La Audiencia Nacional ha requerido a la Guardia Civil que informe de si alguna de sus unidades recibió, en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, algún aviso, indicio o información que pudiera haber alertado de la magnitud del episodio migratorio registrado entre el 30 y el 31 de julio. La diligencia ha sido acordada por la magistrada María Tardón en el marco de las actuaciones abiertas para determinar si los hechos pudieran revestir carácter delictivo y si el tribunal es competente para asumir la investigación.
La petición judicial responde a una denuncia presentada por Iustitia Europa, que atribuye los hechos a posibles delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Antes de decidir sobre la admisión de la causa y su competencia, la magistrada ha ordenado recabar información tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.
En concreto, la jueza reclama a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que detalle si cualquiera de sus unidades desplegadas en Ceuta recibió comunicaciones o alertas que anticiparan lo sucedido. Asimismo, solicita un informe exhaustivo sobre el operativo desarrollado durante los días más críticos de la crisis, con especial atención a las labores de rescate realizadas en aguas territoriales españolas, la identificación de las personas supervivientes y las circunstancias de los fallecimientos registrados durante la emergencia.
La investigación también pretende determinar si la entrada masiva fue consecuencia de una actuación organizada o dirigida por grupos criminales, motivo por el que la Audiencia Nacional ha solicitado igualmente un informe a la Policía Nacional sobre la posible existencia de una acción concertada detrás de los acontecimientos. Esa cuestión resulta determinante para establecer si los hechos exceden el ámbito de una crisis migratoria ordinaria y pueden encuadrarse en delitos cuya investigación corresponde a la jurisdicción de la Audiencia Nacional.
La diligencia judicial coincide con la controversia política generada por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha sostenido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no trasladó ninguna alerta específica sobre una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El ministro sí reconoció que existían avisos sobre un posible incremento de las llegadas irregulares por vía marítima durante el verano, aunque insistió en que ninguna información permitía anticipar un episodio de las dimensiones finalmente registradas.
Además de esclarecer si existieron advertencias previas, la magistrada pretende reconstruir con precisión la respuesta operativa desplegada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y conocer las circunstancias en las que se produjeron los rescates y fallecimientos durante la crisis migratoria. Los informes solicitados constituirán la base sobre la que la Audiencia Nacional decidirá si abre formalmente una investigación penal y delimita las posibles responsabilidades derivadas de uno de los episodios migratorios más graves registrados en la frontera sur española en los últimos años.
