En una frase directa que reavivó tensiones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que España “quizás debería ser expulsada” de la OTAN por no cumplir con los objetivos de gasto en defensa. La observación la pronunció en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente finlandés, Alexander Stubb.
El trasfondo de la andanada es un cambio de eje en la política de la OTAN impulsado en este año: bajo la presión de Washington, varios aliados aceptaron aumentar gradualmente su gasto en defensa hasta un objetivo, muy por encima del 2% tradicionalmente citado, fijado en torno al 5% del PIB en el horizonte pactado.
España negoció y obtuvo una fórmula de excepción o trato diferenciado que le permite no comprometerse con ese umbral del 5% por ahora, argumentando prioridades sociales y la realidad de su economía. Esa negociación y la consiguiente reticencia española fueron fuentes de fricción continuadas con la Casa Blanca.
Las palabras de Trump no llegaron en vacío. En otras ocasiones recientes el presidente había advertido a España con sanciones comerciales y arancelarias, incluso insinuando “dobles” aranceles en negociaciones, si no ajustaba sus compromisos de defensa. Esa mezcla de presión militar y económica es consistente con la praxis exterior trumpista de vincular obligaciones de seguridad con ventajas comerciales y castigos económicos.
El Gobierno español viene defendiendo su acuerdo con la OTAN y reiterando que la participación y legitimidad de España en la Alianza permanecen intactas.
Desde el punto de vista jurídico y organizativo, la idea de expulsar a un miembro de la OTAN choca con un hecho elemental: el Tratado del Atlántico Norte no prevé un mecanismo formal de expulsión. El artículo relevante, el Artículo 13, contempla la posibilidad de que un país se retire voluntariamente tras notificarlo y esperar un año; pero no regula la expulsión forzosa.
Si bien la comunidad aliada puede tomar medidas políticas y limitar la cooperación con un socio problemático, no existe una cláusula automática para echar a alguien, y los sucesos históricos muestran que las soluciones practicas suelen ser diplomáticas, económicas o militares en forma de sanciones o suspensión de apoyo, no una expulsión administrativa.
¿Por qué, entonces, este exabrupto importa más que una bronca entre aliados? Primero, porque abre una nueva vía de presión personalista en las relaciones transatlánticas: si un presidente dispone de la narrativa pública para vincular defensa y comercio, la cohesión política de la OTAN puede resentirse. Segundo, porque pone en evidencia fisuras internas. Países del sur de Europa con prioridades públicas y sociales, como es el caso español, distintas a las de Washington corren el riesgo de quedar señalados ante audiencias internas y externas.
En tercer lugar, porque activa incertidumbres estratégicas, empezando por la credibilidad de las garantías de defensa (artículo 5) depende no sólo de compromisos militares, sino de la certeza política de que los socios no serán marginados por disputas económicas o retóricas.
Las implicaciones prácticas, más allá del titular, son complejas. En lo inmediato, caben varias líneas de actuación: En primer lugar, esfuerzos diplomáticos para apagar el incendio, por medio de contactos discretos entre embajadas, ministros y la propia sede de la OTAN; En segundo lugar, la prolongación de la negociación sobre compras y gasto que evite confrontaciones públicas; y, en tercer lugar, el riesgo real de represalias comerciales si Washington decide convertir la retórica en acción, algo que afectaría no sólo a Estado y mercado, sino a empresas europeas con intereses en EE.UU.
Un punto crucial a tener en cuenta es la percepción pública. En España, la narrativa útil para el Gobierno será subrayar que la pertenencia a la OTAN se negocia en foros multilaterales y que ningún país, ni siquiera la potencia dominante, puede, por sí sola, decidir la expulsión. La contraparte estadounidense, en cambio, se sirve del escrutinio público para forzar cambios de conducta, especialmente en materia presupuestaria. Ese choque entre legalidad multilateral y presión bilateral es el núcleo del episodio.
Finalmente, si la intención es convertir la frase en catalizador de política, hay dos escenarios posibles. Uno relativamente suave, en el que España convierte la ofensiva en diálogo y concesiones parciales que calman a Washington, y otro más áspero, en forma de pulso comercial-militar que degrade la relación y provoque tensiones en la OTAN, incluso entre aliados que hoy están de acuerdo en otros asuntos (Ucrania, disuasión de Rusia, etc.). Ambos escenarios tienen costes políticos, económicos y estratégicos, y ambos exigen respuestas medidas por parte de Madrid y de los aliados europeos.
En síntesis, la frase de Trump “quizás deberían expulsarlos” es más que una amenaza retórica, es una herramienta negociadora que evidencia que la relación entre contribuciones militares, intereses comerciales y liderazgo político puede reconfigurar la diplomacia aliada. No existe hoy un camino sencillo para expulsar a España de la OTAN por la vía legal, pero el daño reputacional, las amenazas comerciales y la presión política pueden convertirse en castigos efectivos si se materializan.
Trump no engaña a nadie, ni tampoco sorprende, pues ya advirtió a Pedro Sánchez en su día de que el país iba a pagar de alguna manera su cerrazón a aumentar el gasto en defensa. Y no parece olvidarse Trump de sus propias palabras.
En cualquier caso, lo que está sobre la mesa es una cuestión mayor, la resistencia de los estados miembros a aceptar criterios uniformes de gasto y la voluntad de Estados Unidos de presionar para imponerlos. El resultado, si se calman los ánimos o si se profundiza la división, dependerá en las próximas semanas de diplomacia pública y privada, interlocuciones en Bruselas y de si la Casa Blanca decide transformar la retórica en acción.
