Después de más de quince meses de intenso conflicto, devastación humanitaria en Gaza y presión internacional, el gobierno de Israel ha ratificado un acuerdo con Hamás que prevé un alto el fuego temporal y la liberación de rehenes israelíes. La decisión fue adoptada por el gabinete israelí tras extensas horas de deliberación, negociaciones diplomáticas complejas y una intensa polémica doméstica acerca de los términos, los riesgos de seguridad y el precio moral de liberar presos palestinos.
El acuerdo fue fruto de negociaciones mediadas por terceros internacionales, entre ellos Egipto, Qatar y Estados Unidos. Estas mediaciones incluyeron conversaciones indirectas con Hamás y discusiones intensas dentro del gabinete de seguridad de Israel.
Algunos ministros del gobierno israelí, especialmente del ala más conservadora o del extrema derecha, se opusieron radicalmente a los términos, denunciándolos como concesiones excesivas que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Aun así, la mayoría consideró que los beneficios (principalmente humanitarios y de liberación de rehenes) justificaban el acuerdo.
El Gabinete de Seguridad fue el primer órgano en aprobar el borrador del acuerdo, tras evaluación de sus implicaciones políticas, diplomáticas y militares. Posteriormente, se convocó al Gabinete completo del gobierno, que terminó ratificando el acuerdo en una sesión que se prolongó varias horas, entrando ya en las primeras horas del Shabat en la víspera.
Algunos ministros, especialmente del ala más dura, lo denunciaron como una traición a los principios de seguridad al liberar a presos que muchos consideran peligrosos y aceptar limitaciones militares a corto plazo. Familias de los rehenes han mostrado argumentos divididos. Algunos consideran este tipo de acuerdo como la única esperanza real de recuperación, mientras otros desconfían de promesas pasadas que no se cumplieron o temen que los rehenes liberados en fases posteriores no lleguen a salir si el acuerdo se rompe.
En la comunidad internacional, hubo elogios hacia el acuerdo como una oportunidad para aliviar sufrimiento civil, reducir muertes, y posibilitar ayuda humanitaria urgente. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias y de derechos humanos advierten que la tregua debe traducirse en vigilancia real, transparencia y responsabilidades para evitar violaciones de los compromisos.
