El informe sobre inversión en defensa elaborado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte con motivo de la reciente Cumbre celebrada en Ankara (Turquía), que hemos desgranado durante esta semana en Delta13News, trasciende con mucho el carácter de una simple estadística presupuestaria. Bajo sus tablas, gráficos y proyecciones se esconde una transformación histórica que afectará durante las próximas décadas no solo a los ejércitos aliados, sino también a la economía, la industria, la innovación tecnológica, las finanzas públicas y la propia configuración política de las democracias occidentales. Si la primera década del siglo XXI estuvo marcada por la globalización económica y la digitalización, la segunda mitad de esta década parece encaminada a convertirse en el periodo del gran rearme occidental.
El documento parte de una premisa que hace apenas cinco años habría parecido difícil de imaginar: el escenario de seguridad internacional ha cambiado de manera estructural y, con él, también lo han hecho las prioridades presupuestarias de los Estados. La guerra convencional de alta intensidad ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse nuevamente en un factor de planificación permanente.
La invasión rusa de Ucrania, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la militarización del Ártico, las tensiones en el Indo-Pacífico, los ataques híbridos, las campañas de desinformación, las amenazas sobre infraestructuras críticas y el desarrollo de nuevas tecnologías militares han llevado a la OTAN a concluir que el modelo de defensa construido tras el final de la Guerra Fría ya no resulta suficiente.
La consecuencia más visible de ese diagnóstico es el compromiso adoptado en la anterior cumbre de La Haya para elevar el esfuerzo colectivo hasta el equivalente al 5 % del Producto Interior Bruto antes de 2035. Sin embargo, la auténtica novedad del informe reside en la definición de ese nuevo esfuerzo. La OTAN ya no limita el concepto de defensa a los presupuestos militares tradicionales. El nuevo modelo incorpora un amplio conjunto de inversiones destinadas a reforzar la resiliencia nacional, proteger infraestructuras estratégicas, desarrollar la industria de defensa, garantizar la seguridad de las redes digitales, mejorar la preparación civil ante emergencias y acelerar la innovación tecnológica. Se trata de una concepción mucho más amplia de la seguridad, en la que las fronteras entre defensa militar, protección civil, ciberseguridad e industria resultan cada vez más difusas.
En términos económicos, la decisión supone una de las mayores reorientaciones del gasto público registradas en Europa desde la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, muchos países europeos aprovecharon el denominado «dividendo de la paz» para reducir progresivamente sus presupuestos militares y destinar una parte creciente de los recursos públicos al Estado del bienestar, las políticas sociales, la educación o la sanidad. El informe certifica que esa etapa ha terminado. La seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la planificación económica de los gobiernos.
España constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de ese proceso. Alcanzar aproximadamente el 2 % del PIB en gasto básico de defensa durante 2026 representa un cambio significativo respecto a la situación existente hace apenas unos años. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. El objetivo del 5 % exigirá mantener incrementos presupuestarios sostenidos durante casi una década, movilizando recursos de una magnitud desconocida hasta ahora para las administraciones públicas españolas. Ello obligará inevitablemente a revisar prioridades fiscales, acelerar la ejecución de programas de armamento y buscar fórmulas de financiación que permitan compatibilizar el esfuerzo militar con el mantenimiento del Estado del bienestar.
La repercusión de ese proceso sobre la industria nacional puede ser extraordinaria. El informe pone de manifiesto que una parte creciente del gasto de defensa ya no se destina exclusivamente al mantenimiento de las Fuerzas Armadas, sino a la adquisición de grandes sistemas tecnológicos, investigación y desarrollo, modernización industrial y producción de nuevos equipos militares. Ese cambio convierte a la industria de defensa en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento durante la próxima década.
En el caso español, empresas dedicadas a la construcción naval, la aeronáutica, la electrónica, el espacio, la inteligencia artificial, la fabricación de vehículos militares, la ciberseguridad o los sistemas de comunicaciones podrían beneficiarse de un ciclo inversor sostenido durante muchos años. La necesidad de producir fragatas, submarinos, vehículos blindados, sistemas antiaéreos, drones, satélites, sensores, radares o plataformas de guerra electrónica abre un horizonte industrial que trasciende el ámbito estrictamente militar y alcanza también a numerosos sectores civiles de alta tecnología.
No es casual que la propia OTAN insista en que el nuevo esfuerzo financiero debe servir para fortalecer la base industrial de defensa de los países aliados. La experiencia de la guerra de Ucrania ha demostrado que disponer de recursos económicos resulta insuficiente si las capacidades industriales no permiten fabricar con rapidez municiones, misiles, vehículos o sistemas complejos. Uno de los grandes déficits detectados durante el conflicto ha sido precisamente la limitada capacidad productiva de muchas industrias occidentales para sostener un enfrentamiento prolongado de alta intensidad.
Ese aspecto adquiere especial relevancia para Europa. Durante años, numerosos gobiernos externalizaron parte de sus capacidades industriales, redujeron sus cadenas de producción militar o limitaron las inversiones en investigación aplicada a la defensa. El nuevo escenario obliga a reconstruir muchas de esas capacidades, reduciendo además la dependencia de suministros procedentes de terceros países en materias estratégicas como microelectrónica, componentes espaciales, semiconductores, explosivos, propulsión o materiales críticos.
Nuevo concepto de la seguridad
Otro de los grandes cambios que refleja el informe afecta a la naturaleza misma de los conflictos futuros. El documento incorpora expresamente dentro del nuevo concepto de inversión en seguridad ámbitos que hace apenas unos años apenas aparecían en las estadísticas militares: la protección de infraestructuras críticas, la resiliencia frente a ataques híbridos, la ciberdefensa, la innovación tecnológica o la preparación de la sociedad civil.
Ello supone reconocer que las guerras del siglo XXI difícilmente comenzarán únicamente con el empleo de carros de combate o misiles. Los ataques contra redes eléctricas, sistemas financieros, satélites, cables submarinos, centros de datos, hospitales o redes de comunicaciones pasan a considerarse parte integrante del espacio estratégico de la defensa colectiva.
Desde ese punto de vista, el compromiso del 5 % representa también una apuesta por integrar plenamente la revolución tecnológica dentro de la planificación militar. Inteligencia artificial, computación cuántica, sistemas autónomos, enjambres de drones, capacidades espaciales, sensores avanzados, guerra electrónica, armas hipersónicas y nuevas generaciones de sistemas de mando y control ocuparán una parte creciente de los presupuestos nacionales durante los próximos años.
El informe deja igualmente entrever un cambio político profundo dentro de la propia OTAN. Durante décadas, Estados Unidos asumió una parte muy superior del esfuerzo financiero de la organización, situación que generó frecuentes críticas desde Washington hacia sus socios europeos. El espectacular incremento experimentado por los presupuestos europeos desde 2014 —y especialmente tras 2022— modifica parcialmente ese equilibrio. Los aliados europeos y Canadá han aumentado de manera acumulada su inversión en más de 1,36 billones de dólares constantes desde el inicio del periodo analizado, reflejando un compromiso creciente con su propia seguridad.
No obstante, el liderazgo estadounidense continúa siendo determinante. El presupuesto militar de Estados Unidos sigue representando el núcleo de las capacidades estratégicas de la Alianza, especialmente en materia de disuasión nuclear, transporte estratégico, inteligencia, vigilancia espacial, defensa antimisiles y proyección global. El desafío para Europa consiste, por tanto, no en sustituir ese liderazgo, sino en complementarlo mediante un aumento sostenido de sus propias capacidades.
En ese contexto, España afronta una oportunidad y un desafío simultáneamente. Por un lado, la ampliación del esfuerzo inversor puede convertirse en un potente motor de innovación industrial, empleo cualificado y desarrollo tecnológico. Por otro, exigirá un complejo ejercicio de equilibrio presupuestario para compatibilizar el incremento del gasto en defensa con las restantes prioridades económicas y sociales.
Más allá de las cifras concretas que recoge el informe, la principal conclusión estratégica resulta inequívoca: Occidente ha iniciado un ciclo de rearme que previsiblemente se prolongará durante toda la próxima década. No se trata de una respuesta coyuntural a la guerra de Ucrania, sino de una transformación estructural de la política de seguridad internacional. La OTAN considera que el entorno estratégico ha cambiado de forma permanente y, en consecuencia, adapta tanto sus objetivos militares como sus criterios de inversión.
Las tablas y gráficos del documento constituyen, en realidad, la expresión cuantitativa de un fenómeno mucho más profundo: el final de la etapa iniciada tras la caída del Muro de Berlín y el comienzo de una nueva era caracterizada por la competición entre grandes potencias, la aceleración tecnológica, la reindustrialización de la defensa y la recuperación del poder militar como uno de los principales instrumentos de influencia internacional.
En ese nuevo escenario, el gasto en defensa deja de entenderse únicamente como una obligación derivada de la pertenencia a la OTAN para convertirse en un elemento central de la política económica, industrial y tecnológica de los Estados. La magnitud de las cifras recogidas en este informe anticipa que el rearme occidental no será un episodio pasajero, sino uno de los grandes vectores que definirán la evolución de Europa y de la Alianza Atlántica durante las próximas décadas.
