La reciente decisión de la justicia francesa de autorizar la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, ha vuelto a situar en primer plano la compleja situación judicial del que fue uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista ETA.
A sus 75 años, Ternera continúa enfrentándose a varios procedimientos penales en la Audiencia Nacional relacionados tanto con atentados concretos como con su presunta responsabilidad en la dirección de la banda terrorista durante los años en que permaneció oculto de la justicia española.
La resolución francesa no implica una entrega inmediata, ya que todavía debe concluir un procedimiento pendiente en Francia y la decisión puede ser recurrida, pero supone un avance significativo para que los tribunales españoles puedan juzgar algunas de las causas que permanecen abiertas desde hace años.
Josu Ternera ocupa un lugar singular en la historia de ETA. Miembro de la organización desde los años setenta, fue considerado durante décadas uno de los principales referentes políticos de la banda. Participó en negociaciones con distintos gobiernos españoles, ejerció cargos institucionales en el País Vasco y terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la organización terrorista.
Tras huir de España en 2002, permaneció cerca de diecisiete años en la clandestinidad hasta ser localizado y detenido en Francia en mayo de 2019. Desde entonces, la justicia española ha intensificado los intentos para conseguir su entrega y sentarlo en el banquillo por diversos procedimientos pendientes.
La principal causa que permanece abierta contra él es la relacionada con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza perpetrado el 11 de diciembre de 1987. Aquel ataque constituye uno de los episodios más sangrientos de la historia de ETA. La explosión de un coche bomba provocó la muerte de once personas, entre ellas cinco niños, y causó decenas de heridos.
La Audiencia Nacional considera que existen indicios suficientes para atribuir a Ternera responsabilidades en la planificación o autorización del atentado en su condición de dirigente de la organización. Francia ya había autorizado anteriormente su entrega para ser juzgado específicamente por este caso, aunque la ejecución efectiva de esa decisión quedó condicionada a la resolución de otros procedimientos judiciales.
La relevancia jurídica y simbólica del caso Zaragoza es enorme. No se trata únicamente de esclarecer la participación de quienes ejecutaron materialmente el atentado, sino de determinar las responsabilidades de quienes ocupaban posiciones de dirección dentro de la estructura de ETA.
Las acusaciones sostienen que los máximos dirigentes de la organización participaban en la toma de decisiones estratégicas sobre los atentados más importantes y que, por tanto, pueden ser considerados responsables penales de los mismos. La defensa de Ternera ha negado reiteradamente esas acusaciones y ha cuestionado la solidez de los indicios reunidos durante la instrucción.
Una segunda causa de gran relevancia es la relacionada con el llamado caso de las herriko tabernas. Se trata de una de las investigaciones más extensas desarrolladas por la Audiencia Nacional sobre los mecanismos de financiación de ETA. Durante años, los investigadores sostuvieron que una parte de la red de establecimientos vinculados al entorno de la izquierda abertzale servía para recaudar fondos destinados a sostener la actividad de la organización terrorista.
Dentro de esta macrocausa, el juez Santiago Pedraz procesó a Josu Ternera por un presunto delito de dirección de organización terrorista, al considerar que, durante los años que permaneció huido entre 2002 y 2019, siguió ejerciendo funciones de máxima responsabilidad dentro de ETA.
La importancia de este procedimiento radica en que la Audiencia Nacional no se limita a investigar una participación puntual en hechos concretos, sino que examina el papel desempeñado por Ternera en la cúspide de la organización durante prácticamente las dos últimas décadas de actividad de ETA.
Según los autos judiciales, el exdirigente habría continuado formando parte de los órganos de dirección de la banda incluso durante los años en que se desarrollaron los intentos de negociación y posteriormente durante el proceso que culminó con el cese definitivo de la violencia. Las acusaciones sostienen que su influencia fue determinante en las decisiones estratégicas adoptadas por la organización en ese período.
Precisamente para posibilitar ese enjuiciamiento, la Audiencia Nacional emitió una nueva euroorden que amplió el alcance de las reclamaciones anteriores. Mientras que procedimientos previos se centraban en la pertenencia a ETA, la nueva orden europea busca que pueda ser juzgado específicamente por haber ejercido funciones de dirección de la organización terrorista, un delito que conlleva penas más elevadas. La justicia francesa ha dado ahora luz verde a esa entrega, aunque condicionada a la finalización de los procedimientos aún abiertos en territorio francés.
Otra de las investigaciones que ha aparecido vinculada al nombre de Ternera es la relativa al atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, cometido en diciembre de 2006 durante el alto el fuego declarado por ETA. Diversas resoluciones judiciales y fuentes relacionadas con los procedimientos pendientes han mencionado que el histórico dirigente figura también entre las personas investigadas en actuaciones relacionadas con aquel atentado. Aunque la situación procesal concreta de esta causa ha atravesado distintas fases a lo largo de los años, continúa apareciendo entre los procedimientos abiertos que afectan al exdirigente etarra.
La estrategia judicial seguida por la Audiencia Nacional durante los últimos años ha consistido en tratar de superar los obstáculos que habían dificultado la entrega de Ternera desde Francia.
Las autoridades francesas habían mostrado tradicionalmente una mayor disposición a conceder entregas relacionadas con hechos concretos y perfectamente delimitados. Sin embargo, las nuevas euroórdenes españolas han tratado de incorporar una visión más amplia de la responsabilidad atribuida al antiguo dirigente de ETA, incluyendo su papel dentro de la estructura de mando de la organización.
Desde la perspectiva de la defensa, los abogados de Ternera han sostenido reiteradamente que muchas de estas actuaciones judiciales responden a una interpretación excesivamente amplia de su responsabilidad. Durante los procedimientos desarrollados en Francia, el exdirigente ha reconocido su pertenencia a ETA, pero ha negado haber desempeñado las funciones de dirección que le atribuyen las acusaciones. Asimismo, ha insistido en que su actividad estuvo orientada principalmente a los contactos internacionales y a los procesos de diálogo que se desarrollaron durante distintos periodos del conflicto vasco.
La evolución de estas causas posee además una importante dimensión histórica. ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011 y posteriormente procedió a su desarme y disolución. Sin embargo, la desaparición de la organización no supuso el cierre automático de los procedimientos judiciales relacionados con su actividad.
La Audiencia Nacional continúa investigando y juzgando numerosos atentados y actuaciones de la banda, especialmente aquellos en los que todavía existen responsabilidades penales pendientes o personas procesadas que no habían comparecido ante los tribunales.
La posible llegada de Josu Ternera a España supondría, por tanto, uno de los últimos grandes capítulos judiciales relacionados con la antigua dirección de ETA. Para las asociaciones de víctimas, estos procedimientos representan una oportunidad para esclarecer responsabilidades que consideran aún pendientes. Para la defensa, en cambio, constituyen procesos basados en interpretaciones discutibles sobre la estructura de mando de la organización y sobre el alcance de la responsabilidad penal de quienes participaron en ella.
En cualquier caso, la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación de París marca un punto de inflexión. Si finalmente se materializa la entrega, la Audiencia Nacional podrá avanzar en el juicio por el atentado de Zaragoza, en el procedimiento derivado del caso de las herriko tabernas y en las restantes investigaciones abiertas.
Más de una década después del final de ETA y casi veinte años después de que Ternera desapareciera de la vida pública para pasar a la clandestinidad, la justicia española se acerca a la posibilidad de juzgar a una de las figuras más relevantes y controvertidas de la historia de la organización terrorista.
