La economía de la violencia en el Sahel no se sostiene por una única “caja” ni por donantes invisibles, sino por un entramado de mercados informales y rentas criminales que se adaptan al territorio y al clima político.
Desde el centro y el norte de Malí hasta el este de Burkina Faso, el sur de Níger y los corredores que llevan a Mauritania y Chad, grupos vinculados a al-Qaeda (la coalición JNIM) y al Estado Islámico (hoy IS-Sahel) han aprendido a vivir de la tierra y del tránsito: gravan lo que pasa, lo que se extrae y lo que se mueve.
En los últimos años, además, el repliegue de la presencia internacional y la inestabilidad política tras los golpes de Estado han ensanchado los espacios sin Estado, justo donde mejor prosperan estas economías de guerra. Buena parte de las muertes por terrorismo a escala mundial ya se concentran aquí, un dato que expresa la magnitud del fenómeno y su sostenimiento material en el tiempo.
El oro es la columna vertebral de ese sistema. La fiebre del oro artesanal (ASGM, por sus siglas en inglés) multiplicó desde 2018 los yacimientos informales en Malí, Burkina Faso y Níger. Los grupos armados no suelen convertirse en mineros: imponen peajes, “impuestos” por saco extraído, cobran por seguridad o controlan las rutas que conectan los pozos con los compradores.
En algunas zonas, financian a intermediarios para que adquieran el metal, y en otras expulsan a cooperativas rivales o a la propia administración. La cadena continúa con compradores regionales que blanquean el oro mezclándolo con producción legal y enviándolo a refinerías fuera de la región, donde el metal pierde rastro. Esa trazabilidad borrosa convierte al oro en un “refugio” financiero: almacena valor, sirve de colateral y se transporta fácil. Organismos internacionales y analistas han documentado este aprovechamiento sistemático del oro por parte de los yihadistas y otras redes criminales del Sahel.
El ganado, el otro valor
El ganado cumple un papel similar allí donde la minería no alcanza. En las estepas y zonas de pasto —clave para comunidades fulani/peul y otras— los grupos han levantado sistemas fiscales paralelos: cobran zakat (el diezmo) sobre rebaños y cosechas, aplican multas por “protección” y organizan mercados bajo su tutela. La sustracción de reses (cattle rustling) y la imposición de tributos en ferias ganaderas generan caja rápida y, a la vez, mecanismos de control social.
Un trabajo reciente describe cómo estas redes conectan incluso con el norte de Ghana a través de ganado robado y deudas de “zakat” acumuladas a punta de fusil; en Malí, la propia sustracción de ganado se ha vuelto una palanca de gobernanza coercitiva.
A esa base “local” se superpone el gran tráfico transahaariano. El Sahel es corredor de paso de cocaína sudamericana hacia Europa, de cannabis resinado desde el Magreb y, cada vez más, de fármacos de abuso como el tramadol. La UNODC constató un salto inédito en incautaciones de cocaína en 2022 y advirtió que estos flujos proporcionan combustible financiero a actores armados, en un ecosistema donde funcionarios, líderes comunitarios y mandos de milicias participan o miran a otro lado.
Más recientemente, los informes subrayan el auge de mezclas y drogas sintéticas en África occidental y el papel dominante de la región en las incautaciones de tramadol, lo que refleja cadenas logísticas que los grupos armados pueden gravar a su paso.
La extorsión en carretera —el checkpoint convertido en caja registradora— es otra fuente constante. En zonas donde el Estado se retira, cada puente o desfiladero puede convertirse en barrera fiscal: camiones de alimentos, combustible, materiales de construcción o motocicletas pagan por “seguridad” o por simple amenaza.
En paralelo, persisten las economías del secuestro: aunque el secuestro internacional de occidentales decayó por la menor presencia de objetivos, el secuestro de élites locales, comerciantes y funcionarios sigue aportando ingresos y capacidad de negociación. Diversos estudios recuerdan que, en los años de auge (2005-2012), el secuestro llegó a dominar la financiación de algunas facciones; hoy, la práctica se ha internalizado hacia objetivos regionales.
Los grupos también exprimen la economía de la movilidad: el contrabando de combustible, cigarrillos, repuestos, fertilizantes o alimentos subsidiados, y el tránsito de personas migrantes hacia Libia y Argelia son gravados con tasas informales. Cuando los Estados imponen cierres fronterizos —como tras el golpe en Níger en julio de 2023— el comercio legal se estrangula y florecen los cruces en piroga, con nuevas “aduanas” clandestinas que cobran a quien cruza y a la mercancía que transporta. Es un ejemplo de cómo la coyuntura política reconfigura, pero no reduce, las cajas de la insurgencia.
El “cómo” del dinero importan tanto como el “de dónde”. En entornos con baja bancarización, el efectivo manda. Así, lo que se recauda en oro, ganado o peajes se convierte en cash o se guarda en metal. Para mover fondos y pagar sueldos o armas, los grupos combinan portadores, comerciantes aliados y sistemas informales de transferencia (hawala), además de explotar plataformas de dinero móvil y el comercio de cobertura (facturas falsas, sub- y sobrefacturación).
Los estándares del GAFI/FATF y el trabajo de su red regional (GIABA) llevan años alertando de estas tipologías y de la necesidad de cerrar brechas en supervisión de entidades no financieras, organizaciones sin fines de lucro y corredores de valor como el oro. Su última actualización global insiste en la diversificación de métodos y en la resiliencia de las finanzas terroristas frente a medidas represivas.
Nada de esto ocurre en el vacío. La retirada de la operación Barkhane, la ruptura de alianzas con Occidente y la llegada de nuevos socios de seguridad han cambiado el mapa del poder. A la vez, los gobiernos militares de Malí, Burkina Faso y Níger han endurecido su control sobre los minerales estratégicos, generando choques con grandes mineras y reconfigurando quién compra, a quién se vende y por qué rutas sale el oro. Esos giros, narrados por la prensa económica internacional, no eliminan las rentas yihadistas: muchas veces simplemente desplazan los puntos de cobro o empujan más oro a la informalidad, donde la insurgencia se mueve con ventaja.
En paralelo, los mercados ilícitos se retroalimentan con la violencia. La proliferación de armas ligeras y munición —alimentada por redes de desvío y por conflictos cercanos— reduce el coste de sostener checkpoints y escoltas armadas; y la economía de los “servicios de seguridad” privatizados por la insurgencia se vuelve más rentable. Informes sectoriales de la UNODC y centros especializados han documentado cómo estos flujos de armas, junto con los del oro y las drogas, se entretejen en un ecosistema criminal que ya no distingue nítidamente entre delincuencia organizada y terrorismo.
En este marco, también hay innovación. El uso de tecnologías baratas —motocicletas, radios, teléfonos con dinero móvil— baja la barrera de entrada para la extorsión y facilita la recaudación fragmentada. Sin embargo, pese a tanta adaptación, la foto macro se mantiene: son economías de cercanía, basadas en recursos locales, fiscalidad coercitiva y en rentas de comercio que pasa por territorios disputados. De ahí su resiliencia: no dependen de remesas masivas desde ultramar ni de sofisticadas redes financieras globales, sino de la capacidad de “gobernar” espacios periféricos a bajo coste.
¿Qué frena esto? La evidencia apunta a respuestas que combinen seguridad, economía política y regulación. Formalizar la minería artesanal —registrar pozos, ordenar compradores, exigir diligencia debida a refinerías— reduce las oportunidades de captura por actores armados, como han subrayado la UNODC y centros de investigación que trabajan específicamente sobre oro y conflicto en el Sahel.
Romper el negocio del secuestro exige política pública coherente y —sobre todo— coordinación internacional para evitar pagos que alimenten el ciclo. Y cortar las “aduanas” clandestinas pasa por ofrecer alternativas reales a transportistas, mineros y pastores: seguridad sin extorsión, justicia accesible, mercados que funcionen sin peajes armados.
Todo ello requiere reforzar las unidades financieras, aplicar estándares del GAFI y apoyar a las agencias locales que aún operan en regiones fronterizas. Sin esa pata institucional, los golpes militares o las campañas de contrainsurgencia apenas mueven el tablero sin cambiar las reglas del juego económico.
Mirando hacia delante, dos tendencias merecen vigilancia. La primera es la mutación de las rutas de drogas: si la cocaína consolida su paso por el Sahel central y el tramadol mantiene su escalada, la “fiscalidad” yihadista puede diversificarse todavía más.
La segunda es la política del oro: decisiones soberanas sobre licencias, impuestos y compradores de última instancia pueden drenar —o inflar— los márgenes de la economía clandestina, según cuánto se integre a los mineros artesanales en circuitos formales y cuánta trazabilidad se imponga aguas abajo. En ambos frentes, los datos recientes ya apuntan el riesgo de que el dinero ilícito siga corriendo por venas que los grupos armados han aprendido a sangrar con eficacia.
