El concepto de derecho internacional ocupa hoy un lugar central en el debate político y diplomático mundial. La reciente escalada bélica en Oriente Próximo, especialmente los ataques contra Irán y la respuesta de Teherán, ha reactivado una discusión que atraviesa instituciones europeas, gobiernos y juristas: ¿sigue existiendo realmente un orden internacional basado en normas o se ha impuesto una lógica de poder entre Estados?
En el caso europeo, la polémica se ha evidenciado en la discrepancia entre la defensa del derecho internacional que sostienen España y algunos líderes comunitarios y la postura más escéptica expresada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien, aunque luego matizaba algo sus primeras observaciones, ha sugerido que el sistema internacional basado en reglas está en crisis o incluso superado.
Para comprender este debate es necesario partir de una cuestión fundamental: qué significa exactamente el derecho internacional. De forma general, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados y otros actores del sistema internacional, como organizaciones internacionales o, en algunos casos, individuos. Estas normas buscan ordenar la convivencia entre entidades soberanas, establecer obligaciones comunes y ofrecer mecanismos para resolver conflictos sin recurrir a la fuerza.
A diferencia de los sistemas jurídicos internos, como el derecho civil o penal de un país, el derecho internacional no se impone mediante una autoridad central con poder coercitivo absoluto. No existe un “Estado mundial” con capacidad para hacer cumplir todas las normas por la fuerza. En su lugar, este orden jurídico se basa principalmente en el consentimiento de los Estados, que aceptan voluntariamente determinadas reglas al firmar tratados o al reconocer prácticas comunes como obligatorias.
Desde un punto de vista histórico, el derecho internacional moderno surge progresivamente entre los siglos XVII y XX, vinculado al desarrollo del Estado soberano y al intento de limitar la violencia entre potencias. La idea central consiste en que incluso los Estados, a pesar de su soberanía, deben someterse a ciertas reglas comunes. Tras la Segunda Guerra Mundial, esta concepción se consolidó con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la aprobación de su carta fundacional, que establece principios fundamentales como la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de otros países, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
Dentro de esta estructura normativa se distinguen varias ramas. La principal es el derecho internacional público, que regula las relaciones entre Estados, las organizaciones internacionales y cuestiones como los tratados, el derecho del mar, los derechos humanos o las reglas aplicables en los conflictos armados. Paralelamente existe el derecho internacional privado, que se ocupa de los conflictos jurídicos entre personas o empresas de diferentes países y determina qué legislación nacional debe aplicarse en esos casos.
Las fuentes del derecho internacional son diversas. Entre ellas destacan los tratados internacionales, acuerdos formales firmados entre Estados; la costumbre internacional, que surge cuando una práctica se repite de manera constante y los Estados la consideran jurídicamente obligatoria; y los principios generales del derecho, reconocidos por las distintas tradiciones jurídicas. También influyen las decisiones de tribunales internacionales y la doctrina de juristas especializados.
Uno de los ámbitos más sensibles del derecho internacional es el relativo al uso de la fuerza y a la guerra. Desde mediados del siglo XX se ha intentado establecer un principio fundamental: la guerra de agresión está prohibida. El derecho internacional considera crimen iniciar una guerra contraria a tratados o acuerdos internacionales, salvo en casos excepcionales de legítima defensa. Este principio fue reforzado tras los juicios de Núremberg y posteriormente integrado en el sistema jurídico internacional contemporáneo.
En este contexto se sitúa la controversia actual sobre la ofensiva contra Irán. Algunos juristas consideran que una intervención militar sin autorización del Consejo de Seguridad ni una amenaza inmediata podría constituir un crimen de agresión según el derecho internacional. Esta interpretación explica por qué varios gobiernos europeos, entre ellos el de España, han insistido en que cualquier respuesta militar debe evaluarse desde el marco jurídico internacional.
El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha defendido públicamente la vigencia de un orden internacional basado en normas, subrayando que abandonar ese principio conduciría a un sistema global dominado exclusivamente por la fuerza y el interés de las grandes potencias. Esta posición ha sido compartida por dirigentes europeos como António Costa, presidente del Consejo Europeo, quienes consideran que la estabilidad internacional depende precisamente de mantener ese marco jurídico común.
Sin embargo, dentro de la propia Unión Europea han surgido posiciones distintas. Ursula von der Leyen ha advertido que el mundo actual se caracteriza por una creciente competencia entre potencias y por la erosión de las normas multilaterales. Desde esta perspectiva, el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial estaría debilitándose ante el auge de conflictos regionales, rivalidades geopolíticas y decisiones unilaterales de los Estados más poderosos.
El trasfondo de este debate es profundo. Desde finales del siglo XX muchos analistas hablan de un orden internacional liberal, basado en instituciones multilaterales, cooperación y respeto formal al derecho internacional. No obstante, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y las tensiones con Irán han puesto de manifiesto las limitaciones de ese sistema. Varias potencias, entre ellas Rusia, Estados Unidos o China, han sido acusadas en distintos momentos de actuar al margen de las normas internacionales cuando consideran que sus intereses estratégicos están en juego.
Esta contradicción ha alimentado una crítica recurrente: el derecho internacional existe como marco normativo, pero su eficacia depende en gran medida de la voluntad política de los Estados. Cuando las grandes potencias lo respetan, el sistema funciona; cuando lo ignoran, los mecanismos de sanción suelen ser limitados. De ahí que muchos expertos hablen de una tensión permanente entre legalidad y poder en las relaciones internacionales.
A pesar de estas limitaciones, el derecho internacional sigue siendo un instrumento fundamental para la diplomacia contemporánea. Gracias a él existen tratados que regulan desde el comercio y la aviación hasta la protección del medio ambiente o los derechos humanos. Además, instituciones judiciales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, intentan resolver disputas entre Estados o juzgar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
En última instancia, el debate abierto por la guerra con Irán refleja una cuestión más amplia sobre el futuro del sistema internacional. Para algunos gobiernos europeos, entre ellos el español, defender el derecho internacional significa preservar un marco jurídico que limite la violencia entre Estados y garantice cierta previsibilidad en la política global. Para otros dirigentes, el sistema actual atraviesa una crisis estructural y requiere una adaptación a una realidad geopolítica más competitiva y multipolar.
El resultado de esta discusión no es meramente académico. De él depende en gran medida cómo responderá Europa a los conflictos del siglo XXI y qué papel desempeñará en un mundo donde el equilibrio entre normas jurídicas y poder político sigue siendo uno de los grandes dilemas de la política internacional contemporánea.
