La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en Madrid, dentro de las diligencias relacionadas con el denominado “caso SEPI”, una investigación que ha derivado también en actuaciones en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz y en varios domicilios de personas vinculadas al entorno socialista.
Los agentes acudieron a las dependencias de la Dirección General para recabar documentación y testimonios relacionados con la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional, dirigida por el magistrado Santiago Pedraz. La operación se enmarca en una causa que analiza presuntas irregularidades vinculadas a contratos públicos y posibles maniobras de financiación irregular.
La presencia de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil ha coincidido con un amplio despliegue policial y judicial que ha tenido como principal foco la sede nacional socialista en Ferraz. Allí, los investigadores habrían solicitado información y documentación vinculada a la denominada trama de Leire Díez, exmilitante socialista señalada en la investigación. La operación incluiría registros y requerimientos documentales relacionados con presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y revelación de secretos.
La investigación ha provocado una fuerte sacudida política en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación de “extrema gravedad” y reclamó un adelanto electoral inmediato. Desde el PSOE, sin embargo, se insistió en trasladar un mensaje de “tranquilidad” y colaboración con la justicia, denunciando al mismo tiempo una campaña de desgaste político contra el Ejecutivo.
La UCO estaría tratando de reconstruir posibles conexiones entre responsables políticos, empresarios y antiguos cargos públicos en torno a contratos supuestamente amañados y pagos presuntamente encubiertos mediante facturas simuladas. Entre los nombres que aparecen en la causa figuran el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset.
La sede de la Dirección General de la Guardia Civil, ubicada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, es el principal centro de mando operativo del instituto armado y coordina la estructura nacional del cuerpo. La presencia de agentes de la propia UCO en estas instalaciones ha generado una enorme expectación mediática y política, dado el alcance institucional de una investigación que afecta tanto a órganos policiales como a estructuras políticas de primer nivel.
Mientras continúan las diligencias, la investigación permanece bajo secreto parcial y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas. La entrada de la UCO en distintas sedes oficiales y políticas marca uno de los episodios de mayor impacto político y judicial de los últimos meses en España.
Génesis de la actuación
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenaba este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudiera a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno.
El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
El titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia considera asimismo que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos e información que se detalla en los tres autos que han sido notificados a los representantes legales de los requeridos.
