La Cámara europea acaba de aprobar una resolución sobre la situación de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado enero en relación con un proyecto fallido de televisión digital terrestre, que en abril fueron trasladados a la prisión de Playa Negra, conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Los eurodiputados se muestran preocupados por las «graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión». Advierten, asimismo, de la «subordinación del poder judicial al régimen de Obiang«.
El Parlamento comunitario denuncia la «detención arbitraria» de los dos ciudadanos españoles y las «condiciones inaceptables» en que permanecen desde entonces. Pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. «Marañón Montero, que está en huelga de hambre, debe recibir tratamiento urgente», subraya el texto aprobado.
El Parlamento Europeo pide a la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior que redoblen los esfuerzos diplomáticos, en estrecha coordinación con las autoridades españolas, en relación con estos casos. También señala que las detenciones y reclusiones arbitrarias pueden tener efectos negativos en las relaciones de Guinea Ecuatorial con la UE, además de dañar su reputación y disuadir la inversión y la cooperación internacionales.
La resolución fue aprobada a mano alzada. Se puede consultar aquí el texto aprobado
Supuesta trama de corrupción internacional
Por su parte, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha emitido un comunicado en contestación a la iniciativa del Parlamento Europeo, en el que asegura que «toma nota del debate anunciado en el Parlamento Europeo sobre las detenciones de dos ciudadanos españoles en territorio nacional», si bien «desea precisar, con el debido respeto institucional, los hechos esenciales que motivan dicho procedimiento judicial».
De acuerdo con la versión del Gobierno de Guinea, los mencionados ciudadanos «están implicados en una trama de corrupción internacional vinculada a la Operación TDT, un proyecto estatal para la implantación de la televisión digital terrestre».
La empresa española responsable, prosigue la nota oficial, «recibió más de 4.000 millones de francos CFA (aproximadamente 6.1 millones de euros) para su ejecución. Sin embargo, ni el dinero fue debidamente justificado ni el proyecto se realizó, configurando un presunto delito de malversación y fraude financiero de carácter internacional».
«La corrupción constituye un delito universalmente condenado, y Guinea Ecuatorial mantiene su firme compromiso con la transparencia, la buena gobenanza y la rendición de cuentas», subraya el comunicado oficial, que, agrega, «en este contexto, la acción de la justicia ecuatoguineana se desarrolla conforme a las leyes nacionales y a los principios internacionales del debido proceso, sin discriminación ni privilegios por razón de nacionalidad«.
Así mismo, el Gobierno ecuatoguineano desea subrayar que los ciudadanos españoles detenidos reciben un «trato digno y humanitario», conforme a las leyes de la República de Guinea Ecuatorial y a las obligaciones internacionales del país. Sus derechos consulares, afirma, «están plenamente garantizados, y reciben visitas periódicas del Consulado de España, en estricto cumplimiento del artículo 36 (1) b, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963)».
«Cabe aclarar a la opinión nacional e internacional que, en el estado actual del procedimiento, los encausados permanecen en prisión preventiva por decisión judicial debidamente motivada, orientada a garantizar el normal desarrollo del proceso y evitar la fuga de los investigados», explica la nota gubernamental.
El Gobierno recuerda que esta medida «no constituye una sanción», y que los acusados se presumen inocentes hasta que recaiga sentencia firme, de conformidad con el artículo 13 inciso o) de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Gobierno de Obiang «lamenta que, en lugar de apoyar los esfuerzos legítimos de un Estado soberano para combatir la corrupción, algunas instituciones y personalidades europeos opten por cuestionar la independencia del poder judicial ecuatoguineano».
A su juicio, este tipo de pronunciamientos, en alusión al del Parlamento europeo, «transmite un mensaje de doble rasero: cuando la justicia africana actúa, se invocan los derechos humanos; pero cuando los mismos hechos ocurren en Europa, se habla de respeto institucional y separación de poderes. En este sentido, Guinea Ecuatorial reafirma el principio de igualdad soberana de los Estados y la independencia de los poderes judiciales, conforme a la Carta de las Naciones Unidas».
La República de Guinea Ecuatorial reafirma su «plena disposición al diálogo y a la cooperación constructiva con todos los socios internacionales, con el fin de fortalecer la comprensión mutua y promover el respeto al Estado de Derecho y la soberanía de las naciones. Y, desea reiterar que, los interesados disponen de todos los medios de recursos previstos por la legislación ecuatoguineana, en garantía de un juicio justo«, finaliza la nota facilitada por el Gobierno africano.
