El Boletín Oficial del Estado (BOE), del sábado 15 de marzo de 2025, publica la Orden PJC/248/2025 que recoge el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, de 28 de enero de 2025, por el que se aprueba el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
Se justifica la necesidad de esta nueva estrategia por la creciente complejidad geopolítica, el aumento de estrategias híbridas por parte de actores hostiles, los riesgos de las nuevas tecnologías (como la IA generativa) y las campañas de desinformación identificadas como amenaza en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (ESN21).
El procedimiento se alinea con directrices de la Unión Europea, la OCDE y la ONU, buscando la colaboración público-privada y resiliencia social mediante la alfabetización mediática.
La Comisión Permanente contra la Desinformación, creada por Orden PCM/1030/2020, será la responsable de su elaboración, se creará un grupo de trabajo técnico con participación de expertos de diferentes sectores, se consultará a las Comunidades Autónomas y se tendrán en cuenta los trabajos de la sociedad civil y las investigaciones académicas. Una vez terminados los trabajos la estrategia se presentará al Consejo de Seguridad Nacional para su aprobación.
Las directrices de elaboración incluyen un análisis del contexto, un enfoque amplio alineado con los intereses nacionales, coherencia con planes de la UE, la Recomendación del Consejo de la OCDE y los Principios Globales de la ONU, consideración de los trabajos previos y la búsqueda del consenso. Se deberá divulgar adecuadamente a la sociedad. El Departamento de Seguridad Nacional gestionará la tramitación.
El documento no se detallan riesgos específicos de la estrategia en sí, sino los que busca mitigar, como la desinformación y la manipulación. Sin embargo, se puede inferir que el desarrollo e implementación de cualquier estrategia nacional, especialmente en un ámbito tan complejo como la desinformación, conlleva retos y posibles riesgos, que no se pueden dejar de tener en cuenta, estos pudieran ser:
- Las limitaciones a la libertad de expresión, puesto que proporcionar un enfoque excesivamente restrictivo para combatir la desinformación podría afectar a la libertad de expresión y al debate público; de esta manera es trascendental encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales.
- Los sesgos y la falta de neutralidad, la identificación de la desinformación puede ser subjetiva, existiendo el riesgo de que la estrategia se utilice para silenciar voces críticas o perspectivas que difieran de la narrativa oficial.
- Puede tener eficacia limitada, puesto que la desinformación es un fenómeno altamente complejo y dinámico, la estrategia podría no ser lo suficientemente eficaz para contrarrestar las sofisticadas tácticas de actores maliciosos.
- Implementación deficiente, ya que la falta de recursos, coordinación o capacitación podría dificultar la correcta implementación de la estrategia.
- Por último, el uso indebido de la tecnología y las herramientas tecnológicas utilizadas para detectar y combatir la desinformación podrían ser vulnerables a la manipulación o utilizarse para fines no deseados.
Es importante que el desarrollo e implementación de la estrategia se realice con verdadera transparencia y la participación de la sociedad civil, para minimizar estos riesgos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
