Israel ha aceptado un intercambio de rehenes con Hamás que, en términos numéricos, y, aunque puede parecer desproporcionado, 90 palestinos frente a 3 israelíes, todo tiene una explicación, sobre todo, sobre la base de razones estratégicas y humanitarias.
La primera de ellas es la prioridad humanitaria y la presión pública en Israel, lo que no ocurre en el mismo sentido entre la población que apoya sin fisuras a Hamás. La sociedad israelí valora profundamente la vida de cada ciudadano. En este marco, la presión de las familias y de la opinión pública para asegurar el regreso de los rehenes es significativa. Esta sensibilidad social influye en las decisiones gubernamentales, incluso si implica liberar a un número mayor de prisioneros palestinos.
Además, esto no es nuevo, pues ya existen precedentes históricos de intercambios desiguales. Así, en anteriores ocasiones, Hamás ha exigido intercambios de prisioneros en proporciones elevadas. Por ejemplo, en 2011, el soldado israelí Gilad Shalit fue liberado tras cinco años de cautiverio a cambio de más de mil prisioneros palestinos.
Luego están los objetivos estratégicos y de seguridad, propiamente dichos. Aunque la liberación de un gran número de prisioneros palestinos puede parecer una concesión, Israel puede considerar que garantizar la seguridad y el retorno de sus ciudadanos capturados es una prioridad que justifica el intercambio. Además, estos acuerdos pueden servir para reducir tensiones y abrir canales diplomáticos en momentos críticos.
En definitiva, la decisión de Israel de aceptar intercambios que parecen desproporcionados está influenciada por consideraciones humanitarias, precedentes históricos y cálculos estratégicos destinados a proteger a sus ciudadanos y mantener la estabilidad en la región.
En su papel de intermediario neutral, el CICR, la Cruz Roja Internacional, que se está encargando de esta operación, ya ayudó a facilitar la liberación de 109 rehenes y 154 detenidos. Se trata de operaciones extremadamente complejas que requieren una meticulosa planificación logística y de seguridad a fin de minimizar el riesgo de vida.
El CICR ha mantenido una presencia constante en Gaza e insta a todas las partes a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, entre ellas, la de preservar a la población civil de las hostilidades, así como proteger las instalaciones de salud. La organización reafirma también la necesidad de que el CICR acceda a los lugares de detención y que mantenga un diálogo confidencial constante con las partes.
Y ello a pesar de que el CICR no es necesariamente un agente implicado que guarde una absoluta y rigurosa imparcialidad en este conflicto. No en vano, considera que la “ocupación” de Gaza por Israel “es una cuestión de hecho: se considera que un territorio está ocupado cuando se halla bajo la autoridad de un ejército enemigo”, explica en su web. Añade que “el hecho de que el territorio esté bajo el control de un soberano apenas comienza una ocupación es irrelevante, y la controversia respecto de la condición de Estado de Palestina no tiene incidencia en esta determinación jurídica”.
Desde el conflicto armado internacional de 1967 entre Israel y los Estados vecinos que dio lugar a la aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el territorio palestino ha estado bajo la autoridad del ejército israelí. Por lo tanto, el CICR considera que los territorios controlados por Israel “están bajo la ocupación beligerante israelí, lo que afirma la aplicabilidad de iure del derecho de la ocupación (Reglamento de La Haya de 1907 y cuatro Convenios de Ginebra de 1949)”, si bien matiza que “la aplicación del derecho de la ocupación no incide en ninguna disputa relativa a la soberanía del territorio”.
Con todo, la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, en su última visita a la zona, hace unos días, afirmaba que “no hay palabras que describan el nivel de sufrimiento que palestinos e israelíes soportan a diario. Esta pesadilla se ha prolongado demasiado. Hay que poner fin al sufrimiento. La población civil en Gaza necesita protección y asistencia humanitaria. Los rehenes necesitan regresar a su hogar. Solo es posible mediante un compromiso político de todas las partes de poner la humanidad en primer lugar y respetar las leyes de la guerra”.
“Espero que este acuerdo marque un nuevo comienzo. Hay que proteger la vida de las personas civiles y priorizar sus necesidades. Los próximos días serán cruciales y contamos con que las partes respetarán sus compromisos. Si bien el acuerdo es positivo, no es el final. Hay enormes necesidades humanitarias que atender, y llevará meses, tal vez años”, indicó.
