La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), organización empresarial más representativa de las pymes del sector de la Seguridad Privada, advirtió este jueves del riesgo de “pérdidas insostenibles” para las empresas de seguridad como resultado de la reducción de la jornada laboral que planea el Gobierno de Pedro Sánchez.
En los sectores de la vigilancia (seguridad) y servicios auxiliares, explica la FES en un comunicado, la mano de obra representa más de un 80% del importe del coste necesario para generar la facturación, por lo que cualquier variación en la misma repercute directamente en dicho coste y, por tanto, en sus resultados.
De este modo, la reducción planteada hasta 37,5 horas semanales supone una reducción del 6,25% de la jornada, lo que conllevaría un aumento en los costes laborales de aproximadamente el mismo importe, lo que reduciría sus resultados en al menos un 5%.
En estos dos sectores los resultados no superan el 2%. Si la subida no puede ser repercutida en un corto plazo, “las empresas se verán rápidamente sumidas en pérdidas insostenibles, lo que provocará que muchas no puedan sobrevivir y se vean forzadas a cerrar sus puertas definitivamente”.
Por todo ello, señala la FES, se hace “imprescindible” que la nueva regulación contemple la actualización de los precios de los contratos del sector público en la misma medida que afecte el coste de la reducción de jornada planteada.
“Reducir el tiempo del trabajo sin reducir la remuneración no solo es una evidente alza de salarios, desligada de la evolución de la productividad empresarial, también es una injerencia en la estructura organizativa de las compañías, que ha sido negociada en los Convenios Colectivos y pactadas con los representantes de los trabajadores sobre la base de sus exigencias y de la capacidad de las empresas para asumirlas”, denuncia la FES.
Por ello, esta Federación entiende que cualquier modificación en la regulación de la jornada “ha de ser respetuosa con dicha negociación de tal manera que no afecte a lo pactado en la misma, al menos, hasta que los Convenios dejen de estar en vigor y se vuelvan a negociar entre la representación de los trabajadores y las patronales”.
Al reducir la jornada laboral, insiste la FES, los costes laborales de las empresas aumentan en la misma proporción en la que esta se reduzca, por lo que, para mantener su situación, “tendrán inevitablemente que repercutir este incremento en sus precios de venta”.
Además, precisa, las empresas con un elevado porcentaje de mano de obra, en general todos los servicios, suelen salvaguardar esta eventualidad en sus contratos con los clientes privados cuando estos se lo permiten, no pudiendo hacerlo en los contratos con el sector Publico, ya que la Legislación no lo autoriza (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
