En vísperas de la cumbre de la OTAN, prevista para finales de junio en La Haya, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, propone elevar el gasto militar de los miembros hasta el 5 % del PIB (3,5 % para defensa directa y 1,5 % para infraestructura y capacidades relacionadas). Esta solicitud surge bajo la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que insta a los aliados a asumir una mayor carga financiera.
España, que en 2024 dedicó apenas el 1,3 % de su PIB a defensa (el porcentaje más bajo de la OTAN), se encuentra entre los países más reticentes a adoptar este nuevo objetivo. Aunque el Gobierno se ha comprometido a alcanzar el 2 % en 2025 mediante un aumento presupuestario de unos 10. 500 millones de euros, considera que elevar el gasto a cifra del 5 % resultaría “irrazonable y contraproducente”.
En su carta, Sánchez declara que “España no se puede comprometer con un objetivo específico de gasto en términos de PIB en esta cumbre”, al tiempo que acusa directamente al planteamiento como “irracional e incompatible con el mantenimiento del estado del bienestar” y lo califica de «contraproducente».
El primer argumento central de Sánchez se basa en el gran coste económico que supondría llegar al 5 %: una cifra que, según sus estimaciones, alcanzaría los 80.000 millones de euros anuales. Este aumento podría disparar la deuda pública, generar inflación y obligar a recortar gasto social o elevar los impuestos, lo que choca con la política de Estado del bienestar.
En su misiva, Sánchez defiende que España cumplirá los compromisos de capacidad militar acordados con un gasto próximo al 2,1 % del PIB, sin necesidad de asumir la exigencia del 5 %. Hace mención a la propuesta de Defensa, liderada por Margarita Robles, que considera suficiente ese margen para contribuir con eficacia al esfuerzo colectivo.
El presidente propone que el objetivo pueda formularse de forma “flexible” u opcional. Así, la declaración conjunta de la OTAN permitiría que cada país decidiera en función de sus circunstancias. España insiste en no obstaculizar un consenso general, pero sí en garantizar que la exigencia del 5 % no se imponga de forma homogénea.
La carta de Sánchez amenaza con tensiones diplomáticas internamente en la OTAN. Varios aliados, entre ellos Italia, Canadá, Reino Unido y Bélgica, también han expresado reservas. La negativa de España, una de las economías más grandes del bloque, podría dificultar alcanzar el consenso necesario para aprobar una modificación del objetivo de gasto en la próxima cumbre.
En EE. UU., la exigencia del Pentágono y la Casa Blanca se mantiene firme, y el cónclave de La Haya se ha reducido en duración, posiblemente para evitar que Trump se retire anticipadamente, como ocurrió en anteriores reuniones internacionales.
La decisión de Sánchez llega en un momento delicado para su gobierno, afectado por investigaciones de presunta corrupción relacionadas con exmiembros destacados del PSOE. En este escenario, un compromiso militar mayor podría acarrear un coste político interno, especialmente entre sus socios de coalición y movimientos progresistas, contrarios a recortes sociales.
Sin duda, la carta de Pedro Sánchez representa un firme posicionamiento político que busca un equilibrio entre la defensa colectiva y la preservación de la cohesión social y económica interna. A través de argumentos económicos, como el posible sacrificio del estado del bienestar, capacidades militares —la viabilidad del 2 %— y principios de soberanía, demanda una solución más adaptable que evite compromisos que considera excesivos.
A nivel diplomático, este paso podría endurecer las negociaciones en La Haya, presionando para que la propuesta del 5 % se reformule con mecanismos de flexibilidad o excepciones. En el ámbito doméstico, refleja una estrategia de Sánchez para resguardar a su coalición y posicionarse ante un entorno político complejo.
