El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España alcanzará en 2025 el objetivo de destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en defensa, adelantando así en cuatro años el compromiso adquirido con la OTAN en la cumbre de Gales de 2014, inicialmente previsto para 2029.
Para cumplir con este objetivo, el Ejecutivo movilizará una inversión adicional de 10.471 millones de euros en 2025. Este incremento se financiará mediante la reorientación de partidas existentes, ahorros del Gobierno y fondos europeos Next Generation, sin necesidad de aumentar impuestos ni afectar al Estado de Bienestar, según afirmó.
En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación garantizaba una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Un dinero que ahora salvará parte del compromiso de España con la OTAN.
El plan se estructura en cinco pilares, empezando por la mejora de condiciones laborales de las Fuerzas Armadas (35%), lo que incluye preparación y equipamiento del personal militar; ciberseguridad y telecomunicaciones (31%), que permitirá el desarrollo de infraestructuras y capacidades para fortalecer la defensa digital contra ciberataques, y la adquisición de nuevos equipos (19%), por medio de la compra de armamento y sistemas de defensa modernos.
El cuarto pilar tiene que ver con las capacidades duales para gestión de emergencias (17%), que supondrán inversiones en recursos que puedan utilizarse tanto en defensa como en situaciones de emergencia civil, y, en último lugar, el apoyo a misiones internacionales, por medio de la financiación de la participación de España en operaciones internacionales de seguridad y defensa.
Impacto económico y social
El Gobierno estima que este plan generará 36.000 empleos directos y 60.000 indirectos, la mayoría de ellos con niveles de cualificación y salarios superiores a la media nacional. Además, se prevé que el 87% de la inversión beneficie a empresas españolas, impulsando así la industria nacional de defensa.
El partido Sumar, socio minoritario en el gobierno de coalición, ha expresado ya su oposición al aumento del gasto en defensa, calificándolo de «exorbitado» y criticando la falta de un análisis profundo y consensuado dentro del Ejecutivo. Sumar también ha manifestado preocupación por la transparencia en la asignación de fondos para la adquisición de nuevos equipos.
Por su parte, el presidente Sánchez ha defendido la legalidad de la medida, argumentando que, según la Constitución y la Ley General Presupuestaria, este tipo de decisiones son competencia del Ejecutivo y no requieren aprobación legislativa. No obstante, ha confirmado que comparecerá en el Congreso para explicar los detalles del plan.
Este anuncio se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de la OTAN y la Unión Europea para que los Estados miembros incrementen sus partidas militares, especialmente ante la situación geopolítica actual y las amenazas externas, particularmente de Rusia.
El adelanto del objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa representa un cambio significativo en la política de seguridad y defensa de España, con implicaciones tanto a nivel nacional como internacional. El éxito de este plan dependerá de su implementación efectiva y del equilibrio entre las necesidades de defensa y las prioridades sociales del país.
