muy diferentes. Además, algunas víctimas han denunciado que las pulseras no se instalan con la rapidez necesaria después de la sentencia, lo que deja un periodo de tiempo sin protección.
La manipulación intencionada de las pulseras por parte de los agresores es otro problema emergente. Aunque el dispositivo está diseñado para detectar intentos de retirada o sabotaje, en algunos casos los agresores han conseguido romperlo o desactivarlo el tiempo suficiente para atacar a la víctima antes de que la policía pueda reaccionar. Expertos piden que los dispositivos sean más robustos y que incorporen tecnología que haga prácticamente imposible su manipulación sin que se genere una alerta instantánea.
Finalmente, hay un aspecto psicológico y social que agrava la situación: la falsa sensación de seguridad. Algunas víctimas confían plenamente en el sistema y relajan las medidas de autoprotección, pensando que la pulsera es un escudo infalible. Los expertos en violencia de género insisten en que este dispositivo es una herramienta de apoyo, no una solución absoluta, y que las víctimas deben seguir manteniendo protocolos de seguridad personales.
¿Pulseras más baratas?
Hasta 2023, el servicio lo tenía Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct para parte del servicio. También se ha mencionado que Telefónica contrató con un proveedor israelí para la parte de encriptación o gestión de datos. Desde marzo de 2024 el contrato fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas Seguridad España. El nuevo contrato contempla la gestión de unos 11.431 dispositivos entre 2024-2026.
El sindicato JUPOL ha denunciado que las nuevas pulseras costaban mucho menos que las antiguas. Se ha dicho que antiguamente cada dispositivo costaba unos 1.500 euros, mientras que con el nuevo sistema costarían unos 150 euros por dispositivo. JUPOL afirma que los nuevos dispositivos tienen fallos técnicos frecuentes: falsas alarmas, localizaciones “congeladas”, posibilidad de quitarse la pulsera con facilidad, etc.
También se denuncian problemas en la migración de datos entre las empresas gestoras, concretamente, que datos de localización anteriores a marzo de 2024 desaparecieron o quedaron inaccesibles para los juzgados, lo que provocó sobreseimientos o absoluciones de agresores por falta de pruebas. Nunca peor dicho, en este ámbito han sonado todas las alarmas.
