En octubre de 2011, cuando ETA anunció “el cese definitivo de su actividad armada”, muchos pensaron que se cerraba una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de España. Lo que siguió fue un proceso de desarme (2017), disolución formal (2018) y un clima de creciente desmovilización de los sectores radicales.
Sin embargo, como ocurre con muchos grupos armados que atraviesan un proceso de disolución, las fracturas internas, las disidencias ideológicas y las resistencias a abandonar la vía violenta no tardaron en aflorar. Hoy, en 2025, si bien no existe actividad terrorista organizada con capacidad operativa, los rescoldos de ETA aún arden en los márgenes de la política vasca radical.
La decisión de ETA de abandonar las armas no fue producto de una sola causa, sino de un cúmulo de factores: la eficacia de las fuerzas de seguridad, la presión judicial, el aislamiento internacional, el rechazo social creciente y, no menos importante, una fractura interna en su seno. Aunque la dirección de la banda, acorralada, entendió que la lucha armada no tenía futuro, no todos los militantes ni simpatizantes compartían esa conclusión.
Desde los años 2000 ya existían tensiones entre distintas “familias” de ETA. Por un lado, los pragmáticos, que apostaban por canalizar la lucha nacionalista a través de la política legal, y por otro, los llamados irreductibles, que rechazaban toda rendición sin una victoria política. Estos últimos, minoritarios pero ruidosos, veían la paz como una traición a los “mártires caídos” y al proyecto revolucionario vasco.
Las disidencias más conocidas: de ATA a pequeños grupos clandestinos
Tras el cese de la violencia, algunos antiguos miembros y simpatizantes de ETA impulsaron iniciativas que rechazaban la disolución y denunciaban lo que consideraban una claudicación histórica. Una de las primeras plataformas que se dio a conocer fue ATA (Amnistia Ta Askatasuna), creada en 2014, que reclamaba la amnistía total para los presos y defendía el legado de la lucha armada como “una etapa legítima del conflicto político vasco”.
ATA nunca reivindicó la violencia, pero su lenguaje beligerante, su negativa a condenar los atentados y su discurso de confrontación con EH Bildu, a quien consideran “títeres del sistema”, generó preocupación. Aunque su influencia política fue limitada, representaron una línea dura que mantuvo vivo el espíritu de la confrontación.
Más preocupantes fueron pequeñas células clandestinas sin estructura formal, detectadas esporádicamente por la Guardia Civil o la Ertzaintza, que intentaban reactivar alguna forma de “resistencia” armada. La mayoría de estas iniciativas fueron abortadas antes de que pudieran concretarse. En 2016, por ejemplo, fueron detenidos varios individuos en Navarra y el País Vasco francés en posesión de explosivos artesanales y propaganda radical. Aunque no tenían conexión directa con una ETA reorganizada, compartían su ideario y métodos rudimentarios.
La ideología tras los barrotes
Uno de los elementos clave para entender la persistencia de ciertas ideas violentas es el universo carcelario. A lo largo de los años, más de 700 miembros de ETA han pasado por las prisiones españolas y francesas. La mayoría, con el tiempo, aceptó programas de reinserción o asumió algún nivel de autocrítica. Sin embargo, existe un pequeño núcleo, menos de un centenar, que se mantiene firme en su adhesión ideológica al proyecto armado.
Estos presos irreductibles rechazan colaborar con la Justicia, no piden perdón a las víctimas y han boicoteado en varias ocasiones los programas de reinserción. Algunos han difundido desde prisión textos o cartas abiertas donde reivindican la lucha armada como un “camino digno”, criticando incluso a la izquierda abertzale institucionalizada por su supuesta “traición”.
En este sentido, nombres como Txapote (Francisco Javier García Gaztelu) o Henri Parot representan el núcleo más radical, aunque su capacidad de influencia es limitada. No obstante, la simbología que representan sigue siendo utilizada por sectores extremistas como forma de resistencia identitaria y propaganda revolucionaria.
La disputa del relato
Uno de los grandes campos de batalla tras el final de ETA ha sido la memoria. ¿Quién tiene derecho a interpretar la historia? ¿Cómo se debe recordar a las víctimas? ¿Puede un sector seguir considerando “presos políticos” a quienes asesinaron civiles?
Las disidencias internas de ETA, hoy desorganizadas pero persistentes, se aferran a una visión heroica de la violencia. Consideran que su lucha fue una respuesta “proporcional” a lo que ven como un Estado español opresor. Aunque este discurso ha perdido fuerza social, aún se reproduce en determinados entornos marginales, especialmente en redes sociales, en colectivos juveniles radicalizados y en conmemoraciones clandestinas.
En barrios de Euskadi y Navarra, aún se pueden ver pintadas, pancartas o murales que homenajean a etarras condenados. Algunas fiestas populares incluyen actos en los que se reclama la liberación de los “presos políticos”, una denominación que provoca rechazo social y dolor entre las víctimas del terrorismo.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia no consideran que exista un riesgo serio de reorganización armada de ETA. Sin embargo, sí advierten del peligro de radicalización de pequeños grupos anarquistas, antifascistas o independentistas, que, inspirados por el pasado de ETA, puedan cometer actos de sabotaje, violencia callejera o acciones contra símbolos del Estado.
En 2022, el Ministerio del Interior incluyó en sus informes anuales referencias a “nuevas formas de disidencia ideológica de base etarra”, vinculadas al entorno de la kale borroka. Si bien carecen de cohesión y armamento, se mantienen como objeto de vigilancia constante. Su ideario, a menudo mezclado con causas como el antifascismo, el anticapitalismo o el rechazo al sistema penitenciario, genera preocupación en ciertos municipios del norte peninsular.
El papel de la izquierda abertzale institucionalizada
La coalición EH Bildu, heredera política del entorno de la antigua Batasuna, ha intentado en los últimos años distanciarse del pasado violento. Aunque durante años fue reacia a condenar de forma explícita los atentados, hoy defiende la vía pacífica y se presenta como una fuerza progresista y democrática.
Sin embargo, su relación con los presos de ETA y su ambigüedad en ciertos discursos sigue generando tensiones. Los sectores disidentes del independentismo acusan a Bildu de “abandonar la causa”, mientras que la derecha española los acusa de “blanquear el terrorismo”. El equilibrio es delicado, y la gestión de la herencia de ETA continúa siendo un campo minado para la política vasca.
A pesar de las disidencias y las resistencias, la sociedad vasca ha avanzado en la construcción de una convivencia más sólida. El rechazo a la violencia es hoy mayoritario, y la memoria de las víctimas ocupa un espacio central en muchas iniciativas institucionales y educativas.
No obstante, el hecho de que aún existan voces que justifican o romantizan el uso de la violencia, obliga a una vigilancia activa. No se trata solo de neutralizar posibles conatos terroristas, sino de combatir cultural e ideológicamente los discursos que deshumanizan al otro, justifican el crimen o reescriben la historia en clave heroica.
ETA está muerta. Lo dicen los jueces, los policías, los políticos, y lo perciben la mayoría de los ciudadanos. Pero su sombra, como ocurre con todas las violencias históricas no resueltas del todo, sigue proyectándose en ciertos márgenes. Los últimos “guardianes de la llama”, dispersos, nostálgicos y sin capacidad de acción real, no dejan de ser un recordatorio inquietante: la paz no puede darse por sentada. Debe ser cuidada, defendida y construida todos los días.
