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miércoles, julio 29, 2026

¿Se propone EE.UU. emular con Maduro su caída como con Noriega en Panamá?

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Algunos analistas ya hacen comparaciones entre la presión que sufre ahora Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos con la que acabó con el derrocamiento en su día de Manuel Antonio Noriega en Panamá. En una acción sin precedentes en la región, Estados Unidos ha decidido desplegar tres destructores de misiles guiados cerca de las costas venezolanas, como parte de una operación destinada a enfrentar al narcotráfico, al que califica de “narcoterrorismo”.

La medida, aprobada por el gobierno del presidente Donald Trump, marca una nueva fase de presión militar que ha generado una intensa respuesta política y diplomática por parte de Caracas.

Las unidades navales implicadas son los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos de la clase Arleigh Burke, equipados con el sofisticado sistema de combate Aegis. Este sistema permite detectar, rastrear y neutralizar amenazas aéreas, de superficie y submarinas, y cuenta con poderosas capacidades ofensivas como misiles de crucero Tomahawk, misiles estándar antiaéreos, lanzadores verticales y armamento antisubmarino, además de helicópteros MH-60R Seahawk en el USS Sampson.

Esta operación forma parte de un despliegue más amplio que incluye alrededor de 4.000 marines, aviones de patrulla P-8 Poseidon, al menos un submarino de ataque, y otros buques y aeronaves, según fuentes del Departamento de Defensa estadounidense. El despliegue se desarrollará en aguas y espacio aéreo internacionales y se prolongará por varios meses, con posibilidad de operar como plataforma para ataques selectivos, si así se ordena.

La justificación oficial señala que esta estrategia responde a la lucha contra cárteles como el Cartel de los Soles, Tren de Aragua y otros grupos narcotraficantes organizados, que Estados Unidos ha calificado como organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión permite aplicar medidas más amplias, incluyendo sanciones financieras y legales.

En paralelo, la Administración de Justicia de EE.UU. ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado de encabezar redes del narcotráfico vinculadas a cárteles regionales. Asimismo, se han confiscado activos del mandatario y sus allegados por un valor aproximado de 700 millones de dólares, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y aviones.

Respuesta de Venezuela

Ante esta escalada, el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado lo que considera una agresión y amenaza directa a la soberanía del país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó las acusaciones de «absurdas e inmorales» y sostuvo que las organizaciones señaladas están desarticuladas. La reacción política incluyó la convocatoria del Alto Mando Militar y actos públicos denunciando lo que considera una intervención imperialista.

Maduro también anunció la activación de un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, componente de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), distribuidos en todo el territorio como una respuesta a lo que describe como una amenaza de guerra. Además, se impuso una prohibición temporal de uso de drones en el espacio aéreo venezolano, tras recordar un intento de atentado con este tipo de aparatos en 2018.

La operación representa una escalada significativa en la política exterior estadounidense hacia Hispanoamérica, combinando presencia militar con acciones legales y financieras contra actores vinculados al chavismo. Este enfoque proyecta un mensaje claro: considera legítimo utilizar la fuerza y la presión mientras califica al régimen como plataforma del narcotráfico internacional.

El gobierno de Trump, además, ha presionado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intensifique acciones contra los cárteles, aunque ella ha rechazado cualquier intervención militar extranjera en su territorio.

Como parte del despliegue multilateral, se movilizarán recursos de entidades como la DEA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Cuerpo de Guardacostas y agencias de inteligencia, en cooperación con 22 países aliados que facilitan vigilancia, inteligencia y apoyo operativo.

 

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