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viernes, septiembre 11, 2026

Decapitación estratégica y caos multipolar: EE.UU., Israel e Irán y el punto de no retorno del orden internacional

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El trabajo académico original puede descargarse en este enlace:

ARTÍCULO DE MARTÍN GONZÁLEZ

La eliminación del líder supremo iraní, Alí Jameneí, confirmada oficialmente este 28 de febrero de 2026 tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel, constituye un acontecimiento de carácter estructural con implicaciones sistémicas para el orden internacional. Este artículo examina el impacto de dicha acción a partir de cinco dimensiones interrelacionadas: la estabilidad interna del régimen iraní y la reconfiguración de su estructura de mando; la crisis del sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas; los riesgos proliferativos asociados al programa nuclear iraní; la expansión regional y la escalada horizontal del conflicto; y la consolidación de un paradigma híbrido multidominio sustentado en dinámicas de interdependencia armamentada.

Desde un marco teórico que integra el realismo estructural, la teoría de crisis, los estudios sobre proliferación nuclear y la literatura sobre guerra híbrida, se argumenta que el episodio no inaugura necesariamente una guerra de alcance global, pero sí acelera la transición hacia un orden multipolar fragmentado, caracterizado por la erosión normativa, la competencia multidominio y el debilitamiento de los mecanismos clásicos de gobernanza internacional.

Palabras clave: cambio de régimen; seguridad colectiva; proliferación nuclear; guerra híbrida; interdependencia armamentada; escalada horizontal.

Introducción

La eliminación de un jefe de Estado o de un líder supremo constituye uno de los instrumentos más disruptivos dentro del repertorio estratégico contemporáneo. A diferencia de la degradación gradual de capacidades militares convencionales, un ataque dirigido al vértice del poder político no solo afecta la cadena de mando, sino que incide directamente sobre la arquitectura político‑constitucional, el núcleo doctrinal del régimen y los mecanismos de legitimación interna y externa.

En contextos donde el liderazgo concentra funciones religiosas, militares y simbólicas, la supresión del centro decisorio altera simultáneamente las dimensiones institucional, ideológica y estratégica del Estado.

Desde la teoría de crisis y los estudios clásicos sobre toma de decisiones en situaciones límite (Allison, 1971), las operaciones de decapitation strike reconfiguran las preferencias estratégicas de los actores, incrementan la incertidumbre en los procesos de decisión y desestabilizan los equilibrios intraélite, al abrir ventanas de oportunidad y de vulnerabilidad para facciones rivales. En regímenes altamente personalistas o teocrático‑institucionales, como el caso iraní, el impacto tiende a ser potencialmente estructural: afecta la continuidad del proyecto político, tensiona los mecanismos de sucesión, modifica los incentivos de los aparatos coercitivos y puede desencadenar dinámicas de radicalización o de recentramiento estratégico.

Este estudio examina las implicaciones sistémicas del acontecimiento confirmado el 28 de febrero de 2026, delimitando el análisis a sus efectos estratégicos, jurídicos y estructurales sobre el orden internacional y la configuración interna del régimen iraní.

Se adopta deliberadamente una aproximación analítica y descriptiva, evitando valoraciones políticas o morales, con el fin de evaluar en qué medida la eliminación del liderazgo supremo puede entenderse como un punto de inflexión en la evolución del sistema internacional, en la práctica de la seguridad colectiva y en los patrones contemporáneos de uso de la fuerza.

En este marco, el objetivo del artículo es analizar de manera exhaustiva cómo la eliminación del líder supremo iraní y los ataques coordinados que la posibilitaron reconfiguran dinámicas críticas del orden internacional, evaluando sus efectos sobre la estabilidad interna del régimen, la crisis del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, los riesgos proliferativos vinculados al programa nuclear iraní, la expansión regional del conflicto mediante actores proxy y la consolidación de un paradigma híbrido multidominio sustentado en la interdependencia armamentada.

Asimismo, se busca determinar en qué medida este acontecimiento acelera la transición hacia un orden multipolar fragmentado caracterizado por la erosión normativa, la competencia multidominio y el debilitamiento de los mecanismos clásicos de gobernanza internacional.

  1. Marco teórico

El análisis se apoya en un marco teórico integrado que combina cinco tradiciones centrales de los estudios de seguridad internacional, articuladas de manera continua y sin segmentación esquemática. Desde el realismo estructural, la obra de Mearsheimer (2001) sostiene que los Estados operan en un sistema anárquico donde la competencia por la seguridad relativa y la distribución del poder condicionan sus decisiones estratégicas. Este enfoque permite interpretar la eliminación del líder supremo iraní como un acontecimiento que altera los equilibrios regionales y modifica los incentivos de las grandes potencias en su interacción con Irán.

A esta perspectiva se suma la teoría de la percepción y la escalada, desarrollada por Jervis (1976), que subraya cómo los errores de interpretación, la incertidumbre y los dilemas de seguridad pueden amplificarse en situaciones de crisis. La decapitación del liderazgo incrementa la opacidad informativa y reduce la capacidad de señalización creíble, elevando el riesgo de respuestas desproporcionadas o de escaladas no intencionadas.

Los modelos de proliferación nuclear aportan un tercer eje analítico. Waltz (1981) y Sagan (1996) ofrecen interpretaciones contrapuestas sobre los incentivos que llevan a los Estados a desarrollar capacidades nucleares: mientras el primero enfatiza la estabilidad disuasiva, el segundo destaca las dinámicas organizacionales y los riesgos de gestión. La desaparición del líder supremo reconfigura estas lógicas al tensionar la relación entre supervivencia del régimen, doctrina nuclear y percepción de amenazas externas.

La cuarta tradición procede de los estudios sobre guerra híbrida, donde Hoffman (2007) describe la convergencia de instrumentos militares, cibernéticos, informacionales y paramilitares en campañas integradas. La crisis iraní abre la posibilidad de respuestas que trascienden el ámbito militar convencional, extendiéndose a dominios digitales, cognitivos y espaciales.

Finalmente, la teoría de la interdependencia armamentada formulada por Farrell y Newman (2019) permite comprender cómo las redes financieras, tecnológicas y logísticas globales pueden emplearse como mecanismos de coerción estructural. En un contexto de crisis, estas redes se convierten en herramientas clave para modular la presión internacional sobre Irán.

La integración de estas cinco tradiciones permite interpretar el episodio no como un hecho aislado, sino como un catalizador que acelera dinámicas sistémicas ya en curso: fragmentación del orden internacional, erosión normativa, competencia multidominio y debilitamiento de los mecanismos clásicos de gobernanza.

  1. Reconfiguración interna del régimen iraní

La Constitución de la República Islámica establece un procedimiento de sucesión basado en un liderazgo provisional ejercido por un consejo interino hasta que la Asamblea de Expertos designe formalmente al nuevo líder supremo. Sin embargo, la eliminación abrupta del titular del cargo introduce tensiones que exceden el marco jurídico previsto y abren un periodo de volatilidad política significativa.

En primer lugar, la ausencia de un árbitro supremo intensifica la competencia intraélite, especialmente entre las facciones clericales, tecnocráticas y los aparatos de seguridad. La disputa por el control de instituciones clave (como el Consejo de Guardianes, la Asamblea de Expertos o el Poder Judicial) se convierte en un eje central de la lucha por la continuidad del régimen.

En segundo lugar, la situación favorece un incremento del peso político y operativo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Su capacidad militar, económica y de inteligencia la posiciona como garante de la estabilidad interna, lo que puede traducirse en una expansión de su influencia en detrimento de las instituciones civiles y clericales tradicionales.

En tercer lugar, la percepción de amenaza existencial derivada de la decapitación del liderazgo impulsa una securitización reforzada del aparato estatal. Este proceso implica la centralización del poder coercitivo, la ampliación de los mecanismos de control interno y la adopción de medidas extraordinarias orientadas a preservar la continuidad del régimen. Desde la teoría de crisis, Jervis (1976) advierte que en contextos de incertidumbre extrema las decisiones tienden a basarse más en percepciones subjetivas de amenaza que en evaluaciones racionales de coste y beneficio, lo que incrementa el riesgo de respuestas erráticas o sobre reaccionadas.

En conjunto, estos factores configuran un escenario de transición incierta en el que la estabilidad del régimen dependerá de su capacidad para recomponer consensos mínimos, gestionar la redistribución del poder coercitivo y evitar que la crisis derive en fracturas irreversibles dentro de la élite gobernante.

  1. Crisis del sistema de seguridad colectiva

La eliminación del líder supremo iraní desencadenó la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, pese a la gravedad del episodio y a su evidente conexión con la paz y la seguridad internacionales, el Consejo no logró adoptar una resolución coercitiva al amparo del Capítulo VII de la Carta.

La combinación de agendas nacionales divergentes, acusaciones cruzadas sobre la legalidad del uso de la fuerza y la implicación directa o indirecta de miembros permanentes generó un bloqueo normativo y procedimental que se tradujo en declaraciones de condena o preocupación, pero no en mandatos ejecutivos vinculantes.

Este patrón reproduce una dinámica ampliamente documentada en la literatura sobre seguridad colectiva: la parálisis del Consejo en contextos donde los intereses vitales de las grandes potencias se ven directamente afectados. Informes oficiales de Naciones Unidas han descrito cómo, en años recientes, las crecientes fracturas entre los miembros permanentes han limitado de forma significativa la capacidad del Consejo para responder a crisis en escenarios como Irán, la península de Corea o Ucrania, pese a un elevado número de reuniones y debates formales.

La arquitectura institucional diseñada en la Carta de 1945 otorga a cinco Estados un poder de veto que, concebido originalmente como garantía de participación de las grandes potencias y de estabilidad del sistema, se ha convertido progresivamente en un factor estructural de bloqueo de la acción colectiva.diplomacyandlaw.com

Desde una perspectiva de derecho internacional y teoría de las organizaciones internacionales, esta tensión se traduce en una crisis funcional del sistema de seguridad colectiva. La doctrina ha subrayado que el veto, lejos de ser un mero instrumento procedimental, condiciona la capacidad del Consejo para cumplir su “responsabilidad primordial” en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, especialmente en situaciones que implican a uno o varios miembros permanentes como parte en el conflicto o como patrocinadores de actores enfrentados.

En estos casos, la lógica de la seguridad colectiva (basada en la idea de que una agresión contra uno es una preocupación de todos) queda subordinada a la lógica de la seguridad nacional de las grandes potencias, generando una brecha entre las expectativas normativas de la Carta y la práctica efectiva del Consejo.

La respuesta parcial a esta parálisis ha sido la activación de mecanismos alternativos, en particular el recurso a la Asamblea General mediante la doctrina de “Unión pro Paz” (Uniting for Peace), así como la creciente implicación de organizaciones regionales y coaliciones ad hoc. La literatura reciente destaca que, ante la inacción del Consejo, la Asamblea General ha asumido un papel más visible como foro de legitimación política, emitiendo resoluciones no vinculantes que, si bien carecen de fuerza coercitiva, contribuyen a configurar marcos de responsabilidad y a sostener normas básicas del orden internacional. No obstante, esta reasignación de funciones no resuelve la crisis de fondo: la incapacidad del sistema para articular respuestas coercitivas colectivas cuando los intereses de los miembros permanentes están en juego.

La consecuencia, por tanto, no es la desaparición de Naciones Unidas ni la irrelevancia absoluta del Consejo de Seguridad, sino una transformación progresiva de su función. El Consejo tiende a operar cada vez más como un foro de deliberación, señalización política y gestión simbólica de la legitimidad, mientras que la coerción efectiva se desplaza hacia otros espacios: sanciones unilaterales o coordinadas fuera del marco del Consejo, acciones de organizaciones regionales, coaliciones de voluntarios y uso estratégico de la interdependencia económica y tecnológica.

En este contexto, la crisis del sistema de seguridad colectiva se manifiesta menos como un colapso institucional que como una mutación funcional: el núcleo coercitivo previsto en el Capítulo VII se debilita, mientras se refuerza el papel de Naciones Unidas como arena normativa y deliberativa, con capacidad limitada para imponer decisiones, pero aún relevante para definir marcos de legitimidad, narrativas de responsabilidad y estándares de conducta estatal.

  1. Riesgos proliferativos y seguridad nuclear

El ataque a instalaciones nucleares iraníes reconfigura de manera profunda el equilibrio del régimen internacional de no proliferación y tensiona los pilares normativos del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). La literatura especializada coincide en que la combinación de destrucción física de infraestructura sensible, percepción de amenaza existencial y debilitamiento de los mecanismos de verificación genera un entorno altamente propicio para la inestabilidad estratégica.

4.1. Transformación del cálculo estratégico iraní

Los análisis recientes sobre la evolución del régimen de no proliferación subrayan que los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes y las amenazas de Teherán de abandonar el TNP han introducido una fase de volatilidad sin precedentes en el régimen internacional. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que los ataques israelíes y la respuesta iraní han acelerado la erosión del poder normativo del TNP, abriendo la posibilidad de una retirada formal del tratado y de un avance hacia capacidades nucleares militares.

En la misma línea, el Bulletin of the Atomic Scientists documenta que, tras los ataques, el Parlamento iraní llegó a considerar un proyecto de ley para abandonar el TNP, lo que refleja un cambio cualitativo en la percepción de amenaza y en la valoración de los costes y beneficios de la permanencia en el régimen.

4.2. Aportes teóricos: Sagan y Waltz en perspectiva

La teoría de la proliferación nuclear ofrece dos interpretaciones relevantes para comprender este escenario:

  • Sagan (1996): sostiene que, cuando un Estado percibe una amenaza existencial, aumenta la probabilidad de que acelere clandestinamente su programa nuclear. La destrucción parcial de instalaciones, combinada con la percepción de vulnerabilidad extrema, encaja con este patrón: el incentivo para reconstruir y avanzar hacia una capacidad militarizada se intensifica.
  • Waltz (1981): en contraposición, argumenta que la disuasión puede estabilizar escenarios incluso en contextos de rivalidad intensa, siempre que existan condiciones mínimas de racionalidad y control. Sin embargo, la literatura reciente advierte que los ataques preventivos pueden erosionar precisamente esas condiciones, debilitando la previsibilidad estratégica y reduciendo la eficacia de la disuasión.

4.3. Impacto sobre las salvaguardias internacionales

Los informes de verificación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) muestran que la destrucción de infraestructura crítica complica la supervisión técnica y aumenta la incertidumbre sobre el estado real del programa nuclear iraní. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional destaca que los informes de 2025 ya señalaban dificultades crecientes para verificar el cumplimiento iraní, incluso antes de los ataques.

Asimismo, las declaraciones conjuntas del E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) ante la OIEA en 2025 subrayan la preocupación por la falta de cooperación iraní y por la erosión de la confianza en el sistema de salvaguardias.

4.4. Riesgos de proliferación regional

El deterioro del régimen de no proliferación no se limita a Irán. Análisis de Just Security advierten que, en 2026, el riesgo de proliferación en Oriente Medio y otras regiones es mayor que en décadas anteriores, con varios Estados evaluando la utilidad estratégica de capacidades nucleares ante la percepción de un orden internacional debilitado.

En este contexto, la destrucción parcial de instalaciones nucleares iraníes puede generar tres dinámicas principales:

  • Incentivos a la nuclearización plena, al reforzar la idea de que solo una capacidad militarizada garantiza la supervivencia del régimen.
  • Erosión de la confianza en las salvaguardias internacionales, debido a la dificultad de verificación y a la percepción de que el TNP ya no ofrece protección suficiente.
  • Proliferación regional, especialmente en Oriente Medio, donde otros Estados podrían considerar que la única respuesta viable a un Irán nuclearizado (o en proceso acelerado de nuclearización) es desarrollar capacidades propias.

La combinación de estos factores sugiere que el ataque no solo afecta al programa nuclear iraní, sino que actúa como catalizador de una crisis más amplia del régimen global de no proliferación.

  1. Escalada horizontal y expansión regional

La eliminación del líder supremo iraní y los ataques asociados desencadenan un escenario altamente propicio para la escalada horizontal, entendida como la ampliación geográfica y funcional del conflicto mediante la activación de actores aliados, el uso de teatros secundarios y la presión sobre infraestructuras críticas.

En el caso iraní, esta dinámica se articula a través de dos vectores principales: la movilización de actores no estatales vinculados a Teherán y la instrumentalización de corredores estratégicos como el Estrecho de Ormuz.

5.1. Activación de actores no estatales y multiplicación del conflicto

La red de actores armados alineados con Irán (entre ellos Hezbollah en el Líbano, las milicias iraquíes de la Hashd al‑Shaabi, los hutíes en Yemen o diversas facciones en Siria) constituye un instrumento central de su estrategia regional.

La literatura especializada ha demostrado que los actores proxy funcionan como multiplicadores de conflicto al permitir a los Estados proyectar poder, dispersar costes y aumentar la presión sobre adversarios sin asumir directamente la responsabilidad de la escalada (Byman & Crenshaw, 2003).

En este contexto, la activación de Hezbollah como respuesta a un ataque contra Irán abre la posibilidad de un segundo frente contra Israel, ampliando el teatro operacional desde Gaza y el sur del Líbano hasta el Golfo Pérsico. La experiencia histórica muestra que estas dinámicas pueden generar ciclos de escalada difíciles de contener, especialmente cuando los actores proxy poseen capacidades avanzadas (misiles de precisión, drones, guerra electrónica) y operan en entornos donde la disuasión clásica es menos efectiva.

5.2. Expansión geoestratégica: el Estrecho de Ormuz como punto crítico

La dimensión más claramente sistémica de la escalada horizontal se manifiesta en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella energéticos del planeta. Las fuentes internacionales coinciden en que entre una quinta parte y más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo transita por este corredor estratégico.

  • CNBC señala que el Estrecho de Ormuz es un punto por el que pasa “una quinta parte del petróleo mundial”, y que su cierre podría desencadenar un choque energético comparable a los de la década de 1970.
  • The Times of Israel describe el estrecho como un “chokepoint estratégico” que Irán ha utilizado históricamente como herramienta de presión, recordando que altos mandos de la Guardia Revolucionaria han amenazado con su cierre en situaciones de crisis.
  • Gulf News documenta que, tras los ataques de 2026, varias de las mayores compañías petroleras suspendieron temporalmente sus envíos a través del estrecho ante el temor de represalias iraníes, lo que evidencia la vulnerabilidad inmediata del mercado energético global.
  • El informe del Congressional Research Service (CRS) de 2025 estima que aproximadamente el 27% del comercio marítimo mundial de petróleo y productos derivados atraviesa el Estrecho de Ormuz, subrayando su importancia crítica para la estabilidad económica global.
  • Deutsche Welle (DW) lo califica como “el punto de tránsito petrolero más importante del mundo”, recordando que Irán ha amenazado reiteradamente con bloquearlo como respuesta a ataques externos.

La combinación de amenazas iraníes, interrupciones temporales del tráfico marítimo y la presencia militar de Estados Unidos e Israel en la zona incrementa el riesgo de incidentes no intencionados, ataques a infraestructuras energéticas y escaladas que afecten directamente a los mercados globales.

5.3. Implicaciones estratégicas de la escalada horizontal

La expansión regional del conflicto genera tres efectos estructurales:

  • Desbordamiento geográfico del conflicto, al extenderse desde el territorio iraní hacia Líbano, Siria, Irak, Yemen y el Golfo de Omán, multiplicando los puntos de fricción y reduciendo la capacidad de contención.
  • Aumento del riesgo para la seguridad energética global, dado que cualquier interrupción prolongada en Ormuz tendría efectos inmediatos sobre los precios del petróleo, la estabilidad de los mercados y la seguridad económica de Asia, Europa y Estados Unidos.
  • Erosión de los mecanismos de gestión de crisis, ya que la participación de actores no estatales reduce la eficacia de la disuasión tradicional y dificulta la negociación de altos el fuego o mecanismos de verificación.

La escalada horizontal, por tanto, no solo amplía el conflicto en términos territoriales, sino que introduce una dimensión sistémica que afecta a la seguridad energética global, a la estabilidad regional y a la capacidad de las potencias para gestionar la crisis.

Tabla 1:

Nuevos vectores de fragmentación internacional

Vector estratégico Actores principales Naturaleza de la tensión Riesgo sistémico Impacto sobre el orden internacional
Crisis hemisférica en Cuba Estados Unidos – Cuba (con eco en Rusia) Incidentes marítimos con víctimas; presión económica; retórica de seguridad regional Escalada diplomática o militar en el Caribe; internacionalización del conflicto Tensión del principio de no intervención; posible reactivación de doctrinas hemisféricas unilaterales; debilitamiento del consenso interamericano
Competencia estratégica en Groenlandia y el Ártico Estados Unidos – Rusia – China – OTAN Control de rutas árticas, minerales críticos, posicionamiento militar Militarización progresiva del Ártico; fricción entre aliados occidentales; ampliación del teatro de competencia Expansión geográfica de la rivalidad sistémica; debilitamiento de la gobernanza cooperativa ártica; superposición entre competencia estratégica y derecho del mar
Multiplicación de arenas simultáneas Grandes potencias y actores regionales Convergencia de crisis en Europa Oriental, Oriente Medio, Caribe y Ártico Sobrecarga institucional y aumento del riesgo de errores de cálculo Fragmentación normativa; reducción de eficacia del multilateralismo; normalización del uso estratégico de la fuerza
Erosión normativa acumulativa Potencias con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Uso selectivo de la fuerza sin consenso multilateral Deslegitimación progresiva del sistema de seguridad colectiva Transformación de la ONU en foro declarativo más que coercitivo; debilitamiento del principio de prohibición del uso de la fuerza

Fuente: elaboración propia.

La tabla permite observar tres dinámicas convergentes:

  1. Ampliación geográfica de la competencia (del Golfo Pérsico al Caribe y al Ártico).
  2. Desacople entre norma y práctica en el sistema de seguridad colectiva.
  3. Acumulación de precedentes no sancionados, que erosiona progresivamente la función disuasoria del derecho internacional.

 

  1. Consolidación del paradigma híbrido multidominio

La operación contra el liderazgo y las infraestructuras críticas iraníes puede interpretarse como un caso paradigmático de campaña híbrida multidominio, en la que se integran de forma sincronizada instrumentos cinéticos, cibernéticos, espaciales, informacionales y económicos. A diferencia de las operaciones convencionales centradas en un único teatro o dominio, el diseño observado responde a una lógica de convergencia de efectos: golpes de precisión, guerra electrónica, sistemas autónomos, inteligencia artificial aplicada al targeting y ciberoperaciones se combinan para degradar simultáneamente las capacidades de mando y control, defensa aérea, resiliencia económica y cohesión cognitiva del adversario.

Desde la conceptualización clásica de guerra híbrida, Hoffman (2007) definió este tipo de conflictos como campañas sofisticadas que combinan operaciones convencionales e irregulares, acciones en el ciberespacio y operaciones psicológicas, explotando vulnerabilidades políticas, económicas e informacionales del oponente. Trabajos posteriores han subrayado que la guerra híbrida difumina las fronteras entre guerra convencional, irregular y ciberconflicto, incorporando además instrumentos como la desinformación, la lawfare y la interferencia política.

La operación analizada encaja en este patrón al articular, en una misma secuencia, ataques de precisión contra objetivos seleccionados, perturbación electrónica de sensores y comunicaciones, empleo de plataformas autónomas y drones, ciberataques sobre redes críticas y campañas informacionales orientadas a moldear percepciones internas y externas.

En paralelo, la evolución doctrinal reciente ha cristalizado en el concepto de operaciones multidominio (Multi‑Domain Operations), entendido como la orquestación de actividades militares en todos los dominios (terrestre, marítimo, aéreo, ciberespacial y espacial), sincronizadas con instrumentos no militares para generar efectos convergentes “a la velocidad de la relevancia”. La operación contra Irán refleja esta lógica: los strikes de precisión se apoyan en capacidades espaciales (satélites de observación, navegación y comunicaciones), en sistemas de mando y control habilitados por inteligencia artificial para la selección y priorización de blancos, y en ciberoperaciones destinadas a cegar o desorganizar las defensas adversarias en la fase previa y simultánea al ataque.

La inteligencia artificial aplicada al targeting introduce un elemento cualitativamente nuevo en este paradigma. La integración de grandes volúmenes de datos procedentes de sensores distribuidos (ISR satelital, SIGINT, HUMINT digitalizada) permite identificar patrones, inferir vulnerabilidades y optimizar la secuencia de ataque con una velocidad difícilmente alcanzable por procesos puramente humanos. Lo que incrementa la eficacia táctica, pero también plantea riesgos estratégicos: opacidad en los criterios de selección de objetivos, posibles sesgos algorítmicos, reducción de los tiempos de deliberación política y, en consecuencia, mayor probabilidad de escaladas rápidas y difícilmente reversibles. La literatura sobre guerra híbrida ya advertía de la creciente complejidad que supone la combinación de tecnologías avanzadas con tácticas irregulares y convencionales en un mismo escenario.

Las ciberoperaciones y la guerra electrónica constituyen otro pilar de este paradigma. La interferencia en sistemas de defensa aérea, la degradación de redes de mando y control, el sabotaje de infraestructuras críticas (energía, comunicaciones, banca) y las campañas de desinformación en redes sociales forman parte de un mismo continuo operativo. En relación con la guerra híbrida hay que destacar que la sincronización vertical (entre niveles táctico, operacional y estratégico) y horizontal (entre dominios físico, cibernético e informacional) es característica central de estas campañas. En el caso iraní, la combinación de ataques cinéticos con operaciones en el ciberespacio y el espectro electromagnético refuerza la capacidad de desorganizar la respuesta del adversario y de moldear la narrativa internacional sobre la legitimidad de la acción.

La dimensión espacial y digital del conflicto se ve reforzada por la dependencia de sistemas satelitales para navegación, comunicaciones seguras y vigilancia, así como por la centralidad de las infraestructuras digitales en la economía y la sociedad iraníes. La vulnerabilidad de estos sistemas convierte al dominio espacial en un componente más de la guerra híbrida, donde la interferencia de señales, el jamming y, potencialmente, ataques contra activos orbitales pasan a formar parte del repertorio estratégico.

En cualquier caso, la interdependencia económica global actúa como amplificador de los efectos de esta campaña híbrida. La literatura sobre mercados energéticos muestra que el precio del crudo Brent incorpora de forma casi inmediata una prima de riesgo geopolítico ante shocks en Oriente Medio, especialmente cuando se percibe amenaza sobre rutas críticas como el Estrecho de Ormuz.

La mera expectativa de interrupciones en el suministro, el aumento de las primas de seguro marítimo y la percepción de inestabilidad regional se traducen en repuntes de precios, volatilidad financiera y ajustes en las cadenas globales de valor. En este sentido, el uso combinado de sanciones, presiones sobre infraestructuras energéticas y operaciones militares configura un entorno de interdependencia armamentada, donde los instrumentos económicos y financieros se integran en la lógica de la guerra híbrida.

En conjunto, la operación contra Irán no solo ejemplifica la convergencia de múltiples dominios y tecnologías, sino que contribuye a consolidar un paradigma híbrido multidominio en el que la distinción entre guerra y paz, frente y retaguardia, militar y civil, se vuelve crecientemente difusa. Este paradigma redefine los parámetros de la seguridad internacional al desplazar el centro de gravedad desde el campo de batalla físico hacia un entramado complejo de dominios interconectados, donde la superioridad ya no se mide únicamente en términos de fuerza militar, sino de capacidad para integrar, sincronizar y explotar de forma estratégica la totalidad de los instrumentos de poder.

  1. Interdependencia armamentada

La interdependencia económica y tecnológica global ha pasado de ser un vector de integración a convertirse en un instrumento estructural de coerción, especialmente en contextos de rivalidad estratégica. La teoría de la interdependencia armamentada, desarrollada por Farrell y Newman, sostiene que los Estados que ocupan posiciones centrales en redes financieras, tecnológicas y logísticas pueden transformar esa centralidad en poder coercitivo mediante dos mecanismos fundamentales:

  1. La capacidad de vigilancia estructural derivada del control de flujos globales.
  2. La capacidad de exclusión selectiva de actores adversarios de infraestructuras críticas.

Esta lógica se ha consolidado como uno de los rasgos definitorios de la competencia geopolítica contemporánea.

En este marco, el uso potencial de sanciones financieras (por ejemplo, la congelación de activos soberanos o la imposición de restricciones extraterritoriales), restricciones tecnológicas (como los controles de exportación sobre semiconductores, software avanzado o equipamiento de doble uso) y la exclusión de redes esenciales (entre ellas, sistemas de mensajería financiera como SWIFT o plataformas digitales de alcance global) refleja la capacidad de ciertos Estados para convertir la arquitectura misma de la globalización en un instrumento de presión estratégica. La coerción deja de depender exclusivamente de la fuerza militar y se desplaza hacia dominios donde la dependencia estructural del adversario es más profunda y difícil de compensar.

Estas herramientas no solo generan costes económicos inmediatos, sino que también alteran los incentivos estratégicos de los Estados afectados. La exclusión de entidades iraníes de redes financieras internacionales, la imposición de controles tecnológicos que limitan el acceso a componentes críticos y la presión sobre cadenas de suministro globales ilustran cómo la interdependencia puede ser utilizada para reconfigurar el comportamiento estatal sin recurrir al uso directo de la fuerza. En este sentido, la coerción se vuelve financiera (al restringir transacciones y acceso a capital), tecnológica (al limitar la capacidad de innovación y modernización) y sistémica (al manipular las reglas y nodos que sostienen la economía global).

La interdependencia armamentada, por tanto, redefine la naturaleza del poder en el sistema internacional. La capacidad de un Estado para influir en otro depende cada vez más de su posición en las redes que estructuran la economía mundial, y no únicamente de su fuerza militar o su peso económico agregado. Esta transformación plantea desafíos profundos para la autonomía estratégica de los Estados periféricos, la resiliencia de las cadenas globales de suministro y la estabilidad del orden económico internacional, que se vuelve más fragmentado, competitivo y vulnerable a la instrumentalización de infraestructuras críticas.

  1. Derecho internacional humanitario y legitimidad

Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución constituyen el núcleo normativo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a la conducción de hostilidades. Su vigencia y exigibilidad han sido reafirmadas de forma consistente por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en 2020 subrayó que estos principios mantienen plena aplicabilidad incluso en entornos operativos altamente tecnologizados, incluidos los dominios cibernético y digital.

Estos principios no solo estructuran la legalidad de las operaciones militares, sino que también condicionan la legitimidad política y estratégica de los actores involucrados en un conflicto armado.

8.1. Principio de distinción

El principio de distinción exige diferenciar en todo momento entre combatientes y civiles, así como entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Su incumplimiento constituye una violación grave del DIH y puede derivar en responsabilidad penal individual.

La doctrina y la práctica estatal recogidas en estudios académicos recientes destacan que la distinción es especialmente desafiante en conflictos caracterizados por la presencia de actores no estatales, operaciones remotas y sistemas autónomos, donde la identificación de objetivos se ve mediada por sensores, algoritmos y flujos de datos complejos.

8.2. Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad prohíbe ataques que puedan causar daños incidentales excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Este principio no elimina la posibilidad de daños colaterales, pero sí impone un estándar de razonabilidad y evaluación contextual. Estudios doctrinales recientes analizan cómo la proporcionalidad se vuelve más difícil de evaluar en escenarios de guerra urbana, ataques de precisión con efectos secundarios imprevisibles y operaciones multidominio donde los efectos se propagan más allá del objetivo inmediato.

8.3. Principio de precaución

El principio de precaución obliga a adoptar todas las medidas factibles para evitar o minimizar daños a civiles y bienes civiles. El CICR identifica este principio como una norma consuetudinaria plenamente consolidada, aplicable tanto en conflictos internacionales como no internacionales. La obligación incluye la verificación de objetivos, la elección de medios y métodos de ataque menos dañinos y la suspensión o cancelación de ataques cuando resulte evidente que los daños incidentales serían desproporcionados.

8.4. Impacto del cumplimiento o violación del DIH

El respeto o incumplimiento de estos principios tiene efectos directos en tres dimensiones estratégicas:

  • Legitimidad internacional: el cumplimiento del DIH influye en la percepción global de la legalidad y legitimidad de una operación militar. Estados y organizaciones que violan sistemáticamente estos principios experimentan un deterioro reputacional que afecta su capacidad de formar coaliciones, negociar acuerdos y sostener apoyo internacional.
  • Responsabilidad individual: las violaciones graves del DIH pueden constituir crímenes de guerra, generando responsabilidad penal individual ante tribunales nacionales o internacionales. La jurisprudencia reciente ha ampliado la interpretación de responsabilidad en contextos de ataques a distancia, operaciones autónomas y decisiones basadas en inteligencia algorítmica.
  • Narrativas estratégicas: en un entorno informacional hiperconectado, la interpretación pública del cumplimiento del DIH influye en la construcción de narrativas estratégicas. Los actores buscan demostrar adhesión a las normas humanitarias para reforzar su legitimidad, mientras que las acusaciones de violaciones se utilizan como herramientas de guerra informacional para erosionar la posición del adversario.

8.5. Desgaste normativo reiterado

Uno de los efectos más profundos del episodio es la erosión normativa acumulativa. La reiteración de operaciones que tensan o vulneran los principios del DIH contribuye a un proceso de desgaste del marco jurídico internacional, debilitando su capacidad para regular la conducta de hostilidades. Desgaste que no se produce de forma abrupta, sino mediante la acumulación de precedentes que normalizan prácticas antes consideradas excepcionales. En un contexto de guerra híbrida y multidominio, donde los límites entre lo militar, lo civil, lo físico y lo digital se difuminan, el riesgo de degradación del DIH se intensifica.

  1. Discusión: Transformación del orden internacional

La eliminación de Alí Jamenei y los ataques posteriores no constituyen por sí mismos una guerra mundial, pues la disuasión nuclear y los costes de escalada entre grandes potencias continúan imponiendo límites estratégicos (Waltz, 1981; Tannenwald, 2007). No obstante, el episodio acelera la transición hacia una multipolaridad fragmentada, donde bloques emergentes (como BRICS ampliados o el eje euroasiático) erosionan la hegemonía occidental mediante alianzas flexibles y capacidades híbridas (Acharya, 2017; Stuenkel, 2020).

9.1. Crisis de la seguridad colectiva

La parálisis del Consejo de Seguridad (con vetos cruzados y ausencia de coerción bajo Capítulo VII) reproduce la crisis funcional ampliamente documentada en la literatura sobre gobernanza global (Weiss, 2016; Malone, 2020). El desplazamiento hacia coaliciones ad hoc (por ejemplo, la coordinación EE. UU.–Israel) y el recurso a Uniting for Peace reducen el papel operativo de la ONU, que queda relegada a un foro de deliberación simbólica subordinado a los intereses de los miembros permanentes (Hurd, 2017).

9.2. Competencia multidominio

La operación ilustra la convergencia de dominios cinéticos, cibernéticos, espaciales e informacionales, coherente con doctrinas de Multi‑Domain Operations y con la evolución de la guerra híbrida (Hoffman, 2007; U.S. DoD, 2020). La activación de proxies iraníes (Hezbollah, hutíes) y las amenazas en el Estrecho de Ormuz amplifican los teatros de conflicto y emplean la interdependencia armamentada como mecanismo de coerción económica, afectando potencialmente cerca del 20 % del petróleo global (Farrell & Newman, 2019; EIA, 2023).

9.3. Normalización del uso selectivo de la fuerza

El episodio contribuye al desgaste, ya institucionalizado, del principio de prohibición del uso de la fuerza (art. 2.4 de la Carta de la ONU). La proliferación de ataques preventivos justificados como defensa frente a amenazas difusas ha generado un desgaste acumulativo en el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en los principios de distinción, proporcionalidad y precaución (Dinstein, 2017; Schmitt, 2020). Esta tendencia normaliza operaciones sin consenso multilateral y fricciona desde la tensión, obligaciones, erga omnes.

Coexisten dinámicas realistas (acumulación de poder en anarquía) y normativas (deslegitimación del multilateralismo), configurando un orden internacional híbrido donde las normas persisten, pero quedan subordinadas a capacidades materiales y lógicas de bloque (Ikenberry, 2018).

CONCLUSIONES

PERORATIONES

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de 2026 constituye un punto de no retorno en la erosión del derecho internacional. La invocación de defensa preventiva sin mandato del Consejo de Seguridad normaliza el unilateralismo armado y debilita la autoridad normativa global, relativizando la soberanía estatal y el principio de no intervención (art. 2.4 Carta ONU).

Se consolida un orden híbrido multipolar de equilibrio inestable, donde la persistencia formal de normas internacionales convive con su aplicación selectiva según intereses estratégicos. La competencia entre bloques y potencias medias multiplica las operaciones multidominio y las zonas grises jurídicas, generando un sistema de fricción permanente y contención precaria.

Los global commons (mar, espacio, ciberespacio y fondo marino) emergen como vectores críticos de coerción estratégica. Chokepoints como el Estrecho de Ormuz o los cables submarinos se convierten en instrumentos de presión con alta ambigüedad jurídica y riesgo de escalada sistémica, redefiniendo la noción de bienes comunes globales como elementos centrales de la disuasión.

La fragmentación normativa y geopolítica alimenta la reconfiguración del terrorismo de corte yihadista, que se desplaza hacia ecosistemas descentralizados y tecnológicamente apalancados. Las redes debilitadas por la ofensiva iraní hibridan con economías ilícitas y utilizan plataformas digitales e IA generativa para propaganda y financiación, incrementando la complejidad y resiliencia de las amenazas.

Los escenarios a medio plazo (2026-2028) indican una contención inestable con proliferación de proxies y operaciones cibernéticas, fragmentación normativa que favorece santuarios y zonas grises, y reformas sectoriales insuficientes para restaurar la autoridad institucional plena. La combinación de disuasión multidominio y vacíos legales incrementa la probabilidad de incidentes involuntarios y escaladas limitadas.

Los puntos críticos de inflexión incluyen la escalada EE. UU., China en el Indo-Pacífico, crisis sostenida en chokepoints energéticos, ataques a infraestructura crítica de los global commons y colapsos estatales regionales. Cada uno de estos factores puede precipitar rupturas significativas en la gobernanza global y amplificar riesgos sistémicos.

Aunque la situación internacional actual es extremadamente tensa, una tercera guerra mundial de confrontación directa entre grandes potencias sigue siendo improbable en el corto plazo.

La disuasión nuclear, la interdependencia económica y la predominancia de operaciones indirectas y multidominio actúan como frenos. Sin embargo, el riesgo sistémico global alcanza niveles históricos: acumulación de crisis regionales, vulnerabilidad de los global commons, proliferación tecnológica y fragmentación normativa aumentan la probabilidad de escaladas accidentales y perturbaciones económicas y políticas globales. En otras palabras, la guerra total no es inevitable, pero el “orden seguro” está claramente en declive.

En suma, la crisis de febrero de 2026 no inaugura el caos absoluto, sino la normalización de la excepcionalidad: un orden internacional formalmente intacto, pero operativa, jurídica y técnicamente inestable, donde los global commons y la multipolaridad estratégico‑jurídica se convierten en vectores de fricción y desgaste permanente, condicionando decisiones, alianzas y conflictos en un escenario de incertidumbre cronificada.

 

REFERENCIAS

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Martín González y Santiago, Doctor en Medicina, Seguridad y Derecho; Dr. h.c. Criminología. Investigador (UFP-C y UI-1) y Profesor Universitario (UFPC), Analista de Inteligencia y Seguridad

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