Durante las últimas décadas, Europa se ha consolidado como uno de los principales destinos de los flujos migratorios internacionales, tanto por razones económicas como por conflictos, persecuciones y crisis humanitarias en distintas regiones del mundo. Sin embargo, la forma en que los países europeos han respondido a estos flujos ha variado de manera considerable, tanto en el tiempo como entre Estados miembros. Las tensiones internas, los cambios de gobierno, el auge de partidos populistas y la presión ciudadana han influido en la evolución de las políticas migratorias, dando lugar a un continente dividido entre la acogida y el rechazo.
En los últimos años, numerosos países europeos han endurecido significativamente sus políticas migratorias. Suecia, que durante mucho tiempo fue considerada uno de los países más generosos con los refugiados, redujo considerablemente su cupo de acogida a partir de 2015, cuando el país recibió más de 160.000 solicitantes de asilo.
Las autoridades suecas introdujeron medidas como la limitación de permisos de residencia permanentes y un mayor control de fronteras. En 2023, el nuevo gobierno de derecha endureció aún más la normativa, promoviendo políticas de integración más exigentes y la posibilidad de retirar el permiso de residencia a quienes cometan delitos graves.
Dinamarca es otro ejemplo de este viraje restrictivo. Aunque su sistema de bienestar ha sido tradicionalmente inclusivo, en la última década ha implementado una de las políticas migratorias más duras del continente. Entre sus medidas se incluyen la externalización del asilo, con propuestas para enviar a solicitantes a países terceros como Ruanda, y la confiscación de bienes a los migrantes para cubrir su estancia. El gobierno danés ha justificado estas políticas como una forma de preservar el modelo de Estado de bienestar y la cohesión social.
En Alemania, país que lideró la acogida durante la crisis migratoria de 2015 bajo el liderazgo de Angela Merkel y su lema “Wir schaffen das” (“lo lograremos”), también se ha producido un giro. Aunque Alemania sigue recibiendo un número considerable de migrantes, en los últimos años ha endurecido los controles fronterizos y ha aprobado reformas para facilitar la deportación de personas sin derecho a asilo. El cambio refleja la presión política interna, especialmente por el ascenso del partido de extrema derecha AfD, que ha capitalizado el miedo al “colapso” del sistema migratorio.
Otros países, como Italia y Grecia, que han sido puntos de entrada clave por el Mediterráneo, han experimentado fluctuaciones marcadas según los gobiernos en el poder. Italia, por ejemplo, pasó de una política relativamente aperturista con Matteo Renzi (2014-2016) a una política de puertos cerrados y criminalización de ONG con Matteo Salvini como ministro del Interior (2018-2019). El gobierno de Giorgia Meloni, en funciones desde 2022, ha mantenido una retórica dura, aunque también ha firmado acuerdos con países como Túnez para frenar la salida de embarcaciones.
Tradición de acogida frente a políticas restrictivas
Históricamente, países como Alemania, Suecia, Países Bajos y Francia han estado entre los más receptivos a los migrantes y refugiados. Estos Estados cuentan con sistemas de integración relativamente desarrollados, apoyados por estructuras de bienestar sólidas y una cultura institucional de protección de derechos humanos. Sin embargo, la presión migratoria, unida al aumento de sentimientos xenófobos y al desgaste del modelo multicultural, ha generado tensiones políticas y sociales que han llevado a reevaluar los límites de esa receptividad.
En el otro extremo, países del llamado Grupo de Visegrado —Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia— han mantenido políticas marcadamente restrictivas. Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, construyó vallas en sus fronteras en 2015 y ha sido uno de los más férreos opositores a los sistemas de cuotas de reparto de refugiados impulsados por la Comisión Europea. Polonia, a pesar de haber mostrado solidaridad con los refugiados ucranianos, ha sido reticente a acoger a migrantes provenientes de África o Asia, alegando riesgos para la seguridad y la cohesión nacional.
Austria, otro país con una política inicialmente más abierta, ha endurecido su postura en los últimos años, adoptando controles fronterizos reforzados y políticas que exigen integración activa a los migrantes. En muchos de estos casos, los cambios han estado motivados tanto por razones económicas como por el auge de partidos políticos contrarios a la inmigración.
España: entre la acogida y la gestión fronteriza
La política migratoria de España ha oscilado entre la solidaridad y el control. Desde su entrada en la Unión Europea, el país ha experimentado un aumento progresivo en la llegada de migrantes, especialmente a través de las rutas marítimas desde el norte de África. Aunque no ha alcanzado las cifras de Alemania o Francia, España ha sido un destino importante tanto por razones geográficas como históricas y lingüísticas.
Durante la crisis del Aquarius en 2018, el gobierno de Pedro Sánchez se presentó como un ejemplo de solidaridad europea, aceptando el desembarco del barco con más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo tras el rechazo de Italia y Malta. Este gesto fue bien recibido internacionalmente, aunque también generó críticas internas por parte de la oposición.
España mantiene una política dual: por un lado, ha defendido la necesidad de una acogida humanitaria y una distribución equitativa de responsabilidades en Europa; por otro, ha reforzado el control de fronteras mediante acuerdos con Marruecos y Senegal para evitar la salida de pateras, y ha incrementado las expulsiones exprés y los rechazos en frontera, especialmente en Ceuta y Melilla. Estas prácticas han sido denunciadas por organismos de derechos humanos por considerar que vulneran el derecho al asilo.
Además, el sistema de acogida español, aunque más desarrollado que en décadas pasadas, sigue enfrentando desafíos estructurales: falta de plazas estables, recursos limitados para la integración, y una dependencia de entidades privadas y ONG. En 2023, España recibió más de 150.000 migrantes irregulares, lo que supuso una presión adicional sobre el sistema.
A nivel político, el debate migratorio se ha polarizado. Mientras que el actual gobierno de coalición progresista ha intentado mantener un enfoque equilibrado entre humanidad y control, partidos como VOX han capitalizado los temores sociales y han propuesto políticas de cierre total de fronteras, repatriación masiva y criminalización de los migrantes. Esta polarización se ha reflejado también en la cobertura mediática y en la percepción pública del fenómeno migratorio.
Una Europa dividida ante un desafío global
El debate migratorio ha demostrado ser una de las grandes fisuras del proyecto europeo. A pesar de los intentos de Bruselas por establecer un Pacto sobre Migración y Asilo que reparta de forma equitativa las responsabilidades entre los Estados miembros, las diferencias entre países del norte, sur, este y oeste han impedido avances significativos. El nuevo pacto aprobado en 2024 establece un sistema de “solidaridad obligatoria” que permite a los Estados elegir entre acoger solicitantes o contribuir económicamente a la gestión en otros países, pero su eficacia está aún por verse.
Mientras tanto, miles de personas continúan llegando a las costas europeas cada año, huyendo de guerras, pobreza, violencia o el cambio climático. La respuesta de Europa —entre la acogida y el rechazo, la cooperación y la externalización— revela no solo un desafío humanitario, sino una profunda encrucijada política y ética. ¿Seguirá Europa construyendo muros, o encontrará una fórmula común que equilibre seguridad y derechos humanos?
